Jaime Ortega Carrascal
Efe | LA PATRIA | Bogotá
La implementación del acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc pone a prueba la solidez del proceso que al salir del papel desnuda el descomunal reto al que se enfrenta el país en los próximos meses.
Pasada la euforia por la firma del acuerdo, la implementación se revela compleja y delicada en palabras del propio presidente, Juan Manuel Santos, una realidad que se constata en las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) donde están reunidos cerca de 7 mil guerrilleros, y en los procedimientos legales para su desmovilización.
Para empezar, la construcción de las 26 zonas veredales, que debería estar terminada en diciembre, se atrasó por diferentes motivos, principalmente de logística, y aún hoy no están concluidas en su totalidad.
Aún así, las Farc completaron el pasado 19 de febrero su traslado a esos lugares donde se preparan para dejar las armas y desmovilizarse, un movimiento calificado por Santos de "histórico" por las poderosas imágenes de centenares de guerrilleros armados a bordo de lanchas, autobuses y camiones en los lugares más remotos de Colombia para cumplir su parte.
Quejas
También comenzaron esta semana en esos lugares el proceso de "registro e identificación" de las armas que dejarán en manos de la ONU, paso fundamental para su tránsito a la vida en sociedad y para la consolidación de la paz.
Sin embargo, la precariedad de las instalaciones da pie a recriminaciones de las Farc al Gobierno, la más reciente hecha por el máximo jefe de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, quien en un mensaje de Twitter "invitó" al presidente "y a su comitiva a una visita más" a la zona veredal de Las Carmelitas, en Puerto Asís (Putumayo), donde el mandatario estuvo hace menos de dos semanas.
"Pero que no se olviden de sus botas", agregó Londoño en su mensaje, que acompaña con dos fotografías de los guerrilleros allí reunidos en medio un lodazal.
Plazos
Con todo, los problemas logísticos de las zonas veredales parecen menores frente a otros más delicados que tendrá que resolver el Gobierno en cuestión de semanas para evitar que se ponga en riesgo el proceso que tanto esfuerzo ha costado.
Según ha trascendido, los guerrilleros rasos están preocupados con la demora en el cumplimiento de otros asuntos acordados, como su seguridad física, jurídica y socio-económica una vez dejen las armas, aspectos prioritarios que sin embargo parecen trabados en la burocracia estatal.
La pregunta que muchos se hacen en el país es qué va a pasar a comienzos de junio, una vez concluya el periodo de 180 días que ya está corriendo y durante los cuales las Farc dejarán las armas para luego reincorporarse a la vida en sociedad.
Si el ingreso de los guerrilleros a las zonas veredales fue una tarea titánica que se retrasó más de dos meses con respecto a las fechas establecidas, su desmovilización será más compleja si se tiene en cuenta que una vez concluya esta fase habrá que buscarle un destino a cada uno de esos 7 mil hombres, así como a los cerca de 5 mil presos que en algún momento serán trasladados a esta zonas.
Hasta ahora no se conoce un plan para reincorporar a los desmovilizados a la vida en sociedad con alternativas de vida que los mantengan alejados de tentaciones como la de enrolarse en otros grupos armados ilegales que subsisten en el país o en el narcotráfico y que les dé la convicción de que dejar las armas fue la mejor decisión.
A estas preocupaciones se suma el temor expresado en una carta a Santos por un grupo de 28 generales en retiro, entre ellos Jorge Enrique Mora, que hizo parte del equipo negociador del Gobierno con las Farc, de que la implementación del acuerdo de paz ponga en peligro la seguridad nacional.
Estas situaciones ponen al Gobierno en una delicada maniobra de equilibrio para atender la letra del acuerdo con las Farc y al mismo tiempo responder a los temores de una sociedad que en buena parte es escéptica con la paz pese a que son innegables sus beneficios, algo que se refleja, por ejemplo, en el fin de la violencia de esa guerrilla que durante décadas ensangrentó al país.
Seguridad
A esa garantía socio-económica hay que sumar la preocupación de algunos guerrilleros por la demora en la liberación de los presos y en la aplicación de la Ley de Amnistía ya aprobada por el Congreso, que les garantizará no ser detenidos una vez dejen las armas y se desmovilicen.
Y en cuanto a la seguridad física, está el fantasma del genocidio de la Unión Patriótica, partido de izquierdas que nació en 1985 de otra negociación de paz con las Farc y que prácticamente fue exterminado mediante el asesinato sistemático de unos 4 mil de sus militantes.
Ese temor es alimentado por una ola de asesinatos de líderes sociales en los últimos meses en el país, pese a las promesas del Gobierno de que esos crímenes serán esclarecidos y no quedarán en la impunidad.
Apoyo incondicional
Los cancilleres de Noruega, Børge Brende, y de Holanda, Bert Koenders, visitaron el viernes la zona veredal de La Cooperativa, en el municipio Vista Hermosa (Meta), donde reiteraron que sus países seguirán apoyando la implementación del acuerdo de paz.
Los acompañaron el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jean Arnault, y el jefe negociador de las Farc en los diálogos de paz de Cuba, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.
Odebrecht habría pagado sobornos a las Farc
La constructora Odebrecht, protagonista del escándalo de sobornos más grande de América Latina, también habría realizado pagos por más de 20 años a las Farc a cambio de que les permitieran trabajar en las zonas dominadas por la guerrilla.
Según la revista “Veja” de Brasil, Marcelo Odebrecht, cabeza de la constructora, reconoció que desde la década de los 90 se hicieron pagos mensuales de entre 50 mil y 100 mil dólares. Así se lo hizo saber al Procurador General de Brasil, quien ya inició las indagaciones formales.
“No son ilegalidades semejantes al pago hecho a políticos, pero tampoco se trata de una actividad limpia”, dijo la publicación brasileña.
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