Pelea jurídica por la subasta de Isagén

Después de 358 días de que el Gobierno anunciará su intención de vender la mayoría accionaria en Isagén, ayer el Ministerio de Hacienda le puso fecha a la subasta para saber quien será el nuevo dueño del 57,61 por ciento de la generadora: el próximo 22 de agosto.

De darse esta privatización, el Gobierno podría recoger unos 6 billones de pesos, que insiste serán para financiar los compromisos oficiales en el modelo de concesión de vías de cuarta generación (4G).

Entre tanto, al tiempo que crecen las voces liberales y uribistas en el Congreso en contra de la enajenación, también hacen carrera varias causas judiciales en altas cortes. Todas, por diversas motivaciones, buscan frenar la ya dilatada enajenación de acciones.

El colectivo Dueños de Isagén alista una acción de tutela en contra del Consejo de Estado, alegando la negación al debido proceso: han pasado 297 días sin que ese alto tribunal se pronuncie, ni para admitir una acción de nulidad interpuesta desde el 26 de septiembre pasado, a pesar de varios memoriales enviados.

"Ni siquiera ha habido pronunciamiento ante la solicitud de medidas cautelares de suspensión del proceso, ni un fallo de fondo ante lo que consideramos una vulneración a los derechos del sector solidario (por restricciones para hacerse a una mayor participación en la primera etapa de venta)", explicó a El Colombiano el mandatario de Dueños de Isagén y exgerente Financiero de la generadora, Rodrigo Toro Escobar.

El representante de 420 empleados, extrabajadores y jubilados de la empresa en venta, también analiza con abogados asesores otras acciones jurídicas asociadas a la acción popular interpuesta el 15 de noviembre en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hasta ahora, esta instancia descartó la solicitud de suspensión temporal de la venta, el 7 de febrero pasado.

En días pasados, el magistrado ponente, Alirio Solarte Maya, se pronunció negando parte de las pruebas aportadas. "Ayer (el martes) enviamos un memorial al magistrado solicitando que revise el proceso, pues consideramos que hay un desequilibrio jurídico ante la parte demandada (Gobierno)", agregó Toro Escobar.

Desde otra orilla, la Red de Justicia Tributaria (RJT) entregará esta semana correcciones de forma solicitadas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Esto, luego de que le diera la razón a una reposición hecha por los abogados del Ministerio de Hacienda, dentro del proceso por una acción de nulidad que la Red radicó desde el 17 de octubre pasado.

"Aspiramos a que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo y lo haga antes de la fecha que el Gobierno fijó para la subasta", señaló a este diario Mario Alejandro Valencia, voceo de la RJT.

Este grupo alega que el Gobierno violó la Ley de Sostenibilidad Fiscal (Ley 1473 de 2011), al no incluir la privatización de la generadora de energía en el documento del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

"Es probable que si el fallo es posterior y resulta a nuestro favor, no haya manera de remediar la situación, pero sí vendrán procesos jurídicos en contra de los funcionarios que habrían permitido la venta de Isagén por fuera de los requisitos de ley", advirtió Valencia.

Una tercera causa que cuenta los días en el Tribunal de Cundinamarca a la espera de un pronunciamiento de fondo, es la impulsada por el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, opositor férreo a la privatización de Isagén. Su apoderado, Guillermo Rodríguez, explica que se aportó una prueba que, fruto de un peritaje, comprueba la subvaloración de la compañía, en un segundo intento de alcanzar medidas cautelares para frenar la venta.

"Lo que en derecho debería de hacer el magistrado a cargo (Luis Manuel Lasso ) es ordenar una valoración que tenga en cuenta la nuestra y la del Gobierno, y mientras eso pasa debe suspender el proceso", explicó Rodríguez.

El abogado añadió que si se niega el recurso, se llevará el caso hasta el Consejo Superior de la Judicatura, al considerar que no hubo valoración de una prueba sumaria.