Pacto nacional para reformar la justicia

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Un acuerdo nacional para reformar la justicia se firmó ayer en Pasto entre el presidente de la República, Juan Manuel Santos, los presidentes de las altas cortes, el fiscal y el procurador general y el presidente del Congreso.

Durante el XII encuentro de la Corte Constitucional se impulsó de manera conjunta una reforma estructural a la administración de justicia.

En el documento se fijaron unos parámetros para la reforma como la revisión de las facultades electorales de las altas cortes, la revisión del sistema de disciplina de jueces y abogados y la revisión de requisitos y procedimientos de elección de magistrados de altas cortes.

Igualmente, la revisión del sistema de investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales, con el objeto de impulsar un modelo que permita preservar la independencia de los más altos órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público y garantice la celeridad y la eficacia de las investigaciones cuando a ellas haya lugar.

Asimismo, la reforma versará sobre el sistema de gobierno y administración de la Rama Judicial y a los estudios de la carrera de Derecho y requisitos más exigentes para el ejercicio de la profesión.

Para esta reforma se invitará a la academia, a los funcionarios y empleados judiciales, a la ciudadanía y a las organizaciones del sector y se acordó que los presidentes de las cortes, incluido el de la Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero, a título individual, participarán del proceso de preparación e impulso de la reforma.

Igualmente, se acordó que cada corte adelantará acciones para reformar sus reglamentos internos, adoptar manuales de mejores prácticas y propiciar el establecimiento de mecanismos de auto-regulación que brinden transparencia y rendición de cuentas en la gestión individual e institucional de los jueces.

Durante el encuentro, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Guillermo Guerrero, aseguró que la corrupción que rodea a la Corte Suprema de Justicia es “una realidad que lacera el alma individual y colectiva”.

“¿Qué sociedad es esa, en la que los corruptos se atreven a acercarse a las cortes y en la que algunos de sus integrantes pueden haber caído en la espiral de la quiebra de los valores?”, dijo.

Guerrero señaló que este caso da lugar a una crisis de credibilidad, que socava la confianza pública, la misma que está establecida en asuntos como la composición de las altas cortes, la carrera judicial y el diseño institucional.

“En los aciagos días que corren, en un momento, todo ese esfuerzo de creación colectiva se desmorona para abrir camino a la desconfianza, el señalamiento, a la sospecha”, señaló Guerrero, quien indicó que con esto viene necesariamente un afán reformista que no es bueno, sino distractor.

“Es precisa una acción rápida y categórica por virtud de la cual se impongan rápidas sanciones que emita el claro mensaje de que como Estado somos capaces de responder (…) Se requieren medidas adicionales, no como reacción a la coyuntura, sino como un juicio sereno sobre asuntos que son graves y por la gravedad que implica emprender reformas constitucionales”, indicó.

El magistrado Guerrero manifestó que en esta reforma no puede haber improvisación ni presura.

Destacado

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia creó ayer una comisión de estudio de reforma al reglamento interno, integrada por los magistrados Clara Cecilia Dueñas, Aroldo Quiroz y José Francisco Acuña. Ambos analizarán la situación de magistrados que eventualmente se vean involucrados en actos delictivos y de corrupción.