Mañana Corte Constitucional falla tutela de Piedad Córdoba

Este jueves, la Sala Plena de la Corte Constitucional tomará una decisión definitiva frente a la tutela que hace más de dos años interpuso la ex senadora liberal Piedad Córdoba en contra de la decisión del procurador General Alejandro Ordóñez que la destituyó y la sancionó para ocupar cargos públicos durante 18 años.

El recurso jurídico se basa en que el Procurador General de la Nación “no es competente” para declarar la ‘muerte política’ de los congresistas.

Obviamente, el argumento ha sido objeto de intensos y acalorados debates en las instancias donde ya ha sido estudiada la tutela. Esto es, el Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Civil de la Corte Suprema, quienes le dieron la razón al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.

La importancia de esta tutela llevó a la Corte a seleccionarla para su revisión, teniendo en cuenta el impacto jurídico y político del fallo.

El caso se remonta a septiembre de 2007 cuando el Procurador General de la Nación destituyó del cargo de Senadora a Piedad Córdoba y la sancionó con una inhabilidad por 18 años para ocupar cargos públicos, lo que para muchos no es más que su ‘muerte política’.

El principal argumento del jefe del Ministerio Público es el contenido de los computadores incautados al abatido ‘canciller de las Farc’, alias ‘Raúl Reyes’, durante la ‘Operación Fénix’ realizada por el Ejército colombiano en territorio ecuatoriano a comienzos de 2008.

Con base en esa información, las autoridades penales y disciplinarias iniciaron varias investigaciones contra dirigentes políticos por presunta colaboración con ese grupo guerrillero, procesos que fueron conocidos como la ‘Farcpolítica’.

Sin embargo, en mayo de 2011 la Corte Suprema de Justicia tumbó el valor probatorio de la información contenida en los computadores de ‘Reyes’, tras considerar que no se guardó la cadena de custodia, que la información fue manipulada y que no se siguieron los protocolos internacionales propios de este tipo de operaciones militares internacionales.

Con ese argumento, Piedad Córdoba lleva más de dos años intentando que se declare la nulidad de la decisión del procurador Ordóñez Maldonado. Y parece que el día para que la Corte Constitucional se pronuncie de fondo, finalmente, llegó.

DOS AÑOS DE APLAZAMIENTO

En los dos años que lleva la tutela de Piedad Córdoba de despacho en despacho, han sido muchos los debates acalorados que ha motivado, al punto de que la Corte ha tenido que aplazar su decisión varias veces a la espera de nuevas pruebas y el estudio del derecho comparado.

Uno de los ejemplos que la Corte ha tenido en cuenta se relaciona con un sindicalista venezolano que fue destituido por el Procurador de ese país, caso que luego de varios años llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En la sentencia, el tribunal internacional consideró que la ‘muerte política’ sólo podrá ser decretada cuando se trate de una condena impuesta por un juez competente en proceso penal.

“Se refiere a una restricción impuesta vía de sanción, debería tratarse de una “condena”, por un juez competente, en proceso penal. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez competente”, no hubo “condena” las sanciones no se aplicaron como resultado de un “proceso penal”(..)”, señala el fallo de la CIDH.

No obstante, la Procuraduría General de la Nación sostiene que sí tiene competencia para investigar y sancionar a los congresistas, pues así lo establece el numeral 6 del artículo 277 de la Constitución Política que establece:

“Funciones del Ministerio Público: Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular”.

Más aún, la sentencia -de ser favorable a Piedad Córdoba- podría abrir la puerta para que los más de 20 ex congresistas que han sido destituidos por el Ministerio Público acudan al mismo argumento de la ex senadora liberal en búsqueda de revivir sus derechos políticos.

Hasta el momento, se conoce que la ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio no es favorable a Piedad Córdoba, pero ha trascendido que los otros ocho magistrados que integran el tribunal constitucional tienen opiniones divididas.