A la mesa de diálogos llegan medidas humanitarias

 Al reanudarse la discusión en la mesa de diálogos, el punto central en el que girarán las reuniones de las delegaciones será el desescalamiento del conflicto, punto tratado en los encuentros previos que sirvió para superar la crisis en la que entró el proceso de paz, luego del secuestro del general Rubén Alzate por las Farc. 

A este punto se suma la negativa del Gobierno, ante la petición de las Farc, de solicitar un cese el fuego bilateral. El presidente Juan Manuel Santos ha sido enfático en señalar que no habrá un cese de la ofensiva militar hasta que no se firme el acuerdo final. 

En esa vía, el jefe de la delegación negociadora del Gobierno, Humberto De la Calle, expresó que durante el tiempo que dure la discusión no se hablará de cese el fuego temporal, armisticio o tregua, pero sí de posibles medidas destinadas al fin del conflicto. 

“No estamos hablando de regularizar la guerra sino de terminarla. Y estamos pensando que puede haber inicialmente medidas, más de carácter humanitario que militar, que vayan bajando la intensidad de la confrontación”, precisó De la Calle. 

El jefe de la delegación del Gobierno aclaró que no se está hablando de un alargamiento de las conversiones o un cambio en el modelo de la negociación con las Farc, sino de medidas que lleven a una negociación rápida. 

“Les dijimos a las Farc que si la idea de ellos es que se llegará a un cese el fuego temporal aumentando los ataques a la población civil están equivocados, el Gobierno no cambia su punto de vista de que lo que quiere es un cese del fuego definitivo”, afirmó. 

Son necesarias esas normas 

Las normas humanitarias de las que habló Humberto De la Calle, serían un grupo de acciones que tanto Farc como el Gobierno estarían dispuestos a asumir luego de llegarse a un acuerdo parcial. 

El director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, precisó que el desescalamiento del conflicto se daría de una forma gradual “en que las partes se inhiben de hacer para afectar la población civil y a la vez demuestran una voluntad real de finalizar las confrontaciones en el país”. 

Este desmonte de actividades iría desde el cese en la instalación de minas antipersonal y el reclutamiento de menores de edad, hasta evitar las confrontaciones en zonas con presencia de la población civil, como iglesias, escuelas o parques infantiles. 

Casos como el ocurrido en una escuela rural de Inzá, Cauca, donde la guerrilla instaló, a escasos 10 metros, artefactos explosivos, han llevado a que la población civil vuelva a exigir a los violentos que no los involucren en las confrontaciones armadas. 

Lo que se quiere entonces es dejar a la población civil por fuera de las hostilidades. Para el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, se debe buscar que de alguna forma “este conflicto armado recupera la identidad de conflicto y deje de ser una guerra irregular. Lo ideal es que se implemente en las zonas donde las personas son las más afectadas por las acciones militares de ambos bandos”. 

Para Ortega, ese mínimo de normas humanitarias estarían definidas en una especie de decálogo que incluiría el cumplimiento por las partes, de no realizar ataques indiscriminados, tener presente el principio de distinción, y respetar los bienes de la población que está por fuera de las hostilidades y conflictos. 

Pero no solo este mínimo de normas humanitarias llevaría al desescalamiento de las acciones militares. Luis Eduardo Celis, analista del conflicto armado, asegura que también debe bajársele la temperatura a los ataques a la infraestructura. “Deberán frenarse los atentados a la infraestructura energética del país, así también como los recursos que afecten a la población”. 

El reinicio de los diálogos se centrará en la forma de bajarle la intensidad al conflicto, acciones que en los últimos días lo han puesto en la cuerda floja, presionada por las partes negociadoras.