Con la sombra de lo que fue el bochornoso episodio de la reforma a la justicia para el Estado en 2012, se abre un nuevo un camino para tratar de solucionar los problemas de la Rama Judicial.
La idea es que, para el próximo semestre, luego del 20 de julio que se posesione el nuevo Congreso, se puedan tramitar varias reformas que le quedaron pendientes al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, entre las que estará la del aparato judicial.
"El Gobierno está con sus asesores y delegados de los partidos de la Mesa de Unidad Nacional construyendo la agenda legislativa para los próximos cuatro años en la que incluiremos, entre otras, la reforma a la Justicia", indicó el presidente saliente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos.
El proyecto que presentaría el Gobierno tendrá muy seguramente un escrutinio severo de la ciudadanía. Por una parte de la opinión pública, que tiene como precedente el escándalo de 2012 que terminó en maromas jurídicas del presidente para que no se aplicara el acto legislativo aprobado, Y por otro lado, de los grupos de oposición en el próximo Congreso que hará control político y examen a cada letra de la norma que intente pasar el presidente.
Según el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, no solo se necesita una reforma legal, sino también pedagógica. "La reforma a la Justicia tiene que pasar más por nuestro ser, por nuestra mentalidad, también tiene que pasar por la formación de los abogados. Sí necesitamos una reforma, pero no el tipo de reformas que se pretende repetir y muchísimo menos volver a reformas que han sido mil veces ensayadas y mil veces fracasadas".
El ministro, en un evento de la Fundación Demopaz en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, explicó cuáles serán los alcances del texto que presentaría al Congreso, pero no dio detalles de artículos o de cómo quedaría la Justicia en caso de reformarla a la manera santista.
Primero está uno de los temas que más dieron la vuelta en la reforma de hace dos años: la función electoral de las altas cortes. Los magistrados del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia tienen la potestad de nominar e incluso nombrar varios cargos del Estado, como procurador, contralor y otras dignidades.
Esto ha hecho, según la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria Borrero, que las cortes "se distraigan de su función primordial de administrar justicia". Pero también aclaró que con este tema hay que tener mucho cuidado, porque podría dársele esta potestad al presidente, es decir, más poder para el que ya tiene bastante.
Para el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, para garantizar que se equilibren los poderes del Estado, "hay que eliminar la reelección", que si bien no es una reforma a la Justicia, es una de tipo político que también tiene pensado el Gobierno para la próxima legislatura.
La carrera judicial
Uno de los puntos más críticos para el Gobierno, dentro de la administración de Justicia actual, es la carrera judicial, pues según Gómez, "se está viendo como una forma para conseguir la estabilidad en los cargos. Pero la carrera judicial tiene un doble objetivo, está instituida para la estabilidad, pero no por la simple estabilidad, sino para el mejor servicio. Entonces ha funcionado para el ingreso pero no para el egreso, no hay evaluación real del desempeño de nuestros jefes, no hay un organismo que lleve a los funcionarios judiciales a merecerse permanentemente el cargo".
Otro de los ejes de los cambios que se darían sería en la gerencia de la Rama. Aquí, tanto Ministerio como Excelencia en la Justicia, están de acuerdo en que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que es la que maneja los recursos para el sostenimiento de la jurisdicción, no ha cumplido de forma eficiente con su trabajo.
"No todos los que hacen parte de un consejo de administración de la Rama tienen que ser abogados. Se requiere una junta directiva y una gerencia más fuerte. Se necesita un adecuado equipo que sepa planear, comunicar, que proteja la independencia judicial", agregó Borrero
OTROS TEMAS DE LA REFORMA
El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, le propuso al presidente Juan Manuel Santos, que en la reforma a la Justicia que le presentarán al Congreso busquen la manera para "tutelizar" el aparato judicial. Es decir, que los jueces se vean obligados, "no necesariamente por medios coercitivos" a cumplir con los términos que se tienen para los procesos y no dilaten las decisiones, "porque tenemos una esquizofrenia o dicotomía en el sistema en que un juez en bueno en fallar tutelas pero no en su función ordinaria".
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