JEP acredita como víctimas a mil indígenas

LA PATRIA | COLPRENSA | BOGOTÁ

La JEP acreditó al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) como víctimas colectivas en el caso que prioriza la situación territorial de 17 municipios del norte del Cauca y el sur del Valle.

Este proceso, el 05 en la JEP, tiene que ver con hechos de desplazamiento forzado, conductas que afectan la libertad, violencia sexual, muertes productos del conflicto, confinamiento y siembra de minas antipersonales, reclutamiento ilícito, desaparición, ataques a la población, amenazas y todos los atentados contra el medio ambiente.

El tribunal hizo este reconocimiento a través del Auto N.º 02 de 2020, suscrito por el magistrado Raúl Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP y quien está en movilidad en la Sala de Reconocimiento.

Víctimas

Quedaron inscritas en calidad de víctimas del conflicto armado a los cabildos y resguardos: Honduras, Agua Negra, Chimborazo, Cabildo Nueva Esperanza, San Lorenzo de Caldono; Pioyá, La Aguada San Antonio, Las Mercedes, La Laguna Siberia, Pueblo Nuevo, Corinto, López Adentro; Concepción, Guadualito, Munichique Los Tigres, Nasa Kiwe Tekh Ksaw, Canoas, Delicias; Cabildo Sinai Alto Naya, Cabildo Pueblo Nuevo Ceral, Huellas, Toez, Jambaló; La Cilia Miranda, Toribío, San Francisco, Tacueyó, Cabildo Cerro Tijeras, Guejia Kiwe, Kite Kiwe y Muse Ukwe, pertenecientes al pueblo Nasa y Misak.

"Dicha acreditación les permitirá a las víctimas participar en calidad de intervinientes especiales para que puedan aportar pruebas, presentar observaciones a las versiones que rindan los comparecientes, recibir copia del expediente y participar en todas las etapas de los procesos judiciales de este caso", explicó la JEP.

Al analizar las solicitudes de acreditación colectiva por el CRIC y la ACIN, la Sala de Reconocimiento tuvo en cuenta la manifestación voluntaria de las víctimas de participar en el caso, el relato o informe de lo sucedido, las pruebas que demuestran su condición de víctimas y la información de cómo se llevará a cabo su representación judicial.