JAIME ORTEGA CARRASCAL
EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El  programa de “paz total” del presidente, Gustavo Petro, se enreda cada día más, en solo una semana los colombianos ven con asombro el incremento de masacres y atentados terroristas, ayer en Tibú (Norte de Santander) una mujer y dos policías murieron, mientras que 10 personas resultaron heridas por un ataque con explosivos perpetrado por desconocidos.
Los uniformados fallecidos fueron el subintendente Ángelo Raúl Martínez Arévalo y el patrullero Andrés Idárraga Orozco, así como una mujer cuya identidad no fue revelada. “Los nortesantandereanos no aguantamos más muertes ni acciones violentas de los grupos armados. Rechazamos los hechos que acabaron con la vida de varias personas en el municipio de Tibú y que enlutan a sus familias y al departamento que tanto anhela la paz”, señaló la Gobernación de Norte de Santander en Twitter.
Ese atentado terrorista ocurre después del asesinato de cuatro menores indígenas reclutados por el Estado Mayor Central (Emc), la principal disidencia de la antigua guerrilla de las Farc, con la que el Gobierno busca iniciar un diálogo de paz.
El múltiple crimen, denunciado el pasado fin de semana por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), ocurrió en el Putumayo. Según la Opiac, “los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento” el pasado 17 de mayo fueron asesinados “con arma de fuego” y sus cuerpos fueron encontrados el fin de semana en la vereda El Estrecho (Putumayo).
Ante esa matanza, considerada por el Gobierno “un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz”, se decidió suspender el cese al fuego bilateral con el Emc “en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo”, las principales áreas de operación de ese grupo, y se reactivarán en un plazo de 72 horas “todas las operaciones ofensivas”.
“No hay justificación alguna para esta clase de crímenes” que constituyen una “grave violación del Derecho Internacional Humanitario”, señaló el Gobierno en un comunicado.
Ayer después del atentado terrorista en Tibú , el director de la Policía, general William Salamanca, ofrecio una recompensa de hasta $200 millones por información sobre quienes perpetraron el ataque.
Entre tanto, el presidente, Gustavo Petro, rechazo la acción terrorista y dijo que ese acto no quedará en la impunidad.

Cinco intenciones de paz
El cese el fuego bilateral, de seis meses de duración con cinco grupos armados ilegales con los que busca llegar a un acuerdo de paz, fue anunciado por Petro poco antes de la medianoche del 31 de diciembre de 2022, pero esta iniciativa, tomada para bajar la intensidad al conflicto armado y facilitar los diálogos, no ha cuajado.
De esos grupos, el Eln desconoció públicamente en enero el cese al fuego bilateral pese a que desde noviembre pasado negocia la paz con el Gobierno en Venezuela, México y Cuba, un proceso en el que ya han saltado las alarmas de crisis en al menos dos ocasiones.
El pasado 20 de marzo el propio Petro suspendió el cese el fuego con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), como se denomina la banda criminal del Clan del Golfo, por instigar a la violencia en una huelga de mineros en el noroeste del país, y ahora se suspende parcialmente con el Estado Mayor Central de las antiguas Farc.
De esta forma, el cese al fuego, vigente inicialmente hasta el 30 de junio, solo sigue en pie con la Segunda Marquetalia, la otra gran disidencia de las Farc y con los Paramilitares de Sierra Nevada, que operan en el norte del país.

Esperanza de negociar
El Gobierno aún no pierde la esperanza de sentarse a negociar con el Estado Mayor Central, dirigido por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, un curtido guerrillero que nunca se acogió al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016.
Los líderes de la otra disidencia, la Segunda Marquetalia, encabezada por Iván Márquez, sí firmaron la paz y tres años después se retiraron alegando incumplimientos del Gobierno a lo pactado con las Farc.
El comienzo de dichos diálogos estaba previsto para el pasado 16 de mayo, según el Emc, pero a comienzos de este mes decidieron postergar la instalación de la mesa para garantizar la participación de organizaciones sociales, gremios y otros sectores, aunque sin definir una fecha, mientras la violencia arrecia en el territorio nacional.