Hugo Penso Correa
EFE | LA PATRIA | Barranquilla
La compra de votos, un fenómeno arraigado en la política, resurge cada vez que hay elecciones por la acción de grupos que mueven montañas de dinero para sobornar a los electores a cambio de su apoyo en las urnas, pese a ser un delito que se castiga hasta con nueve años de prisión.
Detrás de esta práctica hay toda una estructura logística que les permite a las organizaciones políticas saber de antemano la información de los votantes y los puestos donde sufragan, así como movilizar ingentes cantidades de dinero en efectivo para pagar a los electores.
Los altos índices de pobreza, la baja cultura ciudadana y un sofisticado andamiaje político-electoral aparecen como las principales causas de la compraventa de votos en el país que el próximo domingo celebrará elecciones legislativas.
El caso de la prófuga excongresista barranquillera Aida Merlano, refugiada en Venezuela y desde donde ha lanzado acusaciones de corrupción electoral contra una gran cantidad de políticos colombianos que habrían sido sus cómplices en la compra de votos, es el más emblemático de esta práctica.
Dinero a manos llenas
Francisco Castillo (nombre cambiado por seguridad) es conocido en los círculos políticos de Barranquilla como el “consejero”, dadas sus buenas relaciones con partidos para los que ha trabajado como organizador de compra de votos durante 35 años, lo que le permite, según dice, “poner a funcionar la tienda”.
Explica que actualmente los “mochileros” (personas que solían cargar un morral con grandes sumas de dinero en efectivo con el cual pagaban a quienes vendían su voto a los políticos) son “empleados con un sueldo mensual” que responden por determinado número de votos el día de las elecciones. “Hay fundaciones sociales que ellos manejan y que entregan ayudas a las personas necesitadas, como regalos, electrodomésticos, mercados o materiales de construcción” a cambio del voto, añade.
Mercedes Escorcia (nombre cambiado) vive en una de las zonas con más altos índices de pobreza de Barranquilla y a sus 65 años no recuerda que alguna vez haya votado sin que los políticos le pagaran.
“La primera vez que voté fue en 1978, cuando en el barrio La Chinita estaban comprando el voto. Da lo mismo que a uno le paguen o no le paguen por votar, porque siempre ganan los mismos, entonces prefiero que me paguen y con eso resuelvo al menos un día de comida”, dice.
Escorcia añade: “Hubo veces en que voté por uno diferente al que me pagaba, como cuando ganó el cura Bernardo Hoyos, pero me daba miedo que me pasara lo de un vecino a quien un político llegó a cobrarle porque no ganó y con una cadena amarrada a su camioneta le arrancó la puerta de su casa”.
“Hoy están pagando 70.000 pesos. Me dieron 20.000 pesos el día de la inscripción de la cédula y me van a dar 50.000 cuando les entregue el certificado de votación que entregan los jurados”, añade.
Derechos sociales y políticos
Para el coordinador en el Atlántico de la ONG Misión de Observación Electoral (MOE), Jorge Hernández Hayek, “es necesario que las autoridades tomen desde ya medidas para prevenir irregularidades y evitar que se cometan delitos electorales en estos puestos de votación que presentan riesgo consolidado o en sus alrededores”.
“Las modalidades de compra de votos van cambiando y en algunas zonas del departamento se entregan electrodomésticos y prebendas como regalos, manejados como donaciones o rifas. Ya no es esa práctica de una persona con una cantidad de dinero interactuando con votantes, ahora es mucho más discreto”, dice.
El presidente ejecutivo de la ONG Corcaribe, Dany Oviedo Marino, explica que “este tipo de prácticas repercutirá en las elecciones del domingo y en las de Presidencia de mayo y podrían llegar a afectar de manera definitiva los resultados electorales”.
En el extranjero
El investigador Diógenes Rosero explicó que “en los procesos de transición democrática en otros países también hubo compra de votos pero, a diferencia de Colombia, eso ya no ocurre porque mejoraron las condiciones de vida de los ciudadanos y por ende la cultura ciudadana y la cultura política”.
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