Los paros le han costado al país cerca de $1 billlón este año

Los paros minero y agrario anunciados para mañana y para el 19 de agosto, respectivamente, son otro capítulo en la serie de protestas y manifestaciones que desde el año pasado se han desatado en el país, debido a lo que para muchos "es la falta de un apropiado manejo gubernamental en medio de una peligrosa desinstitucionalización y a la ausencia de respuestas integrales para los distintos reclamos".

"Mientras el Gobierno le asigna a la desaceleración económica actual una gran ponderación a los choques del exterior, muchos de los factores son de cocinado local, que toca sectores tan variados como la justicia, el café, el carbón y las universidades públicas", advierte el presidente de la Asociación de Instituciones Financieras (Anif), Sergio Clavijo Vergara.

Según las cuentas del dirigente, los cinco paros de finales de 2012 y principios de 2013 (justicia, carbón, cafetero, Universidad Nacional y otros sectores), le han costado al país unos 900.000 millones de pesos, equivalente a 0,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre de 2013. "Este valor, perdido por cuenta de las huelgas, es como si toda Colombia hubiera hecho un paro de un día completo".

Juan David Ballén, experto de Estrategia e Investigaciones Económicas de Alianza Valores, asegura que la solución de los paros mediante subsidios ha generado un costo significativo para la Nación, que de continuar así podría terminar alterando los avances fiscales que se han logrado en esa materia durante los últimos años. "Los paros han sido consecuencia de la tardía reacción del Gobierno frente a los cambios estructurales que debió haber realizado en sus instituciones".

Para José Luciano Sanín Vásquez, subdirector de la Escuela Nacional Sindical (ENS), lo que está ocurriendo es la consolidación de la protesta social, derivadas de la apertura del espacio político en el país y del incumplimiento de las promesas que el Estado le ha hecho a la sociedad de resolver diferentes problemas, es decir se aprovechan las posibilidades para lograr que haya menos retórica y más acciones.

Otro aspecto que resalta Sanín, es que los diálogos de paz con las Farc en La Habana, han dado pie para que la sociedad, al ver que se negocia con el enemigo más estructural del país, ha entendido que también tiene derecho a ser escuchada para que se solucionen sus problemas.

"El Gobierno no vio a tiempo la dinámica que tomaría el tema minero y su impacto en el medio ambiente y en eso no hay una respuesta integral. También subvaloró los efectos de los Tratados de Libre Comercio (TLC), lo que desató todo lo que hoy se ve en distintos sectores del agro y ahora por cada logro que alcance un gremio en particular, habrá otros que quieran acceder a lo mismo".

PUERTAS ABIERTAS

El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán Heredia, reitera el llamado a la sensatez, al diálogo y a la concertación, para que el Movimiento de la Dignidad Cafetera y otros, promotores de las manifestaciones, acudan a las mesas de trabajo y participen en la búsqueda de soluciones.

Sobre la protesta campesina del Catatumbo, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ha puesto en duda su tinte de lucha social, pues él señaló hace unas semanas que "hay zonas donde nos quieren montar marchas y los líderes ni son campesinos; vienen de Europa".

La referencia apunta a César Jerez, líder campesino del Catatumbo, quien es relacionado con las Farc, porque ha aparecido en correos electrónicos de jefes guerrilleros como "Alfonso Cano" y "Timochenko".

TRABAJADORES DE LA SALUD PROTESTARÁN POR CAMBIO EN LAS REGLAS DEL JUEGO.

Los 20.000 afiliados a Anthoc, el sindicato que agremia a los trabajadores del sector salud, definirán este jueves si se unen al gran paro nacional que está programado para el 19 de agosto. Yesid Camacho, fiscal de Anthoc Nacional, explicó que el jueves se realizará en Bogotá un encuentro de todos los sindicatos y representantes de diferentes organizaciones civiles que hacen parte de la Alianza Nacional de la Salud para analizar algunos aspectos confusos de la reforma a la salud, tanto en la ley estatutaria como en la ley ordinaria que hace trámite en el Congreso.

Según Camacho, la reforma convierte a buena parte de los trabajadores del sector en funcionarios de libre nombramiento y remoción. Esto, afirmó, dejaría en manos de los congresistas que son los jefes políticos de los alcaldes la capacidad de decidir sobre el futuro de la salud porque los gerentes pasarán a ser de libre nombramiento y remoción y ellos a su vez elegirán a médicos, enfermeras y personal misional, que representan cerca del 80 por ciento de ese sector. Por eso, aseguró, que se preparan demandas porque "al igual que sucedió con la Reforma a la Justicia, los congresistas están legislando en beneficio propio". De aprobarse la ley, indicó, resultarían afectados 280.000 trabajadores del sector salud.

Otro sindicato inconforme es el de Medicina Legal y la semana pasada las seccionales de Valle y Caldas se declararon en asamblea permanente para reclamar nivelación salarial al igual que se hizo con la Rama Judicial y mejores condiciones laborales. Según la agencia de noticias Colprensa, en Caldas, se han presentado demoras en la entrega de cadáveres en 27 poblaciones y solo se presta atención urgente a valoraciones en caso de agresiones sexuales, violencia intrafamiliar y pruebas de alcoholemia. En el Valle se han denunciado demoras en la entrega de cadáveres.

LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS MINEROS SE QUEJAN POR UNA LEGISLACIÓN QUE "LOS PERJUDICA"

La Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol), que agrupa a los pequeños y medianos mineros del país, ha convocado a un paro nacional para mañana (julio 17). Las manifestaciones, en las cuales aspiran a concentrar unas 200.000 personas, tendrán como sitios principales a Caucasia y Cisneros (Antioquia), el Eje Cafetero y Buenaventura (Valle).

El presidente de esta agremiación, Ramiro Restrepo, explicó que el principal motivo del paro es la legislación vigente que, a su parecer, perjudica el oficio. Cita, por ejemplo, la Ley 1450, la cual promulga que todo aquel que no tenga título minero ni licencia ambiental está ejerciendo una actividad ilegal, "y el 95 por ciento de los pequeños y medianos mineros no los tiene"; también critica el Decreto 2235 de 2012, que faculta a la Fuerza Pública para destruir la maquinaria utilizada en la explotación de los minerales, en caso de sospechar de irregularidades, "cometiendo el error de confundir la minería informal con la ilegal".

El gremio ha protagonizado, contando el de este miércoles, tres paros en los últimos tres años. En la actualidad tienen un pliego de 15 peticiones, entre las cuales se encuentran la modificación de las citadas leyes y la no estigmatización de quienes se dedican al oficio en pequeña y mediana escala.

El ministro de Minas y Energía, Federico Rengifo Vélez, adelantó reuniones hasta último minuto para tratar de frenar el paro. "No se trata de perseguir a los mineros tradicionales, hay un marco para llevarlos a la formalización, pero también tenemos que actuar donde veamos que esté presente la criminalidad", declaró ayer en Medellín. Al cierre de esta edición, de acuerdo con Restrepo, la idea del cese de actividades seguía en firme.

CAFETEROS Y OTROS SECTORES DEL AGRO AMENAZAN CON PARALIZAR ACTIVIDADES

Los recursos que por 1,5 billones de pesos ha comprometido el Gobierno para 7 sectores agropecuarios no han sido suficientes para frenar el anunciado paro del próximo 19 de agosto. La mayor cantidad de apoyos, 900.000 millones de pesos, se han orientado a la caficultura y aunque en las cuentas de la Federación de Cafeteros se habla de 471.484 millones ejecutados en los programas de Protección del Ingreso Cafetero (PIC) y el Apoyo al Ingreso del Caficultor (AIC), beneficiando a 302.025 productores que tienen sus cafetales en edad productiva, el Movimiento Dignidad Cafetera asegura que 250.000 productores eficientes y productivos no han percibido el auxilio porque no aparecen en el Sistema de Información Cafetera (Sica).

Mañana, en la mesa de diálogo, en Bogotá, los caficultores también reclamarán por el incumplimiento de los acuerdos suscritos en marzo pasado, tras un paro de 12 días, entre los que figuran reestructuración de créditos, reducción del costo de agroinsumos, limite a las importaciones de café e impacto de la minería en las zonas cafeteras. En la misma línea, los productores de leche, a quienes están dirigidos unos 29.000 millones de pesos, afirman que "los dineros ofrecidos en varias ocasiones por medio de los documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), han llegado a cuentagotas". Una docena de comités ganaderos, afines a Fedegán, advirtió que de no aplicarse correctivos a la delicada situación del sector lechero harían manifestaciones en las vías del país.

De otro lado, Fedecacao, que recibe 36.000 millones de pesos, rechazó los anuncios de un nuevo paro agrario para el 19 de agosto, al considerar que no es por las vías de hecho como se deben conseguir las cosas. Fedecacao no maneja los recursos destinados a los productores, los cuales se entregan a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, con la participación del Banco Agrario.

El gremio se declaró confiado en que el Gobierno mantendrá el auxilio de 800 pesos por kilo hasta finales del año, lo cual permite hacer una planeación más adecuada por parte de los cacaocultores. Los productores de panela (Fedepanela) igualmente se declararon en contra de las vías de hecho y destacó las ayudas para la promoción del consumo, las exportaciones, comercialización y el programa sectorial en vivienda para los paneleros.

CATATUMBO, LA PROTESTA QUE CRECIÓ CON LA PRESIÓN

Un paro de 36 días, en una de las regiones más convulsas del país, por donde han transitado guerrillas y paramilitares; donde la comunidad campesina ha estado entre el fuego cruzado; zona de enorme riqueza minera, cerca a la frontera con Venezuela, de tanta polémica. Todo esto ha llevado a decir a los analistas que el Gobierno no le ha prestado, a los campesinos del Catatumbo, y sus peticiones, la atención que se merecen.

Ariel Ávila, aseguró que "no se ha dimensionado todo lo que está en juego en esa zona, y el Gobierno ha actuado con mucha ignorancia. Hay que recordar que en todo el Catatumbo se han movido todos los actores armados del conflicto, por ejemplo".

Sin embargo, con la visita del vicepresidente de la República, Angelino Garzón, el fin de semana pasado y ayer a Tibú, donde los labriegos han concentrado la protesta, la negociación parece tomar un nuevo rumbo. Después de dos días de conversaciones, los manifestantes anunciaron la posibilidad de abrir paso cada dos días en la carretera, para que una caravana de camiones con alimentos puedan abastecer el municipio y el corregimiento de La Gabarra.

La constitución de una Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo, no obstante es la nuez de las peticiones que tienen en Tibú, a lo que el presidente Juan Manuel Santos dijo que no va a otorgar, ni se va a dejar presionar, por las vías de hecho.

Pero el vicepresidente Angelino Garzón anunció ayer que las Zonas de Reserva Campesina podrán ser llevadas a un gran foro nacional en el que participarían los campesinos y las autoridades administrativas del Catatumbo. Este foro estaría organizado por la Vicepresidencia de la República y la Universidad Javeriana.

EN DEFINITIVA

Las conquistas que vía protesta han logrado algunos sectores, quieren ser capitalizadas por otros que, con argumentos políticos y sociales, urgen equidad y prosperidad para todos.