La deuda de la restitución de tierras con las comunidades indígenas

Por Alejandra Bonilla Mora

Bogotá. El proceso de restitución de tierras sigue en deuda para las comunidades étnicas del país, tanto indígenas como afrodescendientes, pues de 61 casos, 32 están en fase administrativa y 24 en demandas, sin avances concretos para sus integrantes. Hasta el momento se han dictado cinco fallos y ni siquiera ello permite la garantía de retorno y titulación de sus terrenos.

El caso más emblemático a la fecha es del Resguardo de Tahami del Alto Andagueda, ubicado en Bagadó, Chocó, con una población aproximada de 7000 indígenas del pueblo Embera Katio y del cual hacen parte 33 comunidades indígenas.

Víctimas de desplazamiento y de confinamiento forzado por cuenta de los enfrentamientos en su resguardo entre las Farc, el Eln, narcos y mineros ilegales, este pueblo Embera también tuvo que vivir como se hacían concesiones mineras a multinacionales por más del 63 % de territorio, según dan cuenta las organizaciones sociales que acompañan el caso como la Federación Luterana Mundial, Pastoral Social y Colectivo de Juristas Akubadaura.

Uno de sus líderes, quien acudió a Bogotá para un foro organizado por el Cinep, Dejusticia, Indepaz, Codhes, y otras organizaciones, explicó que a pesar de tener ya fallo del Tribunal Superior de Antioquia, desde septiembre de 2014, no hay avances concretos que materialicen lo que dice la sentencia, que protegió los derechos territoriales de la comunidad y rechazó las oposiciones presentadas por empresas mineras.

Este es el primer caso con fallo en comunidades étnicas. Habla de 50.000 hectáreas y benefició a 1420 familias. Además, ratificó una medida cautelar en su favor y suspendió los estudios y trámite de las solicitudes de títulos mineros que traslapen los límites del resguardo, de los contratos de concesión y ordenó la recuperación de las zonas del resguardo que han sido explotadas por las empresas mineras.

No obstante, “después de dos años, dos meses y trece días de la expedición de esta sentencia, podemos afirmar que no existen avances significativos en el cumplimiento de las órdenes emitidas por el juez de restitución de tierras”.

De 33 órdenes expedidas en la sentencia solo se ha avanzado en tres que tienen que ver con un estudio ambiental que hizo el Ministerio de Ambiente, una evaluación sobre las afectaciones culturales que hizo el Ministerio de Cultura y al avance en construcción de escuelas por parte del Ministerio de Educación.

Hasta el momento, explican las organizaciones sociales, han realizado dos audiencias de seguimiento por el Tribunal Superior de Antioquia Especializado en Restitución de Tierras sobre el nivel de cumplimiento de las órdenes en las que se ha evidenciado un bajo avance por parte de varias autoridades, especialmente de Bagadó, como la Gobernación del Chocó.

Entre los principales obstáculos se señala la falta de un enfoque diferencial étnico para que sea incorporado por las Instituciones para dar soluciones, por la Unidad de Restitución de Tierras en las demandas y por los jueces para dar las órdenes.

La falta de enfoque diferencial étnico se ha evidenciado en las otras cuatro sentencias que tiene que ver con el Consejo Comunitario Renacer Negro en Timbiquí, Cauca, por 70.149 hectáreas y 739 familias; del Resguardo Dóvida Dogibi en Ungía, Chocó, por 3418 y 16 familias; y de la Comunidad Nuevo Espinal de la comunidad Wayúu en Barrancas, La Guajira, por 381 hectáreas y 37 familias.

De acuerdo con el balance que presenta el Cinep, “la política de restitución se ha encontrado con una enorme complejidad debido a la no formalización de los territorios étnicos lo que hace que un mismo territorio existan segundos y terceros ocupantes”.

A esto se suma que el despojo continúa, mientras que hay grandes intereses económicos legales detrás de los territorios colectivos étnicos y a la presencia de grupos armados ilegales se disputan el control de territorios para actividades de narcotráfico y minería ilegal.

En criterio de las organizaciones, no hay garantías de no repetición pues subsiste la “altísima impunidad del delito de desplazamiento” y del abandono forzado y despojo de territorios étnicos.

“Es urgente garantizar la protección colectiva e integral de las comunidades reclamantes de tierras, así como la seguridad de sus territorios. Hacemos un llamado a la protección integral de las comunidades, de sus líderes y lideresas, de los defensores de derechos humanos, y en especial, de los reclamantes de tierras”, precisó el Cinep.

OTROS CASOS

Los siguientes son otros casos referenciados por las diversas organizaciones sociales para dar cuenta de la situación de las comunidades indígenas.

Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular y Campesina del Alto Atrato, Cocomopoca
Organizaciones acompañantes: Tierra Digna, Federación Luterana Mundial (Flm), Pastoral Social y Codhes.
Localización: Se trata de 3200 familias afrodescendientes que han ocupado las cuencas de los ríos Atrato, Andágueda, Capá y Tumutumbudó en los municipios de Lloró, Bagadó, Atrato y Cértegui, en el departamento del Chocó.

Por cuenta del conflicto, se reseña que Cocomopoca pasó de tener 30.000 habitantes a finales de los 90 a 12.000 en la actualidad, y que 13 de las 46 comunidades locales que integran la organización están abandonadas. Sus tierras son ricas en oro y platino por lo que hay minería ilegal y “21 contratos de concesión con empresas mineras e individuos sobre 17.303 hectáreas del territorio colectivo”.

El juez de Restitución de Tierras de Quibdó le otorgó medidas cautelares a la comunidad, la demanda de la Unidad de Tierras fue admitida el 25 de febrero de 2015 y, según afirman sus líderes, hasta la fecha no hay fallo, en una situación que califican de dilación injustificada porque a raíz de las oposiciones que han presentado empresas mineras, el caso fue enviado al Tribunal Administrativo de Antioquia, que luego lo devolvió al juzgado por vicios de forma.

Para las organizaciones acompañantes, “no hay una respuesta institucional a las víctimas ni eficiencia en el cumplimiento de las medidas, sin ningún criterio de preferencia o prelación”.

Consejo Comunitario Eladio Ariza
Organización acompañante:  Observatorio de Territorios Ètnicos y Campesinos
Localización: Pertenece al municipio de San Jacinto, Bolívar en los Montes de María. El territorio ocupado ancestralmente es de 2186 hectáreas.

En este caso, el 9 de julio de 2010 se presentó solicitud de titulación colectiva por 600 de las 2186 hectáreas que fue aceptada en 2011 y que actualmente se encuentra en estudio socioeconómico y visitas técnicas, según el observatorio.

Según se explicó, “hay 1041 hectáreas dentro y en los alrededores del territorio ancestral que se encuentran sembradas de palma y en manos de terceros (…) Hay 44 títulos de propiedad privada dentro de las 600 hectáreas para titulación colectiva y 60 predios en el área total del territorio ancestral de la comunidad”.

En cuanto al proceso de restitución de tierras, en noviembre de 2015 se admitió la demanda pero la misma se retiró porque el pasado mes de julio el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de El Carmen de Bolívar pidió una nueva georreferenciación, así como una identificación de los predios que hacen parte del territorio ancestral y los que no, indicando si sus propietarios hacen parte de la comunidad o no. Igualmente, solicitó mapas del territorio ancestral y de las plantaciones de palma.

Consejo Comunitario de la Larga Tumaradó (Cocolatu) 
Organización Acompañante: Cinep/PPP
Localización: Ubicado en la subregión del Bajo Atrato, comprende parte del municipio de Riosucio (Chocó), Turbo y Mutatá (Antioquia), con una extensión de 107.064 hectáreas y 46 comunidades habitadas tradicionalmente por afrodescendientes y mestizos.

De acuerdo con el Cinep, por cuenta de los paramilitares hubo un desplazamiento masivo en el año 2000 y actualmente empresarios ocuparían el 94 % de los territorios aptos para ser utilizados y aprovechados por las comunidades en el territorio colectivo. Además, “existen al menos nueve ocupantes de mala fe que están usufructuando los territorios”.

El proceso de restitución inició en el año 2014 y se encuentra en fase de resolución de conflictos intra e interétnicos. La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Defensoría del Pueblo solicitaron medidas cautelares con el fin de proteger a las comunidades pertenecientes al territorio colectivo de La Larga Tumaradó, que fueron ordenadas por el juez del juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó.

Resguardo Indígena Caño Ovejas 
Organización de Monitoreo: Mapp-Oea
Localización: Ubicado en Mapiripán, Meta, cuenta con una extensión titulada de 1720 hectáreas, distribuidas en dos globos discontinuos, uno de ellos el de Betania, con aproximadamente 300 familias en 1280 hectáreas y otro Corocito con 100 familias aproximadamente en 440 hectáreas.

La comunidad Sikuani refiere haberse visto afectada por la proliferación de cultivos de coca y la presencia de actores armados ilegales, provocando confinamiento en zonas selváticas inhóspitas, desplazamiento y amenazas; así como hambrunas.

En 2014, la Unidad de Restitución de Tierras presentó la demanda de restitución de derechos territoriales pero en 2016, ante las dificultades para tramitar el caso, se solicitó una medida cautelar. Además, se desistió de la petición de formalización del área de lo que se conoce como las fincas Rebelde, Pácora y La Conquista, en la que está asentados actualmente familias del pueblo Jiw, desplazados de su territorio en las orillas del río Guaviare.