Los cinco sapos, temas en los que los colombianos deberán ceder

REVISTA SEMANA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Durante la campaña por el Sí o por el No al plebiscito se ha hablado mucho de los “sapos” que los colombianos tendrán que tragarse como costo del acuerdo con las Farc.

Los más frecuentemente mencionados son: 1) Que los máximos responsables de delitos atroces no van a la cárcel. 2) Que pueden participar en política y ser elegidos por voto popular. 3) Que el narcotráfico sea considerado delito conexo. 4) Que las Farc ocultan su fortuna y no repararán a las víctimas. 5) Que el ordenamiento jurídico ha sido reemplazado por uno nuevo por fuera de la Constitución para satisfacer a las Farc.

De estos cinco puntos hay dos sobre los cuales ha habido mucha desinformación y tres sobre los cuales las críticas tienen buenos argumentos. La principal desinformación ha estado centrada en el tema de la impunidad y del perdón al narcotráfico.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en toda negociación de conflictos armados en el mundo la regla general ha sido la impunidad. No solo en Colombia sino en el mundo, cada vez que una guerra termina en una mesa de negociación ninguna de las partes va a la cárcel por la sencilla razón de que si existiera esa posibilidad, los insurgentes no aceptarían participar en ese proceso. Entre otros motivos, porque prácticamente los únicos que acabarían tras las rejas son los propios negociadores, porque el grueso de la tropa suele ser amnistiado. De ahí que los procesos de paz con el M-19, el Eln, el Epl y el Quintín Lame hayan terminado sin que uno solo de los guerrilleros terminara en prisión.

Del narcotráfico

La novedad respecto a la impunidad es que el Estatuto de Roma obliga a los países adherentes a no amnistiar o indultar delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o delitos atroces. Por eso las Farc, que se sentaron en la mesa de La Habana esperando una amnistía e indulto total, tuvieron que aceptar la justicia transicional.

Las sanciones de esta obviamente no son proporcionales a los delitos cometidos, pero no constituyen impunidad de acuerdo con los parámetros de la Corte Penal Internacional. El acuerdo de La Habana es el primero de la historia de Colombia en que hay algún tipo de sanción para los actores del conflicto.

Del sapo relacionado con la interpretación que se le ha dado al narcotráfico como delito conexo, se basa en la teoría de que los guerrilleros no son narcotraficantes, sino insurgentes que traficaron para financiar su lucha ideológica para derrocar el régimen político. De ahí que sus nexos con el negocio sean considerados un delito político.

Esa interpretación puede ser o no válida, pero no es la única razón por la cual el narcotráfico será juzgado como delito conexo. La verdadera razón es que si no fuera así, los negociadores de Cuba y el resto del secretariado, en su condición de máximos responsables, tendrían que ser juzgados como capos del narcotráfico.

Bajo esa premisa Timochenko, Iván Márquez, Catatumbo, Santrich y el resto tendrían que estar sujetos al mismo tratamiento judicial de Pablo Escobar, el Mexicano, los Rodríguez Orejuela y el clan Ochoa. Eso implicaría no solo 20 años o más de cárcel sino extradición obligatoria, penalidad que se le puede imponer a un delincuente cuando se le captura, pero no cuando se le invita a negociar el fin de un conflicto.

Por lo anterior, toda la rasgadura de vestiduras en torno a la impunidad y al narcotráfico ha estado basada más en rivalidades políticas internas que en otra cosa. Los opositores han logrado crear la impresión de que ese tipo de sanciones eran negociables, haciendo caso omiso de que guerrilleros con 50 años en el monte nunca hubieran participado en un proceso de paz si hubiera la más remota posibilidad de ser condenados como capos del narcotráfico. Más iluso aún es pensar que esos puntos, inamovibles para las Farc, podrían ser renegociados en la eventualidad de que gane el No.

¿Y la plata?

Las críticas que sí tienen algo de validez son las que se han hecho a los otros tres grandes sapos: la no reparación económica de las víctimas, el quite que se le ha hecho a la Constitución y la elegibilidad política de los condenados por delitos atroces.

Es obvio que las Farc tienen plata escondida y que se han negado a revelarlo. Como nadie sabe cuánto es ni dónde está, es muy poco lo que pudieron hacer al respecto los negociadores. Desde hace 10 años el Gobierno Colombiano y el de Estados Unidos han buscado esos dineros sin ningún éxito. Las presiones de Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo sobre ese punto no desembocaron en nada, pues las Farc siempre han mentido con el cuento de que no tienen un peso. Lo único que se logró es un compromiso de la guerrilla de participar en la reparación de las víctimas, pero sin mencionar el elemento económico. El recurso que le queda al Gobierno es que en los procesos que enfrentarán los jefes de las Farc se les preguntará por esos dineros y ellos tendrán que contestar. Y si posteriormente se demuestra que mintieron, perderían los beneficios de la justicia transicional y pasarían a una cárcel de verdad.

El otro sapo es la cantidad de reformas extraconstitucionales o supraconstitucionales para crear una normatividad jurídica transicional a la cual se someterán los actores del conflicto. La justificación de ese sistema alternativo es que la guerrilla más antigua del continente no iba a aceptar someterse a la justicia del establecimiento que ha combatido durante medio siglo. El interrogante es si las modificaciones hechas fueron excesivas.

En ese listado hay de todo: reducción del umbral del plebiscito, facultades extraordinarias para el presidente, reducción del trámite para las reformas constitucionales, fast track (vía rápida) para la aprobación de leyes, integración del tribunal de paz con magistrados internacionales, posibilidad de revisión de la cosa juzgada e incorporación de los acuerdos de paz al bloque de constitucionalidad. Todas esas innovaciones pueden tener una justificación ante las difíciles circunstancias del contexto actual, pero pueden crear precedentes. En otras palabras, el presidente Santos estiró mucho la cuerda por una causa noble, pero en el futuro alguien la puede estirar igual para otros fines.

En materia electoral

El último sapo es definitivamente el más difícil de tragar. Se trata de la elegibilidad política de los condenados por delitos de lesa humanidad. El problema está en que se acordó una simultaneidad entre el cumplimiento de las condenas y la participación en política. No hay discusión sobre el hecho de que los guerrilleros tengan derecho a hacer política, pues cambiar las balas por los votos es la esencia de todo proceso de paz. También se entendería que entre las concesiones esté que puedan recuperar sus derechos políticos después de haber cumplido sus condenas. Pero lo que es difícil entender es que una persona condenada por un delito atroz a una pena de cinco a ocho años de restricción de la libertad pueda ser candidato a una alcaldía, a una gobernación o una corporación pública mientras paga su pena. Los negociadores de las Farc lograron imponer su punto de vista sobre este asunto con el argumento de que si el elemento más importante es que si van a hacer la transición a un partido político, es imposible hacer política sin jefes. La simultaneidad que se deriva de esa concesión es el mayor “sapo” que contienen las 297 páginas del acuerdo de La Habana.

A pesar de las zonas grises, el acuerdo le aporta al país muchos más beneficios que riesgos. Los colombianos anhelan ante todo verdad y no repetición. Los términos de lo pactado deberían satisfacer esas dos aspiraciones. Ante esa posibilidad, controversias como la reducción del umbral o que Iván Márquez acabe en el Congreso son cuestiones menores.

Múltiples instancias

Otro interrogante en materia institucional es que se han creado múltiples comités integrados tanto por el gobierno como por las Farc para la implementación de los acuerdos. La mayoría están relacionados con el tema agrario, que ha sido de los ejes fundamentales para las Farc, y por lo tanto su campo de acción es limitado. Sin embargo, es incierto cómo esa multiplicidad de instancias y las responsabilidades compartidas operarán en la práctica.