Mancuso y Jorge 40, a declarar por descuartizamientos en La Modelo

Efe | LA PATRIA | Washington

La Fiscalía General de la Nación llamará a declarar a los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso Gómez y Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, por la investigación que se adelanta por cerca de 100 casos de personas descuartizadas y desaparecidas en la cárcel La Modelo de Bogotá, entre los años 1999 y 2001.

El director de la Unidad de Justicia Transicional, Carlos Villamil, indicó que analizarán las declaraciones de los exjefes paramilitares para determinar si hubo órdenes desde los altos mandos de estos grupos para ejecutar esas desapariciones.

Como parte de las indagaciones, la Fiscalía también citará a declarar a las directivas del Inpec, que ocuparon altos cargos para la época de los hechos.

Por estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la información divulgó la Fiscalía. La fiscal Caterina Heyck Puyana, directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas de Colombia, indicó que el número total de víctimas puede ser "bastante superior" a 100, e incluiría a presos de esa cárcel y sus familiares, así como personas ajenas al penal, mientras que la Fiscalía también investiga si se dieron casos similares en las cárceles de Bucaramanga, Popayán y Barranquilla.

"Estas investigaciones no solo deben estar orientadas a establecer los responsables materiales de los hechos, sino también a los posibles autores intelectuales y a aquellas autoridades que podrían ser responsables por acción u omisión", añadió la Comisión.

Los hechos tuvieron lugar en una época en que las propias autoridades reconocían que el penal, uno de los centros penitenciarios con mayores problemas de hacinamiento en Colombia, estaba controlado por los reos, quienes estaban armados dentro de las instalaciones.

La Fiscalía informó de que las desapariciones en esta cárcel se habrían dado en el patio que estaba controlado por el exparamilitar Mario Jaimes Mejía, conocido como El Panadero.

Que no se repita

La CIDH urgió al Estado colombiano a que adopte todas las medidas necesarias para prevenir la repetición de hechos similares, en particular la implementación de acciones para adecuar las condiciones de detención de La Modelo y otros centros de reclusión a los estándares internacionales y para garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.

En su opinión, "el Estado debe garantizar y mantener la seguridad interna de los centros penales y controlar el ingreso de armas y de sustancias ilícitas, así como la circulación de dinero dentro de las cárceles".

"Además -agregó-, debe buscar mecanismos para reducir el hacinamiento y la superpoblación en las cárceles".