COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ
Las plenarias del Senado y la Cámara de la Representantes acusaron al Gobierno Nacional de ser el principal responsable de haber pedido aprobar la reforma a la justicia, pese a que dos ministros, el de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el del Interior, Federico Renjifo, conocieron con antelación el contenido de la conciliación del acto legislativo, que horas después de ser aprobado fue objetado por el presidente Juan Manuel Santos.
Los duros cuestionamientos surgieron de los partidos que hacen parte de la Unidad Nacional, pero que pese a las responsabilidades del Ejecutivo, hoy votarán en sus respectivas plenarias por el archivo de la controvertida reforma. Ya está listo el acuerdo para hundir la iniciativa.
Fue en el Senado en donde más señalamientos directos se le hicieron al Gobierno. En una intervención de más de media hora, el senador de Cambio Radical Juan Carlos Restrepo, quien fue un conciliador, expuso a uno a uno, según él, los momentos que se dieron en la conciliación.
Indicó Restrepo que "no fuimos a la comisión a torpedear la reforma, ni meter artículos que no fueron discutidos, ni a colgar micos, ni a favorecer a nadie", sino que todo lo que apareció finalmente estuvo dentro de los aprobado por las comisiones primeras o las plenarias, en los ocho debates.
En particular Restrepo señaló que fue el ministro Esguerra quien aceptó uno a uno los puntos, y explicó que en la reunión, en la que sí estuvo el Ministro, él mismo aceptó los cambios.
"Eso no se hizo a escondidas, eso lo aprobó el Gobierno, el ministro", sostuvo en tono vehemente el senador Restrepo, quien sostiene que "no burlamos la Constitución y ni la ley".
Pero además el senador informó que no fue ninguno de los conciliadores quien radicó el informe en las secretarías del Senado y la Cámara, "la conciliación la radicó el Gobierno, aquí (la plenaria) nos tomaron las firmas, que se sepa la verdad, nos tomaron las firmas".
Más adelante intervino el senador liberal Luis Fernando Duque, quien reiteró que el ministro Esguerra estuvo al comienzo de la reunión y que al finalizar la misma, ya en la tarde y cuando faltaban por conciliar cerca de 10 artículos, el funcionario volvió en compañía del ministro Federico Renjifo.
Incluso Duque aseveró que a esa reunión de los conciliadores del 19 de junio llegó el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien opinó sobre los asuntos que competían a la Fiscalía.
Señalamientos en la Cámara
En la Cámara los señalamientos de responsabilidades al gobierno también fueron fuertes. La representante de Cambio Radical Rosmery Martínez sostuvo el presidente Juan Manuel Santos dice mentiras cuando se refiere al Congreso, porque en su concepto hace una semana los felicitó y ayer cuando entregó unas casas en Medellín aseguró que "en estas casas si no hay micos".
El representante Gustavo Puentes declaró que "el Gobierno ha querido abandonar el barco del que fue patrocinador, participante y compañero permanente para tratar de crear en la opinión pública la idea de que es sólo el Congreso el responsable y que inicialmente la responsabilidad recaería en los 12 conciliadores".
La representante de Mira Gloria Estella Díaz indicó que "el Gobierno se quiere hacer el ciego con las exigencias sociales. La responsabilidad la tenemos todos, cada uno de los actores que tiene responsabilidad en la reforma a la justicia. El primer responsable es el gobierno nacional, esto no fue a última hora. Las cortes también tienen responsabilidad con excepción del Consejo de Estado, como así que los magistrados no dijeron que la reforma no era ética y hoy eso genera suspicacias".
En opinión de representante de la U Jaime Buenahora "vamos a hablar de las responsabilidades, el Congreso es responsable, pero también hay responsabilidad en los demás poderes. El partido respalda que se solicite el hundimiento de la reforma en el entendido que somos mayoría y el partido del presidente, pero eso no nos excluye de actuar de manera crítica.
Propuesta para hundirla
Los miembros de la Comisión consideraron las objeciones del Gobierno como "contundentes", las cuales encontraron "fundadas y razonables, específicamente el de la objeción integral de inconveniencia general", por lo que le solicitaron a las plenarias de Senado y Cámara admitir las observaciones del Gobierno y archivar la reforma a la justicia en su integralidad.
Así lo indicó el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, quien actuó anoche como vocero de la comisión accidental y confirmó que hoy será votado el informe, el cual fue concertado entre la Cámara y el Senado.
Luego, en una intervención en la plenaria, Gaviria aseguró que no se puede "poner en tela de juicio la legitimidad del voto ni lo que hay detrás de él", por lo que conminó a la Cámara a que aprobara el informe.
La comisión estuvo compuesta por los senadores Juan Manuel Corzo, Aurelio Iragorri y Juan Manuel Galán, y por los representantes Simón Gaviria, Germán Varón, Roosvelt Rodríguez, Alfonso Prada, Guillermo Rivera y Heriberto Sanabria.
En el informe se analizaron las objeciones hechas por el Gobierno, las cuales, según Gaviria, se encontraron fundamentadas para proponer el archivo integral de la reforma.
Con respecto a las objeciones de inconstitucionalidad, hicieron referencia a la inclusión de los aforados entre los cuales se incluyó la prerrogativa consistente en la prohibición de ser privados de la libertad antes de que exista una resolución de acusación en firme en su contra, salvo en casos de flagrancia, no fueron tratados en el sexto debate de senado y octavo de la cámara.
Sobre la fórmula "novedosa propuesta" por la comisión de conciliación en la cual la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia nomina tres miembros de la sala de investigación y calificación de la Corte Suprema de Justicia, según la comisión accidental desconoce el principio acusatorio que inspiró el proyecto desde su versión original. Por ello comparten la posición del Gobierno de que hubo una alteración sustancial del artículo y del modelo.
En materia de pérdida de investidura, los miembros de la Comisión coincidieron con el Gobierno cuando argumentó que "debía la comisión de mediación proponer una fórmula que condujera a la adopción de un único texto", por lo que consideraron que al no hacerlo "excedió los límites materiales y configuró un régimen inconsistente".
Además, sobre este punto, quedó claro que la figura propuesta con dolo y gradualidad lo que generó fue que quedara "sumamente permisiva" que la desnaturalizó.
Con respecto a los fueros de los secretarios Generales de Senado y Cámara se violó el principio de consecutividad porque se trató de un tema nuevo que no había sido considerado en ninguna etapa del proceso, además que se trató de una nueva categoría de aforados.
Además los miembros de la comisión acogieron las objeciones de inconveniencia que se refieren a la ausencia de un régimen de transición para los procesos ante la Corte Suprema de Justicia, la extensión de la prerrogativa de la privación de la libertad de los aforados únicamente a partir de la resolución de acusación en firme; la falta de una transición para el reemplazo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; la decisión de prescindir de una norma relacionada con el antejuicio político y el fuero de algunos funcionarios; el otorgamiento del fuero a los secretarios Generales de Senado y Cámara de Representantes; también el sistema de Gobierno y Administración Judicial, y el diseño del régimen de pérdida de investidura que se determinó en la Comisión de Conciliación.
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