La ONU pide acciones para frenar crisis carcelaria

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó el pasado viernes al Gobierno Nacional hacer todo lo necesario para mejor las condiciones carcelarias en el país, al tener en cuenta no solo que el hacinamiento está en el 55%, sino que hay denuncias de malos tratos y graves condiciones.

¿Qué llevó a las Naciones Unidas a hacer esta recomendación? El pronunciamiento se da luego de que el Gobierno Nacional presentara su séptimo informe sobre la situación de derechos civiles y políticos en Ginebra en octubre y que recibiera sendas críticas por los integrantes del Comité, a pesar de algunos esfuerzos institucionales reconocidos.

Entre los insumos que recibió el Comité para la sesión de octubre en Ginebra se encuentra un informe de la Defensoría del Pueblo que dedica 24 de sus 30 páginas a la crisis carcelaria y que advierte el desolador panorama en los penales por el hacinamiento, la infraestructura obsoleta, la deficiente atención en salud y los deficientes programas de resocialización.

De hecho, la situación es tal que ni las tutelas que los jueces fallan a favor de los reclusos sirven para algo pues, según la Defensoría, en la cárcel de Acacías, Meta, por ejemplo, hay 250 tutelas a su favor y se han tenido que promover 151 desacatos por el incumplimiento de las autoridades carcelarias.

El 5 de noviembre se cumplieron seis meses de la declaratoria de emergencia carcelaria y para la Defensoría es necesario que se decrete el estado de excepción de emergencia social para garantizar, cuando menos, la vida e integridad física de los reclusos.

Hacinamiento

“A 12 de agosto del 2016, la población privada de la libertad en los 137 centros de reclusión a cargo del Inpec ascendía a 120 mil 801 personas, lo que supone un hacinamiento del 55%, esto es, 42 mil 746 reclusos por encima de la capacidad de las cárceles y penitenciarias del orden nacional, que en la misma fecha se ubicaba en 78 mil 55 cupos carcelarios”.

Aun así, dice la Defensoría, la cifra no refleja la magnitud de la problema porque 20 de los penales tiene porcentajes de hacinamiento que oscilan entre el 100% y el 440% afectando a 34 mil 566 internos.

Se destacan Riohacha (440%), Valledupar (406%), Santa Marta (371%), Andes, Antioquia (261%), Caloto (302%), Cali (255%), Apartadó (242%), Magangué (237%), Aguachica (188%), La Paz, en Itagüi (183%), Barranquilla (159%), Pasto (153%), seguido de Barrancabermeja, Montería, Leticia, Sincelejo, Manizales y Santander de Quilichao, otro penal más en Barranquilla, Palmira y Medellín.

Mala atención en salud

La Defensoría del Pueblo explicó que para el 1 de agosto del 2016, con cuatro meses de declaratoria de emergencia, había 846 profesionales de la salud contratados y un déficit de 306 por contratar, para atender a 120 mil personas. De hecho, el examen de la entidad habla de un médico por cada 718 internos, un odontólogo por cada 965 internos.

Igualmente, había pendientes por autoriza 15 mil 647 procedimientos y deficiencia en insumos de medicamentos y materiales para atender a 10 mil 587 enfermos graves.

Las cifras a agosto hablan de 672 enfermos de VIH, 114 de cáncer, 50 de insuficiencia renal crónica, 1.220 de diabetes, 4.525 de hipertensión arterial, 168 de enfermedad pulmonar, 39 con varicela, 3 de parotiditis, 290 de tuberculosis, 2.470 pacientes con enfermedad psiquiátrica, 82 con enfermedad diarreica, 600 con enfermedades cardiovasculares y 345 con infección respiratoria aguda.

A este panorama se suma que en algunos penales se ha suspendido durante el año el servicio médico, como en San Andrés, Bellavista, Girón, Cúcuta; y que otros no cuentan con servicio dentro de las cáceles como en Fresno, Acacías, Yarumal, entre otros.

La entidad aseguró que las principales causas de esta situación son fallas en el nuevo modelo de atención que tenía ocho meses para implementarse, pero que debió asumir de inmediato la atención debido a la imposibilidad de Caprecom, en liquidación, de continuar con los servicios de salud, cuando el Fondo Nacional de Salud a la Población Privada de la Libertad todavía carece del personal adecuado.

Malos tratos

Ahora bien, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también recomendó “intensificar sus esfuerzos para prevenir la tortura y los malos tratos en los lugares de privación de la libertad; y velar por que todas las alegaciones de tortura y malos tratos sean investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial”.

En este sentido, las organizaciones Congreso de los Pueblos y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) entregaron un informe a las Naciones Unidas para la sesión de octubre en la que denuncian el uso de medidas de aislamiento con castigo y el uso excesivo de la fuerza contra pacientes psiquiátricos o farmacodependientes o con gas pimienta y lacrimógenos para situaciones donde no hay disturbios.

Las organizaciones denunciaron a la ONU situaciones como temor de los internos a denunciar violaciones de derechos humanos por miedo a amenazas, a recibir sanciones por reportes falsos sobre elementos incautados en operativos de registro o a traslados lejos de la ciudad donde están sus familiares.

Para la Defensoría no solo se debe declarar el Estado de excepción de emergencia social, sino dar más personal al Fondo Nacional, hacer un servicio detallado de los reclusos y sus enfermedades y que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), destine los recursos suficientes para el suministro de equipos médicos.

Igualmente, recomendó que el Fondo pueda contratar de manera directa y que se legalicen los contratos de prestación de servicios con el personal médico adscritos a cada establecimiento de reclusión.

Sobre la infraestructura, la Uspec referenció 20 nuevas obras para 6 mil 704 reclusos, de las cuales, en 13 seleccionadas por la Defensoría solo dos estaban terminadas: Espinal y Tierralta.

Destacado

En los 137 centros de reclusión de Colombia hay 120 mil 801 internos.

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20 de los 137 penales tienen porcentajes de hacinamiento que oscilan entre el 100% y el 440% afectando a 34 mil 566 internos.