La Procuraduría General de la Nación exhortó a los gobernadores, alcaldes, a las Corporaciones Autónomas Regionales y a las autoridades ambientales de grandes centros urbanos, para que den cumplimiento a las normas que hablan de disminuir el ruido en todas las regiones.
El llamado lo hizo el órgano de control por medio del memorando 012 de junio del presente año, considerando que el ruido ha sido un factor de contaminación que ha vulnerado el derecho de muchos colombianos a una vida y vivienda digna, así como a un ambiente sano.
El Ministerio Público señaló que de acuerdo con la Ley 99 de 1993, los departamentos deben promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Además, se debe ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (Sina), funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de proteger el derecho a un ambiente sano.
De igual manera, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, propuso algunas medidas que podrían ser adoptadas como revisar los Plan de Ordenamiento Territorial (POT) a fin de evaluar la reubicación de establecimientos comerciales e industriales que se encuentren en zonas no aptas para el desarrollo de sus actividades.
También propone que se establezca como requisito la visita y concepto favorable de la autoridad ambiental competente para adquirir la autorización y aprobación de las licencias de funcionamiento de los nuevos establecimientos expedidas por el municipio.
Para la Procuraduría, se debe igualmente desarrollar un plan de sensibilización a la comunidad mediante campañas educativas con los propietarios de los establecimientos comerciales con el fin de que se tome conciencia ciudadana con respecto a los efectos nocivos que genera el ruido en la salud.
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