COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ
Luego de que se conoció ayer que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, contra la expresidenta del Senado Dilian Francisca Toro, también se supo que habrá más investigaciones por el mismo caso: lavado de activos.
En la providencia de la Corte, la Sala Penal compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue por los mismos hechos a Julio César Caicedo, esposo de la senadora, y solicitó que se indague la probable conducta ilegal de cinco personas más que estarían relacionadas con la compraventa de las tres fincas que enlodan a Toro.
Se trata de Fabio César Giraldo Rincón, Martha Piedad Marulanda García, Hans Barney Salazar, José Fernando Martínez Henao y José Serafín Bolaños Cantillo.
Al referirse a la medida de aseguramiento contra Toro, el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonidas Bustos, señaló con énfasis: "Es detención intramural, no es domiciliaria, sin beneficio de libertad provisional".
"Con base en la prueba obrante en el proceso, la Corte llegó a esa determinación. Se tomaron muchísimas pruebas pero determinantemente las de carácter documental", añadió Bustos.
La decisión de la Corte se da luego de escuchar en indagatoria a la mujer, que negó tener conocimiento de que en algún momento un predio conocido como San Miguel perteneció al excapo del Cartel del Norte del Valle Víctor Patiño Fómeque.
Compra de tres fincas
Aunque Toro entregó material documental que evidenciaría que supuestamente todos sus predios fueron adquiridos legalmente y que nunca ha tenido contratos o relaciones con narcotraficantes, la Corte encontró suficiente material para determinar que debe permanecer privada de su libertad.
Según explicó Bustos, se tuvieron en cuenta escrituras, certificados de libertad, informes de la DIAN y pruebas periciales, así como informes de la Unidad de Análisis Financiero (UIAF), sobre los movimientos de dinero de la senadora y la relación de ingresos y adquisiciones y encontraron que, al parecer, la compra de tres fincas por 5 mil millones de pesos no está justificada de forma adecuada.
"Ahora, el proceso sigue su curso, está en la fase de instrucción. Continuará la Corte practicando pruebas por iniciativa propia y las que solicite el defensor. La decisión que se ha tomado es preventiva y netamente provisional", señaló Bustos.
Sobre el predio San Miguel en el Valle del Cauca que enloda a Toro, el mismo Víctor Patiño Fómeque negó que fuera suyo o de su familia.
En cumplimiento al reglamento interno de la colectividad, el Partido de la U informó que la senadora Dilian Francisca Toro, detenida ayer por el delito de lavado de activos, está suspendida.
Un comunicado señala que "el Partido de la U, procederá a suspender la militancia de la senadora Dilian Francisca Toro, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 123 de los Estatutos de la Colectividad, conocidas las medidas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo Nacional Ético y Disciplinario del Partido".
Unas horas antes el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que Toro, que no será reemplazada mientras se cumple la nueva etapa de la investigación en su contra.
El senador Barreras expresó solidaridad con la congresista y confió en que pueda demostrar prontamente su inocencia.
"Desde lo institucional, certeza que hay silla vacía. Mientras que se le investigue no habrá reemplazo. Una vez se notifique la mesa se revisará jurídicamente la situación", explicó Barreras.
A su turno, el senador Armando Benedetti manifestó: "Estoy muy triste y esperando a que (Toro) se pueda defender de la mejor manera".
La expresidenta del Senado Dilian Francisca Toro, a su llegada al búnker de la Fiscalía ayer, dijo que confía en la justicia y que se defenderá de lo que se le acusa.
“Cuento con todas las pruebas y será mi abogado el que dé las declaraciones”, indicó cuando era conducida por hombres del CTI de la Fiscalía.
La aprehensión de Toro se realizó en su lugar de residencia, en la zona de Chapinero, en la capital del país, después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento por el delito de lavado de activos.
Se vuelven a prender las alarmas en el Congreso, pues ya son seis los exdirigentes del órgano legislativo que están en prisión.
Luego de casi seis años de haberse destapado el escándalo de la ‘parapolítica’ el país no sale de su estupor, ya que con Dilian Toro son seis los expresidentes del Congreso de la República los que han tenido que parar en la cárcel por investigaciones de diversa índole.
Entre los expresidentes de la corporación, que están en la cárcel en este momento, está el exsenador Luis Humberto Gómez Gallo, quien fue condenado a nueve años de prisión por tener vínculos con los grupos paramilitares del Tolima.
Mario Uribe, quien también se desempeñó como máximo dignatario del Congreso de la República y quien es primo del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, fue condenado el 21 de febrero del 2011 por nexos con el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. La sentencia aseguró que el excongresista había hecho alianzas con el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso.
Carlos García Orjuela fue detenido el 25 de julio del 2009 mientras se le adelantaba el proceso, sin embargo, fue absuelto de todos los cargos. El excongresista del partido de la U era sindicado del delito de concierto para delinquir, por supuestos nexos con alias ‘Elías’. La Corte emitió sentencia el 29 de septiembre de 2010 ordenando su libertad. El exdirigente de la U fue presidente del Senado durante el periodo 2001-2002.
La Corte Suprema de Justicia absolvió este año a la exsenadora Nancy Patricia Gutiérrez quien fue llamada a juicio en septiembre de 2011 por supuesto tráfico de influencias. Fue acusada de recibir información confidencial del DAS en el caso de las chuzadas.
Durante este año también se conoció la condena contra el exsenador del partido Cambio Radical y expresidente del Senado en el periodo 2009-2010, Javier Cáceres Leal quien está purgando una condena de nueve años de prisión por vínculos con el Bloque Héroes de Montes de María de las AUC, que operaba en los departamentos de Córdoba y Sucre.
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