Procurador pide debate sobre penas que tendrán desmovilizados de las Farc

 El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, solicitó al ministro de Justicia, Yesid Reyes, que se promueva un debate sobre las penas que serían impuestas a los responsables de crímenes atroces y sobre la extradición, en caso que se concrete un acuerdo de paz con las Farc.

“Ese debate es indispensable para que las medidas en materia de justicia transicional sean sostenibles en el plano interno y ante las jurisdicciones internacionales. Si se suscribe un acuerdo con las Farc es para cumplirlo, pero solo existe garantía de que se puede cumplir si se respetan los estándares internacionales de justicia en materia penal, lucha contra la impunidad y derechos de las víctimas”, señaló Ordóñez en la misiva.

En carta dirigida a Reyes, Ordóñez celebró que el Gobierno haya dicho públicamente que no comparte la posición del Fiscal General, Eduardo Montealegre, quien en días pasados sugirió que los desmovilizados de la guerrilla, responsables de graves crímenes, no paguen penas de cárcel sino penas alternativas como el desminado.

“Celebro que en nombre del Gobierno se haya hecho tan necesaria y oportuna aclaración. También, que el Ejecutivo sea consciente que tan exótica propuesta ‘puede incluso llegar a afectar la legitimidad del proceso tanto a nivel nacional como internacional’”, puntualizó.

En la carta, Ordóñez asegura que para esa propuesta de debate, previo a la firma de un acuerdo, se tomará como base la sentencia de la Corte Constitucional que avaló el Marco Jurídico Para la Paz que fijó parámetros de interpretación para la hora de reglamentar el marco y que dice, según la Procuraduría, que necesariamente tiene que haber cárcel.

“De esto se desprende, además, que deberán ser objeto de condena a pena privativa de la libertad y que si bien pueden acceder a una pena alternativa que les posibilite cumplir menos tiempo de cárcel, la ejecución de la misma no puede ser suspendida de forma absoluta, en otras palabras, que deberán obligatoriamente cumplir tiempo en prisión”, dice la Carta.

Ordóñez además reiteró en su carta que la Corte Penal Internacional podría adquirir competencia para conocer de dichos crímenes atroces en Colombia, según el Estatuto de Roma, si el Estado no garantiza la duración de la aplicación efectiva de la pena de prisión para sus responsables

Finalmente, el Procurador solicitó al ministro Reyes que promueva escenarios para discutir el tema de la extradición a propósito de un posible acuerdo de paz.

“El Estado colombiano no puede desconocer la demanda de justicia que tienen víctimas de las Farc de otra nacionalidad. Tampoco negar la cooperación con los aparatos judiciales de otros estados cuando uno de sus nacionales ha sido objeto de un crimen cometido por miembros de esa organización, mucho menos si se trata de una grave violación a los Derechos Humanos, esto, sin entrar a examinar los compromisos existentes en materia de delitos transnacionales”, concluyó.