Las dudas que rodean la verificación del fin del conflicto

LA PATRIA | Colprensa 

 Las tareas de las Misiones de Paz de Naciones Unidas son diferentes en todos los escenarios. Su función depende de la naturaleza del conflicto. Pero sus actividades de ‘mantenimiento de la paz’ se rigen básicamente por tres principios: el consentimiento de las partes; la imparcialidad y el no uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato.

También  supervisan de  forma permanente la labor de las operaciones, realizan informes periódicos   y se celebran  sesiones especiales dedicadas a examinar su  trabajo en el país donde están asentados.

Las ‘cláusulas’ están claras en los estatutos del  organismo. Sin embargo, es la conformación de las misiones que dirigirá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidades, en compañía de la Comunidad de  países Latinoamericanos y del Caribe (Celac), lo que genera dudas en el caso Colombiano.

¿Cuáles serán los requisitos que deben cumplir las personas miembros de Celac que integren las misiones? ¿Cuántas oficinas o misiones habrá? ¿Qué sectores del país tendrán observadores? ¿Naciones Unidas será prenda de garantía para lograr que se cumplan los acuerdos de paz que se firmen entre el Gobierno y las Farc?

Muchas de las inquietudes se quedan sin respuesta inmediata. Los detalles de cómo funcionará la misión se conocerán un mes después de que se firme  el acuerdo general, según el comunicado emitido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Vicente Torrijos, experto en política internacional,  sostiene que la resolución firmada es clara: “Tienen que ser personas con conocimiento y experiencia en materia de paz”, pero advierte que todo estará sujeto a lo que hagan los países de la Celac.

Dice que  no es claro cuántas personas harán parte de las misiones, ni dónde estarán ubicadas porque  se supone que los observadores van a tener cobertura nacional, pero su cálculo es difícil de determinar.
“Debido a nuestra geografía, la misión sería bastante nutrida y debe tener la  capacidad para movilizarse en la zona”, agrega Torrijos al tiempo que explica que incluso, en muchos casos para las Fuerzas Militares hay zonas con dificultades de acceso.

¿LOS MÁS INDICADOS?

Pero la lupa de los colombianos   y del mundo no está precisamente sobre la trayectoria del Consejo de Seguridad durante los doce meses que estará en Colombia vigilando el cumplimiento del cese el fuego bilateral y la dejación de armas de cara al fin del conflicto.

La incertidumbre se debe a la independencia que tengan los integrantes de la Celac que sean escogidos por Naciones Unidas para  hacer parte de las misiones.

Myles Alcalai, exembajador de Venezuela ante la ONU,  asegura que la Celac no es un organismo llamado a intervenir en un conflicto como el colombiano por carecer de un mecanismo de  participación política  en la resolución pacífica de conflictos.

A su juicio, hay un interés oscuro del presidente de Ecuador Rafael Correa por hacer parte del grupo, pero confía en que “la delegación tenga el equilibrio que se requiere para desempeñar su labor”.

El analista colombiano Vicente Torrijos dice abiertamente que no confía en el papel de la Celac. Indica que hay posibilidades latentes de que el mecanismo de observación se vea contagiado por los intereses de las Farc.

“El gran problema es que desde el principio no se le permitió al Consejo de Seguridad de la ONU escoger a los personajes de manera técnica sin importar su nacionalidad. Es que las Farc son los más interesados en que gobiernos amigos se vean involucrados directamente en el proceso con el fin de dosificar, atenuar o amortiguar los excesos en los que seguramente incurrirán firmada la paz”.

Agrega que lo ideal sería que la misión fuera integrada por japoneses, centroafricanos, canadienses, pakistaníes e incluso argentinos,  pero no circunscrita  a los intereses de las Farc porque, insiste, “a la  larga los de Celac se van a hacer los de  la vista gorda con las conductas trasgresoras”.

Mientras que Jaime Hill, empresario que hizo parte del equipo negociador en el proceso de paz de El Salvador,  dice que no importa si en la observación intervienen cuatro o cinco países, lo vital es que no se convierta en un “verdadero circo”, situación en la que se podría incurrir con una participación masiva de  Bolivia, Ecuador y Venezuela, asentados en Celac; cuando es la OEA el organismo con capacidad para ello.

Pero Jaime Bernal Cuéllar sostiene que no se puede partir del  supuesto de que la gente que cumpla las misiones de  control de condiciones de desmovilización, dejación o entrega de armas, entre otras, puedan actuar  bajo los criterios de amistad.  Además, no son las únicas personas que van a hacer el control porque necesariamente toda la ciudadanía va a estar pendiente de qué ocurre con la guerrilla.

Incluso, considera que  en la verificación podrían participar jueces, fiscales y procuradores colombianos, todos ellos, miembros de  autoridades legalmente constituidas y con una función específica.

Asimismo,  Alcalai, el exdiplomático venezolano, dice que la ONU  será solo un observador, pero la total garantía del fin del conflicto  la deben dar  los actores  políticos del país que determinen el rumbo para lograr  la paz.

MISIONES DE PAZ

Caso El Salvador:  duró  cuatro años (1991-1995); participaron 380 observa- dores militares, 8 médicos y 631 policías. 140 miembros de personal civil de contratación internacional y 180 locales.

Costó  US$107.003.650

Misión:  Verificar la aplicación de todos los acuerdos entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional: cesación del fuego, reforma y  reducción de las fuerzas armadas, creación de un cuerpo de policía, reforma de los sistemas judicial y electoral, entre otros.

Caso Sierra Leona:  Lleva 17 años y ha incluido 17.500 militares.
Tiene como función  cooperar con el Gobierno de Sierra Leona y las demás partes en el Acuerdo de Paz en su aplicación; prestar asistencia al Gobierno  en la aplicación del plan de desarme, desmovilización y reintegración;  establecer una presencia en las localidades más importantes del país, incluso, en los centros de desarme y recepción de armas y desmovilización; velar por la seguridad y libertad de circulación del personal de la ONU, entre otras.