Los urgentes en una reforma a la justicia

Más allá de la inevitable transformación, si no eliminación, que deberá tener el cuestionado Consejo Superior de la Judicatura, el aparato de justicia del país requiere de urgentes cambios y de un examen juicioso por parte de distintos sectores interesados.

Urgentes que, por ser aspectos estructurales, a la vez deben ser meditados sin el afán que los escándalos de corrupción provocan. Así lo consideran expertos protagonistas de la Rama Judicial que al ser cuestionados por el tema piden ponderación a la opinión pública, en aras de evitar otro fracaso de reforma judicial, como el de hace 18 meses.

Lo dijo el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, durante el lanzamiento del libro ‘Aproximación a la historia de una década de transformaciones de la justicia colombiana’, que editó la Corporación Excelencia a la Justicia: “A una reforma hay que volver porque un país sin una justicia pronta, proba, con equilibrio, con independencia camina amortajado hacia su propio funeral”.

Otro quien pidió serenar los ánimos fue el procurador General, Alejandro Ordóñez, quien consideró que el tema de la reforma “hay que analizarlo con cabeza fría, y no caliente. Los escenarios de la modificación de la justicia deben analizarse de acuerdo a las realidades de la justicia”.

Expertos consultados por Colprensa consideran como urgentes la eliminación de la capacidad de nominar y elegir a personas para ocupar cargos en otras entidades, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Auditoría General. Igualmente, se destacan el gobierno de la Rama Judicial, el acceso fácil al sistema judicial, la descongestión y la necesidad de un presupuesto mucho más amplio que el actual.

Incluso hay temas que afectan en general el sistema y que tienen que ver con la investigación. El ex vicefiscal general de la Nación, Juan Carlos Forero, destacó, por ejemplo, la acumulación de trabajo de los investigadores de la policía judicial y la afectación que provocó en el Sistema Penal Acusatorio la caída en la Corte Constitucional de la Ley de Pequeñas Causas.

De hecho los temas de justicia cotidiana, delitos menores y disputas que se pueden conciliar fueron destacados por los expertos consultados, ya que son cosas que afectan el día a día de los ciudadanos. Al respecto la viceministra de Justicia, Piedad Zúñiga Quintero, reveló que en un año se resuelven 71.059 solicitudes de conciliación.

Las siguientes son las opiniones de expertos consultados acerca de las prioridades que debe abordar una próxima reforma a la justicia:

“ES UN PROBLEMA DE TODA LA SOCIEDAD“: JAIME ARRUBLA

Según el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, para que un país sea competitivo, tenga desarrollo y viva en paz es absolutamente menester que organice su justicia. Y esto implica que deje de un ser un tema de jueces, abogados y facultades de Derecho para convertirse en un problema de toda la sociedad.

En su criterio la Reforma es necesaria porque han cambiado la forma como se relacionan los poderes públicos, así como la función del juez y la teoría del derecho. “Lo que diseñó la Constitución de 1991, bien o mal, hoy en día no está cumpliendo la función que debe cumplir”, apuntó.

“Pretendiendo buscarles transparencia a ciertas elecciones de personalidades públicas, se nos volvió en las Cortes un problema de clientelismo judicial. No hay por qué negarlo, eso está haciendo su mella allá al interior de las Cortes, de los nombramientos y de las elecciones. Hay muchas cosas que revisar”.

En su listado está evitar que la tutela sea utilizada para evitar cumplir con la obligaciones en salud y en materias pensional o laboral. “Más de 600 mil tutelas de salud en un año son demasiada cargo y todas sobre una jurisprudencia que ya está decantada y, sin embargo, en los hospitales y clínicas, si no se llega con la sentencia no se cumple con la prestación del servicio”.

Además, está cómo reformar el Consejo Superior, porque en su criterio la experiencia del Congreso eligiendo jueces no ha sido buena, ni los presidentes de la República han cumplido a cabalidad a la hora de ternar personas para llegar allí.

“CON PRESUPUESTO CRECIENTE SE LOGRA AUTONOMÍA”: PEDRO SANABRIA

El actual Presidente del Consejo Superior de la Judicatura pone en primer lugar la modificación del presupuesto de la Rama Judicial, que actualmente es de 1,2 billones de pesos anualmente.

“Se necesita un presupuesto fijo para la Rama, que sea constante y creciente, con eso logramos autonomía”, apuntó.

Sanabria destaca además como una necesidad imperativa atacar los problemas de congestión judicial y se acoge a la petición de Asonal Judicial y de la Corporación de Jueces y Magistrados para que el actual plan de descongestión sea de carácter permanente. Porque medidas como mantener despachos que se crearon en este propósito tuvieron que detenerse por falta de presupuesto.

“Y tercero, ampliar el acceso a la administración de Justicia. Cuando esto se logre, lo demás de viene por añadidura”, señaló.

Y sobre la polémica de la Corporación que preside, dijo que respeta la posición que pide eliminarla: “El Consejo Superior no se opone a ninguna reforma en la medida que sea concertada con todos los sectores académicos. Si ven que hay otro modelo mejor, que se haga. Pero si ven que el Consejo Superior ha sido un avance en materia de autonomía e independencia de pesos y contrapesos y equilibrios de poderes, pues hay que dejarlo y hacer una reingeniería”, señaló.

“HAY QUE FORMAR AL JUEZ”: EDUARDO LÓPEZ

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia lista, por encima de todo, reformar el gobierno de la Rama Judicial, para introducir claramente el concepto de responsabilidad. “El gobierno de la rama no debe estar necesariamente en una cabeza, sino en varias cabezas. La sala civil, por ejemplo, que sea la responsable de la prestación del servicio de justicia civil en todo el país”, señaló.

Luego López hace un especial énfasis en la ausencia de un mecanismo que vigile la actual carrera judicial que regula los méritos y la formación de los jueces.

“La preocupación de los jueces se ha limitado a un problema de unos exámenes, unos concursos, pero no se ha evaluado la carrera judicial, no existe evaluación ni control de los jueces y ahí sería necesario una modificación constitucional de darle a la organización judicial una semi-autonomía académica, al interior de la Rama, para que se hagan los concursos”, apuntó.

El exmagistrado, además, considera que la capacidad de nominar y elegir a los jefes de otras entidades del Estado ha devenido en un daño a la institución. A su juicio, se trata de una puerta giratoria.

“En cuanto a la participación en los órganos de control, por los resultados, me parece desastroso. En términos generales creo que no ha habido tanto contralor en la cárcel como el que ha resultado de la elección con este mecanismo”, apuntó.

“HAY QUE LLEVAR JUECES A LAS REGIONES”: HERNANDO TORRES

Para el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura lo primero que hay que hacer es mirar al ciudadano, para garantizarle mayor acceso al sistema judicial y llevar jueces a las regiones.

“Implicaría una reforma de competencia de los jueces, por ejemplo regionalizar la justicia, llevar jueces a las localidades de las grandes ciudades, como dice la ley estatutaria. Fortalecer todo lo que tiene que ver con la oralidad, para que los cuidadnos lleguen y directamente puedan acudir a los jueces y resolver sus situaciones”, señaló.

Además cuestionó que, por ejemplo, en el Congreso se expiden leyes pero no se provea a las respectivas instituciones con los recursos para ejecutar las medidas. Esto estaría sucediendo con la entrada en vigencia de la oralidad en la jurisdicción civil.

Torres también estima necesario crear una especie de Comisión Interinstitucional, parecida a la actual, que maneje las molestias por el manejo de distribución de recursos que hace la Sala Administrativa de la Judicatura.

“NECESITAMOS LEY DE PEQUEÑAS CAUSAS”: JUAN CARLOS FORERO

El exvicefiscal General de la Nación Juan Carlos Forero hizo una evaluación del Sistema Penal Acusatorio y recordó que ha sufrido más de 10 reformas que han afectado los principios sobre los cuales fue edificado.

En su criterio hay una confusión entre allanamientos a cargos y los preacuerdos y hay una escasa aplicación de los principios de oportunidad. Además, señaló que un fiscal tiene entre 400 y 500 procesos “y, si le va bien, tiene entre 2 ó 3 policías judiciales, cada uno maneja 130 casos. Esto hace que el sistema no esté funcionado”.

Pero a su juicio el mayor problema reside en que no hay una ley de las pequeñas causas. “Si queremos que funcione no podemos estar huérfanos de una ley de contravenciones penales, de justicia cotidiana o delitos menores”.