Minjusticia no es el único que debe renunciar: analistas

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Luego de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, anunciara su renuncia irrevocable al cargo, algunos analistas coincidieron en que esta dimisión era de esperarse ya que la responsabilidad de la conciliación de la reforma a la justicia, con supuestos vicios en su contenido, recaía en él.

El columnista y director del Centro de Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, Alfredo Rangel, en diálogo con Colprensa, señaló que la renuncia del Ministro de Justicia era “obvia y esperable porque Esguerra es absolutamente responsable de esa Reforma a la Justicia tan cuestionada, no se podía lavar las manos”.

Para Rangel, el ministro del Interior, Federico Renjifo, también debería presentar su renuncia, “porque él es Ministro de la política, él es responsable de las relaciones con el parlamentario”.

Rangel y el exvicefiscal, Francisco José Sintura, coincidieron en que los presidentes de la Cámara, Simón Gaviria, y del Senado, Juan Manuel Corzo, deberían sumarse a la dimisión de Esguerra, puesto que “son responsables directos” de la aprobación de la conciliación del acto legislativo.

Para Sintura, “son coresponsables de un equivocado trámite de una reforma que, desde un principio, solamente beneficiaba a los parlamentarios de turno y que adicionalmente generaba desigualdades ante los ciudadanos comunes”.

Por otro lado, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren afirmó que la decisión de Esguerra es "la consecuencia de un proceso que culminó mal", refiriéndose a la controvertida Reforma a la Justicia.

"Sería más deseable que todos fuéramos consecuentes con nuestros actos y omisiones y obráramos de conformidad con lo que se hace", precisó el funcionario.

Para Alfredo Rangel y Héctor Rivero, es posible que Fernando Carrillo, director de la Agencia de Defensa Jurídica, llegue a ocupar el máximo cargo de esa cartera, pues “lo hizo con muy buen desempeño”, dijo Rangel.

Lo tumbó su principal reto

En agosto del año pasado, cuando Juan Carlos Esguerra se posesionó ante el presidente Juan Manuel Santos, como Ministro de la Justicia, asumió varios compromisos, pero entre ellos uno prioritario: darle vida a la reforma a la justicia, una de las principales propuestas de campaña del jefe del Estado.

10 meses después esa tarea fue la que paradójicamente lo tumbó. Los “micos” metidos a última hora en la conciliación de la reforma fueron el resultado de la metamorfosis que tuvo una reforma constitucional que arrancó como la solución a millones de colombianos de a pie con la descongestión de la justicia a la solución de problemas judiciales de unos pocos, los congresistas.

Esguerra, un connotado jurista, que estuvo ternado para ser Fiscal General de la Nación, no pudo lograr sentar de manera permanente a la mesa durante el trámite de la reforma a las tres ramas del poder público.

Aunque en un principio Esguerra acercó a los cortes nuevamente al Ejecutivo, las relaciones entre Gobierno y Rama Judicial en este momento se encuentran muy frías y distantes, en particular porque el Consejo de Estado advirtió de manera reiterada durante el trámite de la reforma que la misma era perjudicial y a su turno el Consejo Superior de la Judicatura se distanció porque se le eliminó y no se le reestructuró como era su cometido.

Tampoco tuvo resultado favorable Esguerra en el objetivo de bajar los niveles de hacinamiento en las cárceles, si bien se mejoraron algunos de niveles de convivencia de centros penitenciarios, la crisis sigue latente, a lo que se debe aumentar que cárceles como la de máxima seguridad de Valledupar tiene unas condiciones sépticas adecuadas para los internos.

El tema de la extradición es otro de los lunares para el dimitente Ministro. En los últimos meses había aumentado las críticas al Gobierno porque había dejado permitir que las extradiciones de grandes capos, en especial a los Estados Unidos, se convirtieran en una especie de premio, porque los mismos negociaban con esa justicia y sus penas se reducían de manera sustancial allá, mientras que en Colombia sus acciones delincuenciales quedaban impunes.

En lo que puede sumar a su favor el ministro Esguerra en este año es la aprobación del nuevo código general del proceso, el que permitirá acelerar los procesos judiciales en todo el país gracias a que se incorpora el sistema oral en todo nivel, pero además porque define que la primera instancia se deberá surtir en un máximo de un año y la segunda instancia no más allá de seis meses.

El dilema de Santos

Como muy pocas veces en la historia del país, prácticamente todos los colombianos están a la expectativa de que en el Diario Oficial se publique algo. Se trata del articulado del acto legislativo que reforma la justicia y que no puede entrar en vigencia sin que aparezca en ese órgano de difusión.

En ese detalle se concentra hoy la atención y el pulso entre las ramas Ejecutiva y Legislativa, como quiera que el presidente Juan Manuel Santos anunció que lo objetaría y devolvería al Congreso. Para ello, la estrategia que parece necesaria es impedir su publicación, algo que lo pondría ante un dilema, pues ese es su deber.

Para algunos observadores, por cuenta de esta situación Colombia esta en un escenario sin antecedentes, ya que enfrenta un vacío normativo, en la medida en que el constituyente o el legislador no han previsto una situación –según la califican– “extravagante” y “estrambótica”, la de que un gobierno tenga que oponerse al acto legislativo que él mismo propició, auspició e inició.

Las críticas de las últimas 48 horas

El 19 de junio de 2012 será un día que nunca olvidará el saliente Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. Ese día desde muy temprano comenzaron las 48 horas más difíciles que tuvo que vivir durante el tiempo que estuvo al frente del cargo, por cuenta de la conciliación de la reforma a la justicia.

Pasadas las 8:30 de la mañana, Esguerra llegó al Club de Ejecutivos, en pleno corazón de Bogotá, para participar en la reunión de las comisiones conciliadoras, pero ahí fue en donde comenzó su vía crucis.

Sin importar su investidura de Ministro y de su gala de ser muy decente, los congresistas le impidieron que estuviera en la reunión. Aunque fue invitado a que se quedara por los representantes Germán Varón y Rooselvelt Rodríguez, el senador liberal de Antioquia, Luis Fernando Duque, se opuso y según contó uno de los representantes conciliadores, “prácticamente lo echó de manera muy respetuosa”.

Ya sin el Ministro en la reunión se dio un cruce duro de palabras entre el senador Juan Carlos Restrepo, otro de los conciliadores con el representante Rodríguez. Restrepo, del Partido Cambio Radical, le dijo a Rodríguez, de la U, que “hombre aquí no se necesita concertar con el papá”.

El desarrollo de la reunión desde el comienzo mostró que por primera vez en los casi dos años que lleva de integrada la Unidad Nacional no actuaría, es decir las mayorías al gobierno se le voltearon y según contó uno de los conciliadores los cambios empezaron a imponerse desde senadores como Luis Fernando Duque, Juan Carlos Restrepo y Eduardo Enríquez Maya.

En ese mismo momento el ministro, ya resignado, seguía a la distancia desde el Congreso de la República el transcurso de la reunión, de la cual sólo conocía pocos datos que le informaban.

Ya en la tarde, el ministro abandonó de manera intempestiva la plenaria de la Cámara en donde defendía la votación del marco legal para la paz. Muy serio y sin responder palabra caminó los pasillos del Capitolio Nacional y lo abandonó con destino al Club de Ejecutivos.

Al momento de regresar a la reunión, Esguerra llegó cuando el 70 por ciento de la reforma ya se había resuelto por los conciliadores, entre ellos el quitar la muerte política a los congresistas y el retiro polémico de las inhabilidades de los mismos.

Otro de los conciliadores contó que “realmente fue muy poco lo que le atendieron y aceptaron al ministro en la reunión”, posición que fue ratificada por el representante Varón, quien sostuvo que al momento de llegar Esguerra tuvo que revisar lo redactado y atender lo que se seguía estudiando.

El martes terminó con la radicación del informe de los conciliadores, pasadas las 10:00 de la noche, para que apareciera en la Gaceta del Congreso y así poder ser votada al otro día.

El miércoles y con la lucha prácticamente ya perdida, el ministro Esguerra, en un comunicado de prensa, empezó a revelar los cambios que aprobarían los senadores y representantes a pesar de su oposición. En el mismo reporte decía que el texto se aprobaría con la eliminación de las inhabilidades a los congresistas.

Siguió

En la Cámara, que había empezado a sesionar desde antes de medio día, los representantes Alfonso Prada y Guillermo Rivera, quienes fueron ponentes durante todo el proceso pero que fueron sacados de la comisión de conciliadores, decían a los medios que la reforma se aprobaría con micos, en especial para la pérdida de la investidura.

Pasadas las 2:00 de la tarde y con unas pocas advertencias de algunos representantes se empezó la discusión final de la reforma. Antes de ser votada el presidente de la Cámara, Simón Gaviria le dio la palabra al ministro en la plenaria. En ese momento les dijo que lo habían sacado el día anterior de la reunión de los conciliadores, que lo concertado no era lo era lo mejor que en su concepto debió haber quedado, pero reconoció que esa era el resultado de una concertación y pidió que se votara.

Una hora después, y casi con el mismo protocolo, incluso más rápido que en la Cámara, el Senado dio la aprobación al informe. Allí Esguerra sólo habló hasta después de votado el informe de los conciliadores y nuevamente agradeció.

Sobre las 5:00 de la tarde y ante los micrófonos y grabadoras de más de una veintena de periodistas Juan Carlos Esguerra, si detalló los temas que le molestaron con los cuales pasó la reforma.

Costaría $140 mil millones

Un referendo para ‘tumbar’ la reforma a la justicia, que el presidente Juan Manuel Santos devolverá con objeciones al Congreso de la República y que aún no se ha promulgado, es una de las alternativas que hay para que este acto legislativo no prospere.

¿Pero cuánto le costará al Estado convocar a esta figura democrática que hoy impulsan organizaciones ciudadanas y algunos integrantes de los partidos Verde y del Polo Democrático?

El referendo revocatorio, contenido en la Constitución Política, consiste en la recolección de firmas dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo, allí debe participar un 5 % de los ciudadanos que integran el censo electoral para tumbar el proyecto aprobado.

Para llevar a cabo el referendo se debe conformar un comité integrado por nueve ciudadanos y uno de ellos ejercerá como vocero durante el tiempo que dure la campaña.

Estas personas cumplen dos importante funciones, en primer lugar son los encargados de la recolección de las firmas y en segundo deben elaborar el texto que contiene el referendo.

El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, afirma que de llevarse a cabo el referendo el costo será aproximadamente de 140 mil millones de pesos y que por ser un proceso de elección, el Estado será el encargado de pagar la jornada electoral.

Cronología

2011

*5 de agosto: Los ministros de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, y Juan Carlos Esguerra radicaron ante el Congreso de la República el proyecto de reforma a la justicia.

*7 de agosto: El procurador General de la Nación sentó su postura frente la radicación del proyecto advirtiendo que debía ser estudiado con calma.

*14 de agosto: Se asignaron los primeros ponentes de la reforma: El liberal Jesús Ignacio García, el conservador Eduardo Enríquez Maya y el senador del Partido Verde, Jorge Eduardo Londoño.

*23 agosto: Se inicia la discusión de la reforma en la Comisión I del Senado, la cual desde ese entonces demostró que eran muchas las diferencias y que la discusión para encontrar acuerdos sería muy amplia.

*6 de octubre: Tras un acuerdo entre el Gobierno, las Cortes y el Congreso, la Comisión I del Senado aprobó, en primer debate, el acto legislativo. Este día se propuso incluir el fortalecimiento del fuero militar.

*18 de octubre: El presidente de la Comisión I del Senado, Luis Fernando Velasco, advirtió que el trámite de la aprobación de la reforma se estaría enredando debido a que habían sectores que pretendían hundirla.

*8 de noviembre: Se aprueba la reforma a la justicia en su segundo debate sin mayores modificaciones.

*23 de noviembre: El Consejo de Estado determina retirarse de la discusión por estar inconforme con la forma en que se habían modificado y aprobado los debates.

*2 de diciembre: La Comisión Primera de la Cámara aprobó en tercer debate la totalidad de la reforma a la justicia, allí se determinó incluir definitivamente el fuero militar, la eliminación de la Comisión de Acusaciones y la permanencia de la silla vacía en casos donde los congresistas pierdan su curul por delitos como tener nexos con grupos armados ilegales.

*6 de diciembre: La Corte Suprema de Justicia igualmente decide apartarse de la discusión de la reforma a la Justicia, por considerar que no se estaban teniendo en cuenta sus conceptos, sino que los mismos estaban siendo sólo analizados como un trámite más.

* 14 de diciembre: La plenaria de la Cámara aprobó la reforma a la justicia en su cuarto debate y pasó a conciliación con el Senado para dar inicio a su segunda vuelta, allí se determinó que la Corte Constitucional será el órgano de cierre judicial. Por otra parte, se aprobó un artículo que establece que las Cortes no podrán nominar candidatos a procurador o contralor para que sean elegidos por el Congreso.

2012

*17 de abril: El Consejo de Estado retornó a los debates de la reforma a la justicia, la cual se estaba discutiendo en su quinto debate en la Comisión I del Senado, luego de haber estado marginado de la discusión desde el año pasado.

*18 abril: La Comisión I del Senado aprobó la reforma a la justicia en su sexto debate y determinó mantener la existencia de una Sala de Gobierno y otra Jurisdiccional Disciplinaria en el Consejo Superior de la Judicatura, igualmente se determinó eliminar el artículo del fuero militar y se aprobó un presupuesto de 1,8 billones de pesos para la rama judicial por los próximos 6 años.

*24 de abril: El Consejo de Estado determinó retirarse por completo de la discusión de la reforma a la justicia.

*10 de mayo: El acto legislativo de reforma a la justicia surtió uno de sus pasos más importantes al ser aprobado en su sexto debate en la plenaria del Senado de la República. Allí se dieron varias modificaciones, como las eliminaciones del Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones. Además, la ampliación del periodo de los magistrados a 12 años, y facultar a los notarios y abogados para que fallen los llamados procesos menores.

*31 de mayo: La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de reforma constitucional en su séptimo de ocho debates.

*14 de junio: La Cámara de Representantes aprobó la reforma al sistema judicial colombiano, en el que se ratifica la eliminación de la Comisión de Acusaciones y el Consejo Superior de la Judicatura.

*20 de junio: Las plenarias de Cámara y Senado aprobaron con sendos ‘micos’ la reforma a la justicia.

*21 de junio: Las irregularidades en la reforma que vio la luz despertaron el malestar ciudadano y se empezó a hablar de la convocatoria a un referendo revocatorio. El presidente de la República en alocución rechazó la reforma y dijo que no la promulgaría.