Los retos del Gobierno frente a las bandas criminales en el posconflicto

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

Con el surgimiento de las bandas criminales en el país, tras la desmovilización de los grupos de Autodefensa, ha sido un reto constante para el Gobierno luchar en contra de estas organizaciones, con la dificultad que se renuevan constantemente. En el posconflicto que se avecina, el control sobre esos grupos tendrá una influencia definitiva para el éxito de ese proceso.

Según un informe presentado por la fundación Ideas para La Paz, el Gobierno Nacional tiene como principales desafíos evitar las alianzas de estas bandas con grupos, desmovilizados o activos, de las Farc y del Eln e impedir la trasferencia de miembros entre grupos subversivos y bandas, pues estas maduran rápidamente y evitan el enfrentamiento entre ellas.

El problema

Para la fundación, el principal problema es que grupos al margen de la ley, como las Farc o el Eln, están asociadas a estas bandas por el narcotráfico; los grandes grupos mantienen el poder en territorios donde hay cultivos ilícitos y las Bacrim responden por la producción y comercialización de drogas.

La Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito afirmó que durante el 2014 hubo 69 mil hectáreas de coca cultivadas, 21 mil más que en 2013; siendo la región Pacífica la más afectada por este flagelo. Mientras que el informe de logros del Ministerio de Defensa dice que se erradicaron 13 mil hectáreas el año pasado, dos mil más que las eliminadas el 2014.

El problema que representa este aumento en el posconflicto es que muchos desmovilizados se van a dedicar a este tipo de negocios ilícitos, si no hay un seguimiento constante del Gobierno Nacional, afirmó Juan Carlos Ruíz, director de la maestría en estudios políticos e internacionales de Universidad del Rosario.

A esta situación se suma la diversificación que estas bandas han tenido con respecto a su economía. Según la Fundación, en regiones como el Bajo Cauca no hay cifras exactas de la minería que maneja el Estado, mucho menos se sabe exactamente qué cantidad de bandas criminales o frentes de las Farc manejan de manera directa las actividades ilegales o si solo se limitan a extorsionar a los mineros que extraen los recursos.

Además, Ruíz confirmó que no hablaría de la minería ilegal como un todo manejado por un solo grupo, sino que siendo esta una entrada grande de dinero, muchos se usufructúan desde criminales de poca monta, hasta emporios multinacionales.

La extorsión de estas bandas criminales y grupos armados al margen de la ley es un tema alarmante. Según Ruiz, es el peor escenario que puede tener una sociedad y un fenómeno que ha crecido como una bola de nieve sin que el Gobierno Nacional haya podido frenarlo.

De acuerdo con la Fundación, en regiones como la del Ariari (Meta), bandas criminales manejan la parte izquierda del río Güejar y las Farc el derecho. Aparecen extorsionistas menores que ‘acuerdan’ con la víctima extorsionada una suma a pagar por la llamada ‘protección’. Y esas sumas las fija previamente el grupo armado que maneje el sector.

Soluciones

Planes desarrollados por el Gobierno Nacional como la Estrategia Multidimensional de Lucha contra las Bandas Criminales y el plan especial con la Fiscalía, según el informe, no han dado resultado porque se prioriza en número de capturas sobre la identificación de los verdaderos líderes de los grupos que deben neutralizar para controlar la criminalidad. Además, debido a que la intervención del estado no es constante, la población civil perdió la confianza en estas entidades.

La solución principal que plantea la fundación es una intervención del estado, no solo militar, sino que integre tanto a la población civil víctima de las bandas y los integrantes. De manera que se judicialicen eficazmente los criminales y que los pobladores no recurran a la economía ilegal para sobrevivir; buscando desaparecer el narcotráfico, las extorsiones y las alianzas entre los grupos.

Para enfrentar la minería ilegal, lo ideal sería replantear la guerra “con una estrategia diferenciada que permita la formalización de aquellos que quieren pasar a la legalidad y que enfoque la estrategia represiva en aquellos que no se acogen a los beneficios”, propone el informe.

Según la Defensoría del Pueblo, en el 2014 había presencia de bandas criminales en 27 de los 32 departamentos. La más grande llamada el Clan Úsuga y con menor entidad: Autodefensas Gaitanistas, Los Rastrojos, La Empresa, los bloques Meta y Libertadores del Vichada, La Oficina de Envigado y otros que delinquen bajo el nombre de las Águilas Negras y Los Paisas.