A pesar de los esfuerzos de las organizaciones sociales que buscan poner freno a la violencia contra las mujeres, la realidad del país es otra: tropiezos para recibir declaraciones, demoras en los exámenes de Medicina Legal que podrían llevar a la pérdida de evidencias y tácticas dentro de los procesos que contribuyen a una revictimización.
Estos son algunos de los hallazgos de la investigación realizada por la Corporación Excelencia en la Justicia, de la cual participó su directora Gloria María Borrero, y que contó con el apoyo de la Embajada del Reino Unido.
En ella se indagó la forma en la que las mujeres víctimas de delitos sexuales acceden al sistema judicial y el trato que reciben, con énfasis en Bogotá y Valle, departamento en el cual se reportó el mayor número de víctimas en el país en 2011.
La gravedad del panorama, señala el informe, apunta a que parece existir un "divorcio" entre el diseño de las políticas gubernamentales y su implementación.
La muestra es lo sucedido con una mujer que reportó el ataque que sufrió por teléfono, la Policía acudió y la remitió a Medicina Legal, que si bien se encarga de practicar los exámenes sexológicos (que sirven para evidenciar un ataque) no tiene la capacidad para remitir a un centro médico y a la Fiscalía para hacer la denuncia. La mujer no pudo acudir porque tenía un bebé y no podía dejarlo solo.
BLOQUEOS POR TODOS LADOS
Entre los hallazgos que llaman la atención están los obstáculos que enfrentan las mujeres para entablar la denuncia, mas si se tiene en cuenta que el 52 por ciento de las víctimas pertenecen a los estratos 1 y 2, con poca educación.
En caso de que la víctima tenga un mayor grado de educación y tenga acceso a internet para consultar a dónde dirigirse, se detectó que en la página web de la Fiscalía no hay una información clara que haga alusión a los Centros de Atención a Víctimas de Violencia Sexual (Caivas).
Otro problema tiene que ver con la forma de atención, pues en caso de que se pueda hacer la denuncia, las víctimas tienen que hacer largas filas y repetir su historia sin respetar su privacidad.
En 2011 se presentaron 28.000 denuncias ante la Fiscalía y solo 2.000 casos terminaron en la judicialización. Cuando estos llegan a los estrados judiciales, se presentan casos en los que los abogados defensores menoscaban la credibilidad de la víctima. Por ejemplo, un abogado citó a los vecinos de una mujer para que declararan que ella era coqueta y se vestía de forma sugestiva.
Sin embargo, hay casos que ni siquiera terminan en denuncias debido a que las víctimas son tildadas de mentirosas o poco creíbles. O peor, las víctimas ni siquiera pueden acudir ante las autoridades porque no tienen dinero para pagar los pasajes.
La lista de problemas es tan larga como la fila que deben afrontar las víctimas para hacer sus denuncias.
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