COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ
Polémica genera la propuesta del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de crear centros de atención especializados y regulados por el Estado para atender a las personas con problemas de drogadicción, en los que se permita el consumo controlado.
Frente a la controversia , Petro aclaró que su propuesta no contempla la despenalización de las drogas, ni la creación de zonas de tolerancia en sectores de la ciudad, sino la adecuación de centros de consumo controlado de drogas en los sectores con mayores tasas de delincuencia.
El alcalde dijo que la iniciativa está destinada en su mayoría a la rehabilitación de los adictos de bajos recursos. Aseguró que se trata de una política que permite tratar integralmente el problema de la adicción y que se ha probado su efectividad en otros lugares.
Una principal contradictora de la medida es la excandidata a la alcaldía de Bogotá Gina Parody, quien salió al paso de esas declaraciones y afirmó que “mientras Holanda reversa las zonas de tolerancia para el consumo de droga e inician la prevención, la administración de Bogotá mantiene la calle del Bronx”.
Parody argumentó además que “sin una política de prevención de consumo de drogas, ni ataque frontal a las mafias que las expenden será imposible pensar en reducir el consumo” y agregó que “la respuesta del alcalde a las madres que tienen hijos adictos no es un hospital para la rehabilitación, sino unas zonas para el consumo”.
Así mismo, el exalcalde Antanas Mockus dijo a La FM que no se puede decir que todos los delincuentes consumen droga, y tampoco que ninguno lo hace.
Otro exalcalde, Jaime Castro, señaló que Petro le está haciendo el quite a sus responsabilidades como burgomaestre y "como no puede presentar resultados, decide medírsele a los temas nacionales".
A su turno, el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, general Yesid Vásquez, afirmó que "con el respeto que merece (Petro) no estaría de acuerdo con esa propuesta porque el consumo es la base del problema".
"Que les pida su opinión a los padres y madres que han visto morir a sus hijos por consumir sustancias ilícitas. Las bandas criminales tienen el negocio de la droga. Marihuana, cocaína y bazuco son vendidos en sitios de rumba, colegios y universidades", agregó el Vásquez.
Sin embargo, no todos parecen estar en contra de la polémica propuesta. El director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, aseguró que la iniciativa de Petro de crear centros de consumo para adictos podría ser una “opción, que podría ayudar a disminuir el consumo de drogas en nuestro país”
De igual forma, el presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria, dijo que hay que “reconocerle al alcalde que esta es una propuesta muy valiente, muy progresista y en muchos lugares del mundo ha tenido resultados, no sólo en la reducción del consumo de drogas sino también en reducir la criminalidad, la gente que de verdad va a los barrios de Bogotá tiene que saber que el microtráfico está cogiendo unas proporciones importantes”.
Gaviria aseguró además que “si alguien tiene autoridad para hacer esto es Colombia, lo han hecho varios países y han tenido resultados, primero frenan epidemias entre ese tipo de comunidades, frenando a la vez la criminalidad y disminuyendo la adicción. La mayoría de estas propuestas se ha dado en materia de heroína, nos gustaría conocer del alcalde qué estudios ha realizados, y si es para todos o sólo para la heroína dónde se han visto los resultados”.
El presidente de la Fundación la Luz (una entidad que se encarga de acoger a personas con problemas de adicción), Álvaro Alfonso Enciso, está de acuerdo con que en ninguna parte se consuma droga.
“Va en contravía de nuestra filosofía, de nuestra misión y nuestro quehacer permitir que nuestros jóvenes tengan sitios donde se destruyan como desafortunadamente ha pasado en Holanda y otros países”.
Enciso considera que es importante preguntarles al adicto y su familia, ya que ellos son los mayores perjudicados y al mismo tiempo quienes más pueden ayudar a la solución de este flagelo.
El presidente de la Fundación la Luz sostuvo además que “costaría menos y es más benéfico fortalecer las entidades que luchan contra la drogadicción porque el Estado está haciendo muy poco con muchos recursos”.
No obstante, Enciso dice que el alcalde Petro tiene razón en que el consumo lleva a la violencia y a la delincuencia y obviamente al fortalecimiento del narcotráfico. “Es magnifico que estén mirando un poco más allá de lo que es la prevención y también se metan con la rehabilitación”.
El Jefe del Área de Salud Pública y Proyección Social de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Sabana, Francisco Lamus Lemus, considera que aún es muy temprano para decir si la iniciativa del alcalde Petro podría ser o no viable.
“La penalización no ha sido efectiva, ha perpetuado la violencia en las ciudades y no está disminuyendo el consumo de sustancias psicoactivas y la sociedad no está respondiendo de la manera más acertada a las raíces de los problemas”, sostuvo Lamus.
Así mismo, este experto considera que “la prevención secundaria o terciaria, como se está proponiendo, es abordar la ansiedad de consumo y hacer que las personas que ya están en eso eventualmente no tengan conductas violentas y no pongan en riesgo a otras personas, porque se está tratando de modular esos comportamientos descontrolados que puede tener una persona que ya es adicta”.
“Depende de cómo se maneje podría tener éxito o no una estrategia como la que propone el alcalde. En general lo que usted va a poner son expendios de bazuco o de marihuana. Hay que ver de qué se trata y cuáles son las sustancias que se van a abordar. No hay suficientes elementos para decir que es una buena o una mala estrategia, es algo muy vago todavía para dar una opinión”, agregó Lamus.
Un fallo de la Corte Constitucional abrió la puerta a principios de este año para que cientos de adictos a las drogas puedan acceder a tratamientos de rehabilitación a cargo de las EPS a las que se encuentren afiliados.
Las condiciones para poder acceder a ese beneficio son: que sea un caso grave, que el paciente esté dispuesto a superar su problema, y que no cuente con los recursos para un tratamiento adecuado.
“El sistema general de salud debe brindar la atención que requieran las personas que padecen de drogadicción crónica, a través de las EPS, o instituciones públicas o privadas que tengan convenio con el Estado”, estableció la Corte en su momento.
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