La jugada del Gobierno para salvar la agenda legislativa anticorrupción

Colprensa | LA PATRIA

En agosto del año pasado, luego de la muy alta votación obtenida por la consulta anticorrupción, el entonces recién posesionado presidente Iván Duque se comprometió con los partidos que promovieron ese mecanismo de participación ciudadana a impulsar en el Congreso la esencia de las propuestas incluidas en ella.

Sin embargo, a dos semanas del terminar las sesiones ordinarias del Congreso, no hay ninguna ley o reforma constitucional de las acordadas por Duque con la mesa técnica anticorrupción que haya sido aprobada.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, asegura que antes del 20 de junio es posible cumplir el compromiso del jefe del Estado, porque hay voluntad del gobierno y de los partidos para que se aprueben las reformas necesarias.

Luego del complejo trámite de las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP, del hundimiento de la reforma judicial y la reforma política y de la aprobación de varias leyes claves para el funcionamiento del gobierno como la ley de financiamiento, el presupuesto general del 2019, el presupuesto de regalías 2019-2020, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la ley de reformas al sector de las TIC, cumplir con este compromiso es ahora la prioridad en lo que queda del periodo legislativo.

A menos de quince días del cierre de esta legislatura, la agenda anticorrupción será una de las preocupaciones principales del gobierno, para tratar de 'hacer caja' en esta materia.

La estrategia que empleará el Gobierno para lograr salvar la mayor parte de esta agenda será buscar que se dé la votación final del estatuto anticorrupción en materia penal y administrativa.

Esta iniciativa fue radicada y luchada por el anterior fiscal general Néstor Humberto Martínez, pero hasta el momento de dejar ese cargo no había logrado convencer al Senado para que le votaran la reforma.

El estatuto se frenó en la plenaria de la corporación durante tres semanas, pese a que estaba como prioridad para su discusión, en particular porque muchos senadores se declararon impedidos.

Sin embargo, hace dos semanas se logró un acuerdo con el recién llegado fiscal encargado, Fabio Espitia, y los partidos, en particular los independientes y un sector de la oposición, para que sea a través de este proyecto que se salve parte de la agenda de los proyectos anticorrupción.

El estatuto prevé la terminación unilateral de los contratos en casos de corrupción, la eliminación de beneficios penales y la prohibición para que aquellos que financien campañas políticas no se beneficien de contratos públicos, en lo cual coincide con los puntos de la consulta anticorrupción, y además sería adicionado con el punto dos de la Consulta que contempla la eliminación de los beneficios penales a los condenados por los llamados delitos "de cuello blanco".

También sería adicionada al estatuto la disposición que fija mayores inhabilidades a los condenados por corrupción, pues el proyecto de ley que la contiene, que actualmente  surte su trámite en la Cámara, apenas va para segundo debate. Y algo similar ocurre con la prohibición de casa por carcel para los corruptos y la eliminación de los lugares especiales de detención para exfuncionarios, que estaban congeladas en la Comisión Primera de la Cámara.

Sumado a este proyecto, el gobierno espera que la plenaria de la Cámara de Representantes incorpore en el orden día el proyecto de ley de declaración pública de bienes y de renta de los funcionarios del Estado, incluyendo los propios congresistas.

“Esta es una norma bastante gruesa, tiene varios mecanismos de lucha contra la corrupción, incluidos por la Fiscalía y por diferentes partidos, tiene dos orientaciones, en materia penal y administrativa, eso quiere decir que modifica algunos puntos de la ley 80”, explicó la ministra Gutiérrez al defender la concentración de la mayoría de los proyectos en el estatuto.  

Aunque los verdes se comprometieron a apoyar que el paquete anticorrupción sea aprobado de esa manera, la senadora de ese partido Angélica Lozano manifestó su malestar porque la agenda anticorrupción va a terminar saliendo peluqueada.

Los que sí no parecen tener salvación son los que sucumbieron en su trámite legislativo: dos reformas constitucionales para bajar el salario de los congresistas,  que no se pudieron votar por los impedimentos presentados por los congresistas y la creación de audiencias públicas para la asignación del presupuesto, el cual según explicó la ministra Gutiérrez, no ha podido ser debatido en seno de la Comisión Cuarta del Senado. Se requiere de al menos una votación para que no sea archivado.

La otra agenda 

En estos menos de quince días que faltan también tendrán que cumplir su curso legislativo varios proyectos de interés para el Gobierno, pues está descartado, según ha dicho la ministra del Interior, que el Congreso sea convocado a sesiones extras.

Entre ellos, uno de los más importantes es el proyecto de reforma constitucional que señala que el secuestro y el narcotráfico no serán conexos al delito político.

Esta iniciativa gubernamental señala que, en ningún caso, los delitos de secuestro o aquellos que atenten contra la libertad, integridad y formación sexual en menores, al igual que los delitos relacionados con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados como delitos políticos o conexos, lo que significa que no habrá amnistía ni indulto.  

En el proyecto ya se dejó claro que las mismas no serán retroactivas y se implementarán solo a partir de la vigencia del mismo, de modo que no afectarán lo acordado con las Farc. A la reforma le falta solo un debate en plenaria de Senado, para completar su primera vuelta.

Otra reforma constitucional a la que le falta solo un debate para cerrar su primera vuelta es la que elimina cualquier tipo de conexidad del delito de narcotráfico con el político. Al igual que el anterior sólo se aplicará a futuro y no afecta lo que se pactó y aprobó ya en los acuerdos de paz. El único debate que le falta es en plenaria del Senado.

A la reforma constitucional que modifica el esquema de la asignación de las regalías le falta igualmente la aprobación de la plenaria del Senado para completar su primera vuelta. Ya fue avalado por la comisión primera de esa corporación.

La ley de garantías, que se tramita como ley estatutaria y con mensaje de urgencia,ya fue aprobada, hace dos semanas, por las Comisiones Primeras conjuntas, pero ahora deberá tener su discusión en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

Este proyecto es especial porque al no existir ya la reelección presidencial, el impedimento que rige para los entes territoriales y los organismos del Estado de no poder contratar en época no tiene ya razón de ser. Sin embargo, así sea aprobado en las plenarias antes de dos semanas, ya no regirá para las elecciones de octubre porque, al ser ley estatutaria, tendrá que pasar primero el análisis de legalidad que le haga la Corte Constitucional.

La lista de proyectos de interés del gobierno se cierra con uno que está a un paso de ser ley, el que determina que a 2035 se cambiar todo el transporte público que funciona en la actualidad con gas o gasolina a vehículos eléctricos. Al mismo solo le falta ser conciliado.