Las propuestas de las organizaciones sociales en el Foro Nacional de Víctimas

Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esas son las palabras que más repiten las organizaciones sociales que participaron en el Foro Nacional de Víctimas, al explicar sus propuestas para la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana.

En el encuentro, miembros de organizaciones sociales, representantes de víctimas y de gremios plantearon la necesidad de la firma de un acuerdo de paz y el desafío que representa para el país el posconflicto. Estas son algunas de sus posiciones:

"UNA SOCIEDAD SIN JUSTICIA TIENDE A DESAPARECER": RAFAEL MEJÍA

El director del Consejo Nacional de Gremios, Rafael Mejía, recordó que el campo colombiano "ha sido escenario de un conflicto armado con diversas implicaciones sociales y económicas. La población rural en general sigue siendo más pobre que la urbana y eso ha tenido que ver en los obstáculos de inversión por los actores de la violencia".

Mejía explicó que aunque la actividad agropecuaria del país "ha sufrido considerables traumatismos por la acción de grupos armados ilegales y por el abandono del Estado", el "arraigo de la cultura agropecuaria" ha permitido que este sector se recupere.

Agregó que se debe tener en cuenta que apostarle a la paz "implica de plano unas mejores condiciones de vida para la población en su conjunto" y que es "hora de sumar esfuerzos para saldar la vieja deuda con el campo".

Sobre la negociación, Mejía pidió un cese inmediato y unilateral de las acciones armadas tanto de las Farc como del ELN, "contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura". Además, dijo que los acuerdos de paz deben resarcir a las víctimas.

"Una sociedad sin justicia tiende a desaparecer, por lo que uno de nuestros principales retos es dignificar la justicia, que llegue a todo el territorio nacional, que cumpla de manera eficiente y pronta y sin corrupción", concluyó.

"LES NEGAMOS LEVANTARSE DE LA MESA DE NEGOCIACIONES": CLAUDIA MEJÍA

La necesidad de que se reconozca y se termine la violencia sexual en contra de las mujeres fue planteada por Claudia Mejía, representante de la Cumbre de Mujeres por la Paz.

Mejía explicó que para que el proceso de paz no termine en impunidad, es fundamental "en el caso de la violencia sexual contra las mujeres, el acatamiento de los estándares internacionales en la materia, al excluir los crímenes de violencia sexual de amnistías".

Además, a nombre de la organización exigió a los actores armados "la adopción de un acuerdo inmediato para el cese de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, porque la violencia sexual no es algo inevitable". También planteó que estos delitos sean juzgados como de lesa humanidad.

Este llamado fue hecho tras recoger experiencias de posconflicto en otros países, donde la violencia sexual continúa a pesar de los acuerdos de paz y desmovilizaciones.

La organización de mujeres también plantea una construcción de la verdad y la memoria histórica a partir de ellas, así como la "investigación y juzgamiento de los responsables de las violaciones cometidas en el contexto del conflicto armado" y la creación de espacios seguros para la denuncia de estos hechos. También se planteó que

"Para que la paz en Colombia sea sostenible y duradera, debe pasar por el cuerpo de las mujeres. Deben comprometerse con la reivindicación de las muerjes de ser pactantes y no pactadas. Establecer la paridad para las mujeres en todos los mecanismos y escenarios que se adopten para la refrendación", dijo Mejía.

Agregó que las mujeres colombianas "les hacemos responasbles a ustedes, las partes que negocian en La Habana, el derecho que nos asiste a vivir en paz. Les negamos levantarse de la mesa hasta que no firmen los acuerdos. Les disuadimos de seguir destruyendo la obra de las mujeres, porque las guerras devastan nuestra creación. Pero también les exhoratamos de manera inmediata a un pacto de cese bilateral del fuego y en todo caso a sacar a la población civil de la población armada para que crezca la confianza en el proceso de paz".

"ESTAMOS A FAVOR DE LA SALIDA NEGOCIADA AL CONFLICTO": JOSÉ SANTOS CAICEDO

José Santos Caicedo, representante de las comunidades afrocolombianas y palenqueras de Colombia, afirmó que no solo los grupos armados ilegales, sino también el gobierno, "no han garantizado la vida a las comunidades ni la permanencia en sus territorios urbanos o rurales".

El líder afro explicó que un ejemplo de esto fueron las masacres del Naya o Bojayá, así como el "origen y mantenimiento de las casas de pique en Buenaventura o los asesinatos diarios en los barrios de Tumaco y las barreras invisibles que se exportan en centros urbanos como Aguablanca en Cali o Ciudad Bolívar en Bogotá".

Aunque manifestó el apoyo de las comunidades a la salida negociada del conflicto, resaltó que no se puede perpetuar la discriminación y la exclusión de los afrocolombianos en el país.

También afirmó que sus territorios son víctimas del conflicto, como consecuencia de la minería ilegal, la ampliación portuaria o la negación de la existencia de población negra en algunos departamentos.

Para estas organizaciones también es necesario que la reparación sea clara y equitativa y no "se escoja una o dos comunidades de cada territorio". Además, piden que no haya tanta tramitología en el momento de reclamar sus derechos.

"SE NECESITA UNA PEDAGOGÍA DE LA PAZ": MONSEÑOR HÉCTOR FABIO HENAO

Monseñor Héctor Fabio Henao, presidente de la Pastoral Social de la Iglesia Católica, reiteró el llamado a una cese al fuego definitivo durante las negociaciones.

También pidió que la justicia se enmarque "en un sistema que garantice la protección de las libertades individuales y los derechos humanos", al recordar que muchos de los líderes de restitución y víctimas han sido objetivo de nuevos atentados y persecuciones por parte de actores armados.

Sobre el posconflicto, la Pastoral Social manifestó su preocupación por la garantía de educación, salud, vivienda y trabajo digno para los colombianos, así como una pedagogía para la paz "que eleve los valores del respeto por la dignidad, el perdón con responsabilidad y sin olvido".

Por esta razón, solicitó que en los nuevos planes de desarrollo, tanto el nacional (2014-2018) como los departamentales y municipales, se tengan en cuenta las conclusiones de los foros de víctimas para "incluir las aspiraciones de las víctimas y su necesidad de dar respuesta a la reparación".

"LA PAZ NO ES UNA PALABRA O UN DISCURSO, ES UNA PRÁCTICA": LUIS FERNANDO ARIAS

Las propuestas de las organizaciones indígenas de Colombia estuvieron a cargo de Luis Fernando Arias, de la Onic, quien recordó que estos pueblos han sido víctimas de la confrontación en sus territorios y del irrespeto a su autonomía.

Arias reconoció la importancia de que las víctimas sean escuchadas en La Habana, pero recordó que la paz "es más allá de la mesa de negociaciones. Para los pueblos indígenas la paz no es una palabra o un discurso, sino una práctica que tenemos diariamente en nuestros territorios".

Las organizaciones indígenas exigieron una tregua bilateral y "una declaración pública reconociendo la autonomía de los pueblos indígenas y su compromiso de desechar prácticas de imposición de funciones que impiden el ejercicio de nuestro proceso comunitario".

Entre las propuestas que presentaron está la reactivación del consejo nacional indígena de paz, para presenta sus iniciativas durante las etapas de negociación, desmovilización y posconflicto; la creación de una comisión nacional de la verdad para los pueblos indígenas, en la que construyan memoria desde las víctimas; y que los responsables de violaciones a los derechos humanos "se sometan a la justicia transicional, la cual tendrá en cuenta cuando los imputados hagan parte de nuestras comunidades".

Arias, quien hizo una pausa para recordar que hoy se cumplen 14 años del asesinato de su padre por parte de los paramilitares en el Cesar, pidió también que los actores armados hagan una reparación material y simbólica a las víctimas.

"PLANTEAMOS UN GRAN MOVIMIENTO SOCIAL POR LA PAZ": DOMINGO TOVAR ARRIETA

Domingo Tovar Arrieta, presidente de la CUT, habló en nombre de las organizaciones sindicales de Colombia y recordó que en el país han sido asesinados más de 3500 sindicalistas.

"El movimiento sindical ha sido víctima de una cultura y una violencia antisindical sistémica, histórica, disciplinante, con responsabilidad del Estado y algunas organizaciones de la productividad y los servicios y las multinacionales", dijo Tovar.

Afirmó que desde los sindicatos se rechaza la violencia y que la "guerra como opción política no dio resultado en Colombia".

Por lo anterior, planteó la "construcción de políticas públicas en derechos humanos, de las víctimas y las organizaciones victimizadas. Trabajaremos por lograr un instrumento de carácter independiente que conjure los saberes para llegar a la verdad, porque cada uno de nosotros tiene una verdad y para lograr el proceso de reparación hay que llegar a un consenso".

Ese acuerdo, dijo, también debe darse en la justicia transicional, para garantizar que no haya impunidad. "Estamos planteando la construcción de un gran movimiento social por la paz, donde tengan representación la diversidad de sectores y actores de la sociedad civil. Que no sea un proceso solo del gobierno y los grupos alzados en armas".