Noticias de Manizales y Caldas,
Abril 19 2024
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COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ
La controvertida reforma a la Justicia es ya una enmienda constitucional, en la que se incorporan normas para descongestionar a la justicia, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, mayor presupuesto para la rama y fortalecimiento a la figura y ejercicio de congresista de la República.
Este último aspecto fue el que más suscitó controversia durante las sesiones de ayer en las plenarias de Senado y Cámara, porque en concepto de congresistas del Partido Verde y el Polo Democrático se estaría viciando la reforma para cuando sea revisada por la Corte Constitucional, pues a último momento se quitó el régimen de inhabilidades que aplicaba para los congresistas.
La Cámara aprobó el informe de la conciliación por 117 votos contra 10, mientras que en el Senado fue acogida por 60 por 16 negativos.
En la enmienda constitucional se precisa que en adelante el juzgamiento de los congresistas tendrá la doble instancia en la pérdida de la investidura, y en tal sentido, la Constitución Política señalará de ahora en adelante que se elimina la violación al régimen de inhabilidades para ser electo congresista como causal de pérdida de investidura, porque son circunstancias anteriores a su condición de parlamentario y que para ello existe la acción de nulidad electoral.
Igualmente se dice que se "dará el principio de gradualidad en la sanción, la que puede ser suspensión o pérdida, atendiendo la entidad de la falta y el dolo o culpa en que actúo el investigado".
Señala la reforma constitucional, además, que los congresistas sólo podrán ser detenidos tan sólo hasta el momento en que se la haya expedido una resolución de acusación por la Corte Suprema, en donde se crea una sala especial de investigación.
Un aspecto más que se indica es que "quienes presenten demandas de suspensión o pérdida de investidura infundadas o temerarias serán condenados a pagar las costas del proceso".
Al respecto de estas reformas para el Congreso, el ministro de la Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró que no compartió que el texto final haya salido con ese cambio en cuanto a las inhabilidades.
"No nos gusta finalmente la fórmula que se acogió con relación a la pérdida de investidura, el Gobierno hubiera preferido lo que salió de la Cámara de Representantes, que conservaba lo esencial que es su condición de ser una sanción objetiva y que en términos futbolísticos podría denominarse una tarjeta roja directa, la fórmula que se aprobó en donde hay unas tarjetas amarillas y unas rojas, en donde se cambiaron algunas de las causales", sostuvo.
En similar sentido se pronunció el representante y ponente Alfonso Prada, quien considera que la figura de la pérdida de investidura será en adelante poco aplicable.
"Me parece que es un pésimo mensaje del Congreso de la República y no me gusta que prácticamente desarticularon todo lo que se había intentado armar en con el sistema de juzgamiento de aforados, garantista transparente, con doble instancia y me parece que esto queda muy desarticulado", sostuvo.
Explicó que finalmente se acogió un híbrido que mantiene unos criterios que no existían en la Constitución del 91, "la subjetividad, la proporcionalidad y la posibilidad de que no haya pérdida sino suspensión de investidura" y que en particular se eliminan las inhabilidades.
Para la descongestión judicial se otorgan facultades jurisdiccionales a empleados judiciales (servidores distintos a los jueces y magistrados), notarios, centros de arbitraje, centros de conciliación y a abogados en ejercicio en calidad de jueces adjuntos.
La ley deberá determinar qué asuntos, trámites o procesos pueden encargarse a estos nuevos titulares de la función jurisdiccional, pero no serán los grandes procesos.
De otra parte, la ley podrá disponer que ciertas controversias se resuelvan mediante arbitraje.
Se acogió un modelo propuesto por la propia Corte Suprema de Justicia en donde se extiende a todos los aforados constitucionales (presidente, vicepresidente, fiscal, procurador, contralor, magistrados) las garantías de las que gozan los demás ciudadanos, a la separación entre las funciones de investigación y de juzgamiento y la doble instancia.
Se aumentó de 10 a 20 años el requisito de experiencia para acceder a las altas Cortes, para garantizar que lleguen los más ilustres juristas.
Se amplía su período de 8 a 12 años para darles mayor estabilidad e independencia, incluyendo a los actuales magistrados de las cortes.
Se eliminó el Consejo Superior de la Judicatura, tanto su Sala Administrativa como su Sala Disciplinaria. La Sala Administrativa será reemplazada por un Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, compuesta por tres niveles (Sala de Gobierno Judicial, Junta Administrativa y Director Ejecutivo de Administración Judicial) que, con funciones claramente definidas, trazarán la política del sector, y harán la gestión y ejecución de las políticas y programas de la Rama.
En el máximo órgano de gobierno y administración de la Rama, tendrán asiento los presidentes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, además de un delegado de los magistrados de tribunal, otro delegado de jueces y uno de los empleados judiciales, concretando el viejo anhelo de la democratización en la administración.
También harán parte de ese órgano, con voz pero sin voto, el ministro de Justicia y del Derecho, el fiscal general de la Nación y el Director Ejecutivo de Administración Judicial.
Por su lado, la actual Sala Jurisdiccional Disciplinaria fue eliminada. Se crea el Consejo Nacional de Disciplina Judicial integrado por nueve consejeros elegidos por el Congreso de la República de ternas elaboradas por las tres altas Cortes. Para evitar choques de trenes, se elimina expresamente la potestad de este órgano jurisdiccional para conocer tutelas.
Se aprobó la destinación de 2 billones de pesos como presupuesto adicional de inversión en los próximos 6 años. Estos recursos serán para tecnologías de la información y las comunicaciones, descongestión judicial, implementación de la oralidad y mejoramiento de la infraestructura.
De otra parte, se le garantizó al Sector Jurisdiccional que su presupuesto ordinario, tanto en funcionamiento como en inversión, crecerá, como mínimo al IPC más 2 puntos porcentuales en los próximos 10 años
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