La caída de un expresidente de la corte

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Sin precedente alguno para la Corte Suprema de Justicia, ayer, en medio de un bochornoso escándalo de corrupción, la Fiscalía General de la Nación obtuvo y materializó la captura de uno de sus expresidentes, el exmagistrado Francisco Ricaurte.
Horas después de haberse presentado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para hacer un cara a cara con el senador Musa Besaile, la captura se dio por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, uso abusivo de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

La detención se dio en el propio búnker de la Fiscalía a donde Ricaurte había llegado hacia las 6:00 de la tarde de este miércoles en compañía de su abogado, Álvaro Luna Conde, quien aseguró que el jurista “siempre ha dicho que está dispuesto a presentarse ante la autoridad judicial que lo requiera” y que por eso fue de manera libre y voluntaria.
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que Ricaurte será imputado mañana ante los juzgados de Paloquemao por “hechos de corrupción en la administración de justicia”.
Además, aclaró que la petición de la orden de captura ante un juzgado de control de garantías se hizo a las 3:00 de la tarde de hoy y se emitió hasta las 7:20 de la noche.
De esta manera, Ricaurte se convierte en el primer exmagistrado en tener que responder ante la justicia, desde que se conoció este vergonzoso episodio de presunta compraventa de fallos en la Corte Suprema de Justicia. Y esto fue posible porque se le reprochan actos que habría cometido una vez dejó la magistratura, por lo que no lo cobija fuero alguno.
Tal vez una de las declaraciones más determinantes en su contra la entregó ayer el exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien dijo que la petición de dinero al senador Musa Besaile para frenar su proceso por ‘parapolítica’ en la Corte fue un acuerdo con Ricaurte, con pleno conocimiento de causa de parte del magistrado Gustavo Malo.
Se pudo establecer que, según Moreno, de los 2000 millones que pagó Besaile, 700 los recibió de parte de su abogado de entonces, Luis Ignacio Lyons. Y, de estos, Moreno dijo que le entregó personalmente 550 millones a Ricaurte. De hecho, ya la Sala de Instrucción que lleva este caso en la Corte Suprema de Justicia busca esclarecer qué pasó con los otros 1300 millones de pesos.
El testimonio de Moreno además hizo referencia a varios encuentros con Ricaurte y Malo, algunos incluso en la propia casa de Ricaurte, para hablar sobre el proceso de Besaile. Por esa razón, la Sala de Instrucción envió copia a la Fiscalía General de lo dicho por Moreno contra Ricaurte y enviará copias a la Comisión de Acusaciones para el caso de Malo.
De hecho, el martes en la noche, tras la declaración de Moreno, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue a la Corte Suprema de Justicia, donde sostuvo una reunión con el magistrado Luis Antonio Hernández, quien lidera la Sala de Instrucción que está investigando la corrupción en la justicia.
El caso contra Ricaurte en la Fiscalía inició luego que el pasado 29 de agosto la Sala de Instrucción compulsara copias luego que Besaile hiciera la confesión del pago de dinero, afirmando que supuestamente era víctima de un constreñimiento y que fue Ricaurte quien le aconsejó que tuviera de abogado a Moreno.
Contra Ricaurte, además, la Sala de Instrucción también había compulsado copias el pasado 15 de agosto en contra de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, luego que la Fiscalía le hiciera llegar a la Corte las pruebas de los Estados Unidos en las que quedaron registradas las charlas entre Luis Gustavo Moreno, el abogado Luis Pinilla y el exgobernador de Córdoba Luis Ignacio Lyons, en donde se comenta cómo se habría pagado para direccionar ciertos procesos en la Corte.

Perfil
Ricaurte, quien hasta hace unos días aspiraba a integrar el Tribunal de Paz, no ha sido ajeno a los escándalos. Inició su carrera como citador y escribiente en Cartagena, fue juez civil municipal y juez laboral del circuito, así como magistrado de la sala de descongestión laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, magistrado auxiliar y magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual presidió el año 2008.
Luego fue elegido como magistrado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura hasta que, en 2014, el Consejo de Estado declaró nula su elección, en una decisión que puso fin al denominado ‘yo te elijo, tú me eliges’ entre las Altas Cortes. Esto, porque él como magistrado de la Corte Suprema participó en la elección de varios integrantes de esa Corte, quienes luego lo eligieron como miembro de la Judicatura.
Su nombre igualmente fue reseñado luego por la captura y orden de extradición de su hermano Rafael de Jesús Ricaurte Gómez por narcotráfico y por una investigación que le abrió la Fiscalía General.
En marzo de 2016, COLPRENSA reveló dicha investigación por la posible comisión del delito de peculado, que tiene que ver con una denuncia presentada por el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social–UGPP, que señala que Ricaurte, en 1992, siendo Juez Tercero Laboral del Circuito de Cartagena, habría fallado una reliquidación pensional de manera irregular a favor del ciudadano Álvaro Ortega Barragán.