Néstor Humberto Martínez: entre la paz de Santos y el Gobierno de Duque

El Colombiano | LA PATRIA 

El pasado 15 de marzo, mientras el presidente Iván Duque defendía las objeciones a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ante la embajadora de la Unión Europea, Patricia Llombart; el residente del Pnud, Martín Santiago; el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz; y los excombatientes de las Farc agrupados en La Paz, Cesar; el fiscal general hacía lo propio en Bogotá, ante los militares.

Y no es que Néstor Humberto Martínez hiciera parte del Ejecutivo o de las Fuerzas Militares. Sin embargo, utilizó un espacio de una hora en la Cátedra Colombia, que organiza la Escuela Superior de Guerra, para hacer pedagogía de las objeciones presidenciales ante los oficiales de las FF. AA.

En un audio de la jornada, Martínez se destapó en favor del presidente Duque y defendió sus consideraciones sobre la Ley. En primer lugar, validó la potestad del mandatario para hacer las objeciones y “para valorar la conveniencia de la norma, una facultad que no quedó allanada por el mecanismo del fast track”.

Acto seguido, el fiscal desestimó “versiones en las redes, en los medios, en la sociedad colombiana” que afirman “que lo que el presidente ha generado es un choque de trenes a partir de un exceso en el ejercicio de sus facultades”.

Desmarcándose de la opinión pública, de la oposición con vocería de réplica ejercida por la representante Juanita Goebertus e incluso, de funcionarios del gobierno anterior, del que hizo parte, como el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo, que consideraron que las objeciones de Duque eran sobre la sentencia de la Corte Constitucional y no por inconveniencia, el fiscal enfatizó en que “no es cierto que el presidente esté desviando el ejercicio de sus competencias”.

Para sostener su argumento, Martínez explicó que cuando el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, envió una carta elevando consultas a la Corte, lo hizo “partiendo de la premisa de que el presidente sí tiene facultad para objetar la Ley Estatutaria”.

Agregó que señalar que “las objeciones hacen trizas el Acuerdo de paz” es “el primer argumento para deslegitimar esta etapa del trámite constitucional” y cuestionó que, si en el centro del Acuerdo de paz están las víctimas y por eso se pide verdad, reparación, no repetición, “¿en qué lacera esas premisas las objeciones del presidente? En absolutamente nada”.

Además, el fiscal consideró que no se afectan los derechos de las víctimas si la reparación no queda solo a cargo del Estado, sino también a cargo “de los victimarios rebeldes que acumularon a lo largo de la guerra un patrimonio ilícito billonario, como ha establecido el fiscal general” y aseguró que el ente acusador ha podido determinar que “existen cerca de 180 testaferros” de la guerrilla. Si esos activos no son para indemnizar a las víctimas, “el proceso habría terminado en el lavado de activos más grande que ha conocido la historia de la humanidad”, recalcó.

“Cuando la guerrilla entregó su inventario, algunos consideraron que me había excedido, pero era la verdad, a las víctimas no se les podía resarcir con traperos, baldes y estropajos, y menos con las carreteras que se hicieron en el Caguán, tasadas en unos $300.000 millones, porque fueron hechas sobre baldíos de la nación”, especificó.

Sin mirar atrás

Esta defensa de las consideraciones de Iván Duque no sorprendería tanto si para apoyarlas, el fiscal Martínez no se hubiera ido en contra de sus excompañeros del gabinete de Juan Manuel Santos, quien lo designó en 2014 como su ministro de la Presidencia.

En aquella época, la opinión pública conocía a Martínez como ‘el superministro’, mientras él apoyaba públicamente todas las decisiones que el Ejecutivo tomaba en el Acuerdo de paz y compartía mesa de trabajo con el entonces ministro de Justicia Yesid Reyes, de quien en el encuentro con los militares afirmó que “al unísono con Enrique Santiago, el abogado de las Farc, decían en el Congreso que la no repetición solamente significa no volverse a alzar en armas contra el Estado. El Estado y la insurgencia desmovilizada sostenían la misma tesis y eso era imperdonable desde la perspectiva del fiscal general. El principio de no repetición significa no volver a delinquir”.

De hecho, tan comprometido lució el fiscal con la causa del actual gobierno, que afirmó que las objeciones son el camino para lograr la paz: “Después de todo este debate político que hemos tenido en Colombia, estamos a seis artículos de estar todos de acuerdo, ¿la sociedad colombiana se va a perder esa posibilidad?”

Y como un mensaje directo para su audiencia, expresó que las consideraciones del presidente “en modo alguno afectan a los militares”, sino que esa idea se ha introducido “como una manipulación para que no haya debate”.

Martínez concluyó su discurso con una motivación: “Queridos generales, queridos oficiales, tenemos que dar el paso de la posverdad, de la mentira, de la manipulación, a una sociedad madura y democrática, que tiene el derecho a dar estas discusiones serenamente en beneficio de la patria y de la consolidación de la paz”, un mensaje que llega justo cuando la JEP está en manos del Congreso.