La reforma a la justicia tumbó al ministro Esguerra

COLPRENSA|LA PATRIA|BOGOTÁ

Los micos y el consiguiente escándalo tras la aprobación de la Reforma a la Justicia fueron las razones por las cuales el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, presentó su renuncia de manera irrevocable.

“En la noche de ayer (jueves) a su llegada de Río de Janeiro, junto con el informe de lo que se había descubierto con la revisión (de la reforma) al presidente de la República le presenté renuncia con carácter irrevocable al cargo con que me honró”, dijo el ministro Esguerra, anoche a las 7:40.

De la misma manera, el jefe de la cartera de Justicia quiso dejar claro que ni él, ni ninguno de sus funcionarios tuvieron “culpa alguna” en la inclusión de los artículos que causaron el revuelo, los cuales de paso los consideró tuvieron “implicaciones graves”.

A pesar de esto, Esguerra reconoció que asume la responsabilidad política y por ende el costo que la maltrecha reforma le trae al país.

Sobre la respuesta a su carta por el primer mandatario, el ministro señaló que el presidente no ha respondido y la está considerando, pero enfatizó en que la decisión es irrevocable.

El colapso del ministro

La presión social y las múltiples voces, entre ellas las del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien en la noche del jueves anunció su molestia por la manera como salió la enmienda constitucional, fueron las que le dieron el empujón a Esguerra.

Lo cierto es que esta no fue una decisión de última hora. El tema ya había sido analizado y propuesto por el ministro desde el miércoles anterior, cuando se percató del retiro de las inhabilidades para los congresistas.

Ese día en la tarde fuentes cercanas al jefe de la cartera de Justicia consideraron que Esguerra se sintió sólo.

Inclusive, en la mañana de ese mismo día, Esguerra en un comunicado de prensa había anticipado como una advertencia que la conciliación saldría sin límites para los parlamentarios.

“Los episodios (micos) ocurrieron a pesar de la dedicación y el empeño con que actuamos siempre los funcionarios del ministerio”, dijo Esguerra al desestimar responsabilidad en esos hechos.

Fallos cerrarían puerta para objetar la reforma

La sentencia C-543 del 1998 de la Corte Constitucional tumbaría el argumento con que el presidente Juan Manuel Santos decidió objetar el acto legislativo de la Reforma a la Justicia, ya que dicha decisión establece que las reformas constitucionales no requieren sanción presidencial.

“Los actos legislativos mediante los cuales el Congreso reforma la Constitución no requieren de sanción presidencial, porque las decisiones de la voluntad constituyente no pueden, por su misma naturaleza, quedar subordinadas a la aquiescencia de ningún poder constituido, salvo la competencia estricta y precisa atribuida a la Corte para efectos del control formal”, señala uno de los apartes de la sentencia.

De esta sentencia se deriva que el presidente Santos no podría presentar las objeciones, ya que no puede tomar decisiones que no se encuentren amparadas por la ley.

El jefe de Estado en su alocución del jueves pasado fue enfático en asumir su responsabilidad por lo que va a hacer, “las objeciones se justifican constitucionalmente por la protuberancia de los vicios detectados en la fase de conciliación, e implican un cuestionamiento serio sobre la real existencia de una voluntad constituyente legítimamente conformada sobre algunos puntos concretos, pero muy importantes de la reforma”.

Asimismo, el presidente Santos, agregó que estas objeciones realizadas se ajustan a la ley y a la jurisprudencia, “las cuales prevén que los vacíos de regulación sobre el trámite constituyente en el Congreso deben suplirse con las normas que regulan el procedimiento legislativo ordinario”.

Esta es la primera vez que un jefe de Estado acude a este mecanismo para hacer respetar el ordenamiento jurídico, como lo obliga la propia Constitución. “El Presidente de la República no puede abstenerse de actuar con contundencia frente a una situación tan crítica como esta”, puntualizó el mandatario.

La polémica continuará mientras el Gobierno no publique las razones que sustentan la decisión en la que se basó para presentar dichas objeciones. En caso dado el Congreso será el encargado de determinar y definir los pasos a seguir.

Simón Gaviria dice que el Gobierno se equivocó también

Entre tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Simón Gaviria, sostuvo ayer que si bien hubo errores en el trámite de la conciliación de la reforma a la justicia, no sólo son responsabilidad del Congreso, sino también del Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

“Esto es una cadena de errores absolutamente todas las partes, incluido el ministro de Justicia”, declaró el presidente de la Cámara.

Precisó además que tras la conciliación, el ministro Esguerra le pidió una fe de erratas y así se cumplió, “luego de ese proceso el mismo ministro le dice a la plenaria que todo está bien y que votemos”.

El presidente de la Cámara afirmó que “se trabajo muy duro para que el gobierno y los conciliadores colocaran una fe de erratas, modificaciones a la conciliación para que el texto aprobado no fuese tan dañino”.

De la misma manera dijo que aún hay instancias en las que el presidente Juan Manuel Santos puede objetar. En el mismo sentido dijo que la Corte Constitucional podría declarar algunos artículos como inexequibles ya que no estuvieron en la discusión que se sostuvo durante las plenarias.

Gaviria afirmó que hay que estar pendiente a la convocatoria pública que busca revocar la Reforma a la Justicia, “es de suprema gravedad, hay que escuchar porque esto es de suprema gravedad”.

A su turno el expresidente de la República, Andrés Pastrana Arango, sostuvo el hijo del mandatario que promovió la Constitución Política de 1991, es quien patrocinó un verdadero golpe de estado a la misma.

“Es una aberración, igual que todos los colombianos estamos indignados con lo aprobado, esto no es una reforma a la justicia es una contrareforma del Congreso. La constitución nos dio la posibilidad del artículo 377 que es la posibilidad de convocar a un referendo y eso es lo que queremos hacer los colombianos. No hay otra alternativa”, manifestó.

Aseguró que el gobierno tuvo todas las posibilidades de retirar la reforma pero no lo hizo en su momento, de igual forma llamó a la Corte Constitucional para que actúe de forma oportuna contra esta reforma.

Denuncian penalmente a los que votaron la reforma

La Red de Veedurías Ciudadanas (RedVer) denunció ante la Corte Suprema de Justicia a los 163 congresistas que votaron la Reforma a la Justicia, a los que señala de haber incurrido en prevaricato.

Pablo Bustos, director de RedVer, explicó que la denuncia también se presentó ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue a los ministros del Interior, Federico Renjifo, y de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

“Estamos en un prevaricato en la medida que en ocho debates se presentaron toda suerte de irregularidades para obtener beneficios mayores e inverosímiles en su propio provecho”, señaló.

La base de la denuncia es que los parlamentarios habrían desconocido el Reglamento del Congreso y de la Constitución en el trámite de la Reforma y que hubo violación al Estatuto del Congresista.