Pierde el equilibrio la reforma de poderes

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La decisión de la Corte Constitucional, que tumbó la Comisión de Aforados y revivió la de Acusaciones de la Cámara de Representantes, cuestionó severamente al Congreso por alterar la independencia de la Rama Judicial.

Los magistrados consideraron que el Congreso sustituyó a la Constitución y que además en el trámite legislativo hubo vicios de forma y de fondo.

La decisión de la Corte de declarar inexequible el Tribunal de Aforados contemplado en la reforma de equilibrio de poderes, una iniciativa constitucional impulsada por el gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, es la respuesta a una demanda interpuesta por el exfiscal Eduardo Montealegre contra la Comisión, órgano que pretendía hacer más eficiente la investigación y el eventual juzgamiento de los aforados, entre ellos el presidente, el fiscal, entre otros.

En síntesis, la providencia señala que en el Acto Legislativo 02 de 2015, son inexequibles varios artículos de la iniciativa al encontrar que con su aprobación "el Congreso había desconocido los límites competenciales para reformar la Constitución".

Igualmente consideró que "el régimen de investigación, acusación y juzgamiento de los magistrados de altas cortes y del fiscal general de la Nación contenido en esas disposiciones sustituyó el eje definitorio 'separación de poderes y autonomía e independencia judicial'".

Con el fallo de la Corte se revive la Comisión de Acusaciones, tal vez el órgano más desprestigiado de la institucionalidad colombiana porque a pesar de muchos escándalos solo ha llevado un caso a juicio político ante el Senado, el del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, que tampoco ha avanzado.

Con la decisión de la Corte Constitucional se elimina casi la totalidad de la principal reforma constitucional que ha impulsado el Gobierno de Santos, que buscaba darle respuesta a la crisis que enfrentó la Justicia a raíz del escándalo que envolvió al magistrado Pretelt, acusado de recibir dádivas por fallar tutelas y cuyo caso habría pasado al Tribunal de Aforados si este hubiera quedado en firme.

Del equilibrio de poderes solo queda en pie la eliminación de la reelección presidencial. El mes pasado la Corte Constitucional tumbó el Consejo de Gobierno Judicial, que se había creado en reemplazo de la Sala Administrativa de la Judicatura, que es el órgano que se dedica al manejo de la Rama Judicial y de un presupuesto de $3,2 billones.

A regañadientes

“Muy triste y lamentable, creo que la decisión de la Corte, que obviamente el gobierno respeta y acata, significa que se revive la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que ha demostrado a través de la historia su ineficacia y su ineficiencia para juzgar e investigar a los altos funcionarios del Estado”, indicó Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.

Recordó Cristo que el gobierno hizo un esfuerzo grande en ese tema, como también para eliminar el Consejo Superior de la Judicatura.

“Lamentablemente se tomó una decisión que respetamos, pero que definitivamente no compartimos, porque consideramos que ni la creación de la comisión de gobierno judicial ni la comisión de aforados sustituye la Constitución de 1991”, planteó Cristo.

Para el ministro lo que queda claro es que hay un mensaje de que es muy difícil reformar la justicia en Colombia. Frente a la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente para este tema, el ministro sostuvo que no es oportuno en este momento.

Desde el Congreso el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, aseguró que este fallo demuestra que el poder judicial, que necesita una serie de reformas, no las quiere aceptar.

El coopresidente del Partido de la U, senador Armando Benedetti, sostuvo: “Parece que los últimos fallos de la Corte son para ellos, reviven el consejo superior de la judicatura, no quieren tener jueces y dejan para lo último el plebiscito como para dar contentillo”.

En los 100 años de existencia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes solo dos personas han sido acusadas formalmente: el general Gustavo Rojas Pinilla, que ocupó la Presidencia de Colombia entre 1953 y 1957 y el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt.

Sólo el primero alcanzó a ser juzgado formalmente ante el Senado en 1958.