Rebaja de pena a integrantes de bandas será del 50%

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, radicó ayer el proyecto de ley para el sometimiento de integrantes de Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados en la secretaría del Senado, para que sea tramitado por fast track (vía rápida).

El funcionario explicó que los integrantes de estos grupos armados que se sometan a la justicia tendrán que entregar información sobre rutas del narcotráfico, sus armas, a los menores de edad que tengan en sus filas y confesar sus crímenes.

“Quienes hagan este acto tendrán una rebaja de la pena de un 50%, siguiendo la analogía que existe hoy en día en el Código Penal para otros aspectos ordinarios, cuando hay situaciones de allanamiento, hay una rebaja igual”, dijo.

Este es un cambio que se le hizo a última hora al borrador del proyecto y sería la razón por la cual la radicación del mismo se aplazó un día.

Sobre la extinción de dominio a los bienes que se entreguen, el ministro Gil Botero señaló que hace unos meses se aprobó una ley que “permite que las personas que hagan entrega voluntaria de los bienes mal habidos podrán conservar hasta un 5%, sin exceder los 2.500 salarios mínimos”.

Gil Botero explicó que este proyecto de ley no es ninguna “negociación o matiz político. Es el imperio de la ley por encima de cualquier banda delincuencial”.

Además, indicó que este proyecto va a permitir por primera vez que haya un acercamiento colectivo a través de quién el Gobierno designe para ello y una fase de judicialización de bandas existentes en el país.

En ese sentido, Gil Botero distingue entre Grupos Armados Organizados (GAO), que son aquellos que tienen una unidad de mando, que ejerce cierto control sobre una parte del territorio y que comete crímenes y “acciones casi que militares”, con los Grupos Delictivos Organizados, que son pequeños.

“Se busca una política criminal amplia y encauzar mecanismos de pacificación de la violencia que estos grupos ejercen”, señaló, al explicar que se fortalece igualmente las herramientas de investigación y de judicialización de estas organizaciones criminales.

El ministro señaló que, en todo caso, bajo ninguna circunstancia, el sometimiento a la justicia de estas personas va a frenar los procesos de extradición.

Además, enfatizó en que este proyecto pasó por el Consejo Superior de Política Criminal y que “el señor fiscal y el señor procurador están de acuerdo con este proyecto”.

Los requisitos

El proyecto señala 11 requisitos para someterse de manera colectiva a la justicia, a través del representante que los miembros del grupo delictivo deleguen mediante poder formalmente otorgado.

En primer lugar, la manifestación expresa, libre, voluntaria y debidamente informada de sujetarse a la justicia. Segundo, “información precisa que permita identificar la estructura del grupo armado organizado, su área de influencia y expansión territorial, su modo de operación y el número total de sus integrantes”.

Igualmente, se deberá hacer una individualización de los miembros que se van a someter a la justicia, con sus respectivas actas individuales, suscritas bajo su nombre, documento de identificación, firma y huella. Estas actas deberán contener la identificación plena de cada persona, fecha de ingreso, zona de operación, exposición detallada de los delitos cometidos, las pruebas que posean y el compromiso de no volver a delinquir, entre otros.

Los interesados deberán detallar en la comunicación los delitos que reconocerán de manera colectiva o individual, “en especial lo relacionado con actos de corrupción y la vinculación de servidores públicos en ellos; tráfico de estupefacientes, lo que incluye rutas de narcotráfico, lavado de activos y ubicación de plantaciones; participación de menores en las actividades del grupo armado organizado; minería criminal y tráfico de armas”.

Deberán incluir información que permita la identificación de las víctimas de los delitos que serán reconocidos colectivamente y una relación detallada de los bienes que han sido obtenidos producto de la comisión de crímenes y que serán entregados.

En séptimo lugar, el proyecto de ley señala que se deberá entregar “información específica sobre otras actividades económicas y del mercado ilícito de las cuales derivan recursos económicos para su financiamiento y articulación, así como la relación e información de los testaferros del grupo y sus miembros”.

Se deberá detallar la información que tengan sobre otras estructuras de apoyo, con énfasis en conexiones con servidores públicos. Además, se deberá identificar a los menores de edad que hagan parte de las organizaciones, que serán entregados para su protección.

Un elemento adicional reside en que las organizaciones criminales deberán hacer un plan de reparación para las víctimas.

Una vez estén listos estos detalles, el Gobierno anunciará y dará a conocer el proceso de sujeción de las organizaciones y tendrá la potestad de designar a uno o varios delegados para el acercamiento con estas bandas, en una zona del país determinada por el Gobierno.

El proyecto enfatiza en que los integrantes deberán aceptar todos los delitos que hayan cometido por la pertenencia a ese grupo ilegal, pero detalla que esto no implica que el Estado no pueda investigarlos y sanciones por otros delitos diferentes a esos.

Ahora bien, una vez inicie el proceso de sujeción a la justicia, la Fiscalía General de la Nación, previa solicitud expresa del Consejo de Seguridad Nacional, “podrá suspender, hasta el momento en que se emita sentido de fallo condenatorio, las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los representantes de los grupos armados organizados y sus miembros”.

Destacado

El Clan del Golfo, dedicado principalmente al narcotráfico y la extorsión, está considerada por las autoridades como entre las organizaciones criminales más peligrosas del país y también como la mayor amenaza para la paz tras la firma del acuerdo con las Farc.