Noticias de Manizales y Caldas,
Abril 19 2024
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Abril 19 2024
Lucía Leal
EFE|LA PATRIA|WASHINGTON
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió ayer su 144 período de sesiones, que se extenderá hasta el 30 de marzo y en el que analizará la situación de las cárceles y el sistema judicial en el continente, entre otros.
El respeto a los derechos humanos de colectivos como los pueblos indígenas, las mujeres o los homosexuales será otro de los temas protagonistas en el periodo de sesiones que comienza hoy y que entrará en materia el viernes con el comienzo de las audiencias públicas.
Tras la cancelación de la audiencia que iba a examinar el caso del diario El Universo en Ecuador, después de que el presidente Rafael Correa perdonara la pena a los cuatro condenados en ese proceso, se prevé que la situación del sistema judicial y carcelario en el continente sea el más destacado en este periodo de sesiones.
El tema abrirá el viernes la sesión de audiencias públicas, con una convocatoria en la que seis organizaciones no gubernamentales presentarán su análisis de las amenazas a la independencia judicial en Centroamérica.
Le seguirán audiencias sobre los derechos de las personas privadas de libertad en México, sobre los migrantes desaparecidos y los restos no identificados en ese mismo país, y sobre la situación de los derechos humanos de pueblos indígenas en Argentina.
La única audiencia sobre Cuba, que no contará con representantes del Estado y que estará centrada en las denuncias de agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos, será la encargada de cerrar la sesión el viernes.
El sábado 24 los comisionados sostendrán su tradicional jornada a puerta cerrada, en la que celebrarán un total de 23 reuniones de trabajo.
En una de ellas se debatirá sobre la situación en Guantánamo, y en otra sobre el atentado con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994, en el que murieron 85 personas.
Otras reuniones examinarán la situación de varios pueblos indígenas de Colombia, además de un caso de militares suspendidos de las Fuerzas Armadas de México por tener VIH.
La CIDH volverá a abrir sus puertas el lunes 26, con una de las audiencias más destacadas del calendario: la solicitada por el Estado de Honduras para explicar la situación en las cárceles del país tras el incendio en marzo en el penal de Comayagua, que causó 361 muertos.
El respeto a los derechos humanos en Antioquia (Colombia) y la situación general de los derechos de las mujeres en ese país completan la agenda del lunes, en la que también se examinará el estado de los derechos humanos en Perú, Nicaragua y Haití.
Estados Unidos inaugurará la sesión del martes con una audiencia sobre la situación de los derechos de los migrantes detenidos y repatriados en la frontera sur del país, y otra sobre el respeto al debido proceso en el caso concreto del mexicano Virgilio Maldonado, condenado a muerte en Texas pese a su presunta discapacidad mental.
Venezuela contará, como en los últimos años, con una audiencia a puerta cerrada ese mismo día sobre su situación de derechos humanos, seguida de otra abierta sobre el derecho a la libertad de expresión en el país.
Los comisionados también escucharán el martes alegatos sobre el estado de la independencia judicial en El Salvador y la situación de defensores de derechos humanos en Guatemala.
La última jornada de audiencias públicas, la del miércoles 28, estará protagonizada por dos sesiones plenarias. En una de ellas, los comisionados presentarán su informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el continente, y en otra evaluarán cómo fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos.
En esa última examinarán una serie de recomendaciones aprobadas en enero por el Consejo Permanente de la OEA sobre el funcionamiento del sistema y que según algunas ONG buscan limitar la autonomía de la CIDH, que ha emitido en los últimos tiempos dictámenes muy duros contra los gobiernos de países como Venezuela, Ecuador y Brasil.
En una conferencia de prensa el pasado viernes, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, consideró que en la lista de recomendaciones hay "aportes muy positivos", aunque aseguró que algunas de ellas ya las ha adoptado el organismo, que opera de forma autónoma respecto a la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió ayer al gobierno de Colombia que realice una investigación "exhaustiva" para esclarecer el asesinato del periodista Argemiro Cárdenas, fundador de una radio comunitaria y exalcalde de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato y solicitó una investigación "diligente, oportuna y exhaustiva".
En este sentido, pidió a las autoridades que no descarten la posibilidad de que el crimen "esté relacionado con el trabajo periodístico de la víctima", indicó la CIDH en un comunicado.
Cárdenas, que había sido alcalde de Dosquebradas, era el fundador y gerente de la emisora comunitaria, La Metro Radio 92.1 FM.
Según la CIDH, Cárdenas recibió una llamada en la emisora para encontrarse con una persona y cuando iba camino a la cita un desconocido se le acercó y le disparó en varias ocasiones.
El fallecido era además el director de la Red Radial Cafetera y representaba a la región del occidente colombiano ante el Comité Consultivo de Radio del Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (MINTIC), y el pasado 1 de marzo pasado fue postulado para el cargo de Representante Nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).
Las autoridades todavía desconocen la razón del asesinato e investigan varias hipótesis.
La Relatoría Especial "urge a las autoridades a esclarecer las causas del crimen, identificar y sancionar a los responsables y reparar de manera justa a los familiares de la víctima".
"El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión", recordó la CIDH.
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