No se sabía que local fachada era del Ejército

El Fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, confirmó al momento de hacer el allanamiento al sitio ubicado en un restaurante de Bogotá, no tenía conocimiento de que se trataba de una fachada de las Fuerzas Armadas del país.

“Teníamos conocimiento de que en ese lugar ocurrían cosas extrañas que ameritaban un allanamiento, pero en el momento de hacer la operación no se sabía que se trataba de una fachada de inteligencia”, señaló Montealegre, quien aseguró que se enteraron de la legalidad del lugar tres días antes de que Semana.com desatara el escándalo de las chuzadas.

Montealegre explicó que el operativo, que se realizó el 24 de enero, se llevó a cabo debido a una denuncia recibida por habitantes del sector, quienes informaron al CTI sobre unas irregularidades en el segundo piso del restaurante ubicado en el sector de Galerías al norte-occidente de Bogotá.

“Cuando recibimos la información el CTI hizo verificaciones, hizo visitas al lugar y al entorno del barrio y comprobaron que habían movimientos extraños y circunstancias que ameritaban un allanamiento (…) por ejemplo se comprobó que entraban y salían personas con aspecto de ser miembros de la Fuerza Pública y estacionaban vehículos blindados”, recordó el Fiscal.

Además dijo que las personas que se encontraban en el lugar al momento del allanamiento no se habrían identificado como militares y tampoco habrían explicado que se tratara de una actividad legal dirigida por el Ejército Nacional.

“Días después un coronel le informó a la Fiscalía que realmente lo que operaba allí era una fachada de inteligencia”, dijo Montealegre.

Aunque en días pasados la Fiscalía había anunciado que serían 26 los computadores incautados por el CTI, el Fiscal dijo que el número se reduce a 18 y más de 10 USB, los cuales están siendo objeto de análisis por parte de expertos del ente investigador.

“Ya logramos desencriptar parte de la información de los computadores, pero aún no podemos presentar un balance de la investigación (…) vamos por buen camino”, dijo, y añadió que una vez se verifique toda la información y de encontrar irregularidades tomarán la decisión de llamar a entrevistas e interrogatorios por los hechos.

“La Corte trazó un límite muy claro y ese límite es de que a través de las labores de interceptación, no se puede violar el derecho fundamental de las personas. Se deben respetar los correos electrónicos y mensajes en redes sociales (…) las interceptaciones se deben realizar solo mediante orden de un juez (…) Vamos a establecer si ellos transgredieron los límites señalados en la Constitución”, aseguró Montealegre.

Gobierno baja tensión del escándalo de chuzadas

La fuerza con la que comenzó el nuevo escándalo de interceptaciones de comunicaciones y los anuncios de investigaciones a fondo parecen bajar de intensidad, cuando apenas han transcurrido tres días desde que se denunciaran supuestas chuzadas a los negociadores del Gobierno en La Habana.

Por lo menos, así lo revelan las recientes declaraciones del propio presidente Juan Manuel Santos, quien apenas un día después de acusar a fuerzas oscuras de estar detrás de las chuzadas del Ejército a los negociadores, defendió como totalmente lícitas oficinas como la descubierta en Bogotá.

Santos no solo justificó la legalidad del espionaje, sino que aseguró que el fiscal general, Eduardo Montealegre, le dijo que si él hubiese sabido que eso (el local registrado hace 15 días) era una fachada de inteligencia, no hubiera hecho ese allanamiento.

El viraje del Gobierno sorprende a León Valencia, analista del conflicto y director de la Fundación Paz y Reconciliación. Además, uno de los nombres que suenan como víctimas de chuzadas.

A su juicio, el Gobierno está reculando y empieza a echarse para atrás en este caso, en el que hay cabos sueltos que exigen explicación. "Ahora salen a decir que la oficina era legal y aún así la Fiscalía le hace un allanamiento, hace dos semanas, y apenas ahora el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dice que se entera".

Pinzón insistió en que "sí vamos a tener firmeza, pero no se tomará decisiones contra oficiales sin que se den los resultados de las investigaciones". Ratificó que "las operaciones de inteligencia son legítimas y legales y no vamos a bajarlas porque previenen atentados".