BOGOTÁ - La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por el llamado ‘Carrusel de la Contratación’.

El Ministerio Público investiga a Moreno por presuntas irregularidades en la cesión del contrato 137 de 2007 para la construcción de Transmilenio por la Calle 26.

Para la Procuraduría esa cesión “al parecer, se realizó con amenazas y engaños al cedente, encausadas, entre otros, a través de funcionarios del IDU, en particular su directora, Liliana Pardo Gaona, lo que demuestra, hasta este momento procesal, el interés ilegítimo, tanto del alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, quien estuvo presente además en el acto de cesión, como de la directora Pardo, en que se cediera el contrato a quienes ellos habían previsto con anterioridad”.

Este proceso disciplinario de la Procuraduría, que también cobija a Pardo, se produce, según la entidad, luego de tres años de investigación y recolección de material probatorio recolectado que hoy está contenido en tres teras de información.

El contrato cuestionado se suscribió por 315 mil 580 millones de pesos, con un plazo estimado de 86 meses y un anticipo equivalente al 30%. No obstante, se registraron incumplimientos que según la Procuraduría fueron de conocimiento tanto de Moreno como de Pardo, por lo que luego fue necesario plantear la cesión del mismo.

Además -dice la entidad- el contrato cedido fue objeto de modificaciones que generaron el cambio en el plazo de ejecución; el incremento del valor del contrato, y la modificación de la forma de pago y el AIU (Administración, imprevistos y utilidades).

De acuerdo con el Ministerio Público, las modificaciones generaron sobrecostos que sumaron alrededor de 190 mil 270 millones de pesos, “monto del cual se benefició el Grupo Empresarial Vías de Bogotá, que recibió este dinero por la cesión del mismo. El presupuesto correspondía al IDU y a los fondos de Transmilenio, es decir, constituían bienes del Estado”.

Así mismo, se habría repotenciado el contrato en más de 150 mil millones, con la singularidad de que la firma concesionaria no cumplía con los requisitos de ley, por cuanto los balances financieros no respondían a los parámetros fijados por el IDU al momento de la cesión.

De otra parte, dice la Procuraduría, que el Grupo Empresarial Vías de Bogotá SAS no devolvió 28 mil millones al IDU “por concepto del valor legalizado amortizable del contrato, ya que Liliana Pardo Gaona, como directora general del IDU, presuntamente determinada por Samuel Moreno Rojas, omitió la aplicación de la amortización a los pagos realizados por dicho monto al grupo empresarial”.

Así, la entidad estimó que al parecer “no se cedió el contrato bajo los requerimientos de la Ley 80 de 1993 (contratación), sino que arropados bajo esta figura se constituyó uno nuevo con violación al régimen de contratación”.

Según el pliego, el posible interés indebido del exalcalde no fue una simple labor de coordinación, sino que, por la función ejercida, resultó incidental en la producción de dicho resultado.

La Procuraduría calificó provisionalmente como gravísimas las faltas cometidas, a título de dolo, por posible violación al principio de transparencia (desviación o abuso de poder), detrimento del patrimonio público y desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa, contemplados en la Constitución y la Ley.

DATO

En 2011 el exalcalde Samuel Moreno Rojas fue suspendido e inhabilitado por 12 meses, después de haber encontrado que no adelantó ninguna acción frente a las irregularidades presentadas por casi tres años en algunas de las obras más importantes del Distrito Capital.