ONIC denuncia 54 homicidios de indígenas

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció ayer que en lo que va del 2012 se han registrado en el país 54 muertes violentas de indígenas y "no hay perspectivas de que la situación humanitaria mejore" para ellos.

En un informe divulgado con motivo del Día Mundial de los Pueblos Indígenas, la ONIC precisa que cuatro indígenas fallecieron en combates entre el Ejército y las guerrillas, cuatro por explosión de minas, seis a manos de la fuerza pública, 15 como consecuencia del abandono estatal y 25 por autores "sin identificar".

"En la mayoría de los casos, por la manera como se dieron los sucesos, no se pudo determinar el móvil, ni la autoría del acto", admite la Conserjería de Derechos Humanos de la ONIC.

Dos de las cuatro muertes por explosión de minas son atribuibles a las Farc y en los otros no se sabe quién puso los artefactos, según el informe.

Las minas antipersonales produjeron heridas y amputaciones a otros nueve aborígenes. "En las muertes de menores de edad a causa de cuadros de desnutrición o enfermedades como diarrea aguda, fiebres o infecciones respiratorias se identifican como responsable al Estado, principal garante de los derechos de sus ciudadanos que como actor omiso no ha tomado medidas para frenar estos casos", agrega.

El pueblo más afectado por estas circunstancias es el nasa, que vive principalmente en Cauca, con 17 muertes entre enero y julio de este año.

Precisamente esta etnia se declaró hace un mes en resistencia permanente e inició una campaña para expulsar tanto a los grupos armados ilegales como a la Policía y al Ejército, a quienes identifican como actores de un conflicto que sufren desde hace años y que a su juicio no debe librarse en sus territorios.

Los que siguen

Los embera, con 15 fallecimientos, son la segunda etnia más afectada, seguida de los awá (5), saliba (5), wounaan (4), pastos (2), inga (1), kankuamo (1), misak (1), makaguán (1), sikuani (1) y jiw (1).

El informe denuncia también lo ocurrido el pasado 14 de marzo en una reserva de Mondomo, en Santander de Quilichao (Cauca), donde hallaron muertas a cinco personas con las manos atadas, signos de tortura y dos tiros en la cabeza, así como dos casos de reclutamiento infantil por bandas narcotraficantes.

En los primeros siete meses, unas 8 mil 845 personas fueron desplazadas en todo el país como consecuencia de los enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos armados insurgentes, violencia de bandas criminales herederas de grupos paramilitares, bombardeos, explosiones de artefactos explosivos e intimidación armada.

Además, la ONIC señala que hasta el 30 de mayo pasado se tenía registro de cinco situaciones de confinamiento de comunidades indígenas dispersas por todo el oeste del país, donde habita buena parte de esta minoría en Colombia.

El pueblo awá, que vive principalmente en Nariño y Putumayo, enclaves afectados por el conflicto armado y el narcotráfico, es el más castigado por la desaparición forzada, con cuatro víctimas de las 10 registradas por este delito de lesa humanidad.

El dato

La ONU rindió ayer un homenaje a los medios de comunicación creados por y para los aborígenes, gracias a que los 370 millones de indígenas que hay en 70 países del mundo son capaces ahora de combatir "siglos de injusticia y discriminación".

ONU le pide al Gobierno avanzar en diálogos

El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, le pidió al Gobierno que avance en el proceso de diálogo con los indígenas en el norte del Cauca, para solucionar la tensión que se vive por la presencia de las fuerzas militares y grupos ilegales.

“Animo a las partes a que realicen todos sus esfuerzos con miras a progresar en este proceso de diálogo. Se debe asegurar que el proceso avance dentro de un espíritu de buena fe y de búsqueda de soluciones que acaten las normas de derechos humanos aplicables”, dijo el relator especial.

Anaya enfatizó que se deben respetar los derechos de propiedad y de autonomía que tienen los pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales. Sin embargo, reconoció la complejidad de la situación, teniendo en cuenta los intereses y la responsabilidad del Estado colombiano en mantener el orden público.