Marchas dejan 24 muertos en Colombia

EFE | LA PATRIA | Bogotá

Las protestas contra el Gobierno del presidente, Iván Duque, dejan en el país al menos 24 muertos en una semana, según informó ayer la Defensoría del Pueblo, que reveló que en 11 de los casos la Policía es la presunta responsable de las muertes.

Según el informe, los demás casos corresponden a víctimas de particulares y agresores desconocidos, mientras que una persona murió de causa natural presuntamente por una enfermedad cardíaca.

El documento incluye información sobre la identidad de las víctimas y las circunstancias en las que fallecieron.

Los datos han sido revelados después de ocho días de intensas jornadas, violencia, bloqueos de vías y decenas de denuncias en contra del abuso policial.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, en las protestas también han resultado heridas unas 800 personas y hay todavía un indeterminado número de desaparecidos.

Víctimas de la policía

El informe de la Defensoría recoge la muerte de Andrés Murillo, un joven de 19 años que fue víctima de un disparo en el pecho en la ciudad de Ibagué el sábado pasado.

Los testigos del ataque acusan a un agente de la Policía de disparar contra el joven mientras caminaba hacia su casa por un lugar en el que varios manifestantes se enfrentaban con uniformados.

Además está anotada la muerte de Marcelo Agredo, un menor de 17 años que recibió en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste), varios disparos a quemarropa de un policía al que agredió con una patada en la espalda.

En Cali también se produjo el fallecimiento de Nicolás García Guerrero, presuntamente a manos de un agente.

Como estos casos, están también documentadas las muertes de otras ocho personas con heridas de armas de fuego o artefactos de granadas de gas lacrimógeno.

Responsabilidad de la Fuerza Pública

El pasado domingo, el presidente Duque ordenó el retiro del proyecto de reforma fiscal que detonó las manifestaciones y por el que el pasado lunes renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Sin embargo, miles de colombianos volvieron este miércoles a las calles en una nueva jornada de "paro nacional" convocada por sindicatos y centrales obreras en contra de una reforma a la salud, convocatorias que transcurren hasta el momento de forma pacífica.

El descontento social sigue volcado en las calles, donde también se han vivido caóticos días de violencia y destrucción.

Al menos 72 civiles y 19 policías fueron heridos en la asonada de anoche en Bogotá, en la que vándalos atacaron al menos 23 estaciones de policía, una de las cuales fue incendiada con 10 agentes adentro que alcanzaron a escapar.

El Gobierno insiste en que grupos armados ilegales son los instigadores de la violencia, pero elude dar explicaciones sobre el desproporcionado uso de la fuerza pública que han denunciado organismo internacionales como la ONU, la Unión Europea y Amnistía Internacional.

"Nos duelen las miles de familias colombianas que han sido víctimas del vandalismo", dijo hoy Duque en una declaración en la que responsabilizó de la violencia a "una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar".

Mientras tanto, distintos sectores acusan al mandatario de esquivar la responsabilidad de la fuerza pública que es acusada, según datos revelados hoy por la Defensoría, de la mitad de las muertes ocurridas durante las manifestaciones.

Congresistas opositores radicaron ayer una propuesta de debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, por "violaciones de DD.HH." cometidas por la fuerza pública en las protestas.

Helicóptero de la Policía aterrizó en un colegio

La comunidad religiosa claretiana denunció este miércoles que un helicóptero de la Policía colombiana aterrizó "abusivamente" en uno de sus colegios en Bogotá y realizó operaciones en medio de las protestas contra el Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque.

"Denunciamos ante la opinión pública que el día de ayer, 4 de mayo de 2021, en horas avanzadas de la noche, aterrizaron abusivamente en las instalaciones del colegio aeronaves helicoportadas, que hacen parte de las Fuerzas Militares y, adicionalmente, las fuerzas policiales entraron y usaron de manera arbitraria la institución educativa", dijo el Colegio Claretiano en un comunicado.

Ese colegio, ubicado en el populoso sector de Bosa, en el sur de la ciudad, explicó que los protocolos de Naciones Unidas, en el Derecho Internacional Humanitario, "prohíben la utilización de instituciones educativas para operaciones militares".

El documento agrega que ni el colegio, ni los misioneros tenían conocimiento de esas actividades y por tanto rechazan "este tipo de maniobras".