COLPRENSA | LA PATRIA| MANIZALES
El senador Iván Cepeda anunció ayer que no asistirá el 8 de octubre a la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe. Fue llamado por la Corte Suprema de Justicia por presunto soborno y fraude procesal, del que el parlamentario de izquierda es víctima.
"Lo anunciamos, con el fin de evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como intencionalmente dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte. A pesar de tener derecho a hacerlo, no concurriremos a la indagatoria programada", afirmó Cepeda.
El parlamentario del Polo Democrático Alternativo (PDA) afirmó que tampoco prevé asistir a la indagatoria del 9 de octubre del representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, quien también hace parte del proceso por intentar que uno de los testigos cambiara su testimonio.
Cepeda leyó un comunicado y no admitió preguntas. Agregó que informará su decisión a la Sala de Instrucción Penal de la Corte, de la que dijo tener un absoluto respeto por las decisiones que adopten los magistrados.
Dilatado
El proceso ha sido extenso por las múltiples acciones judiciales que se han realizado. De hecho, el expediente tiene ocho cuadernos principales, nueve anexos y seis reservados, cada uno con un máximo de 300 folios. Además, hay 137 horas de grabación que fueron analizados por el magistrado César Reyes y su equipo.
El llamado es por los delitos de soborno y fraude procesal, y data de febrero de 2018 cuando la Corte Suprema de Justicia cerró una investigación en contra de Cepeda que fue demandado por Uribe Vélez por la supuesta manipulación de testigos. El fallo a favor del congresista del Polo le fue adverso a su contraparte del Centro Democrático porque el alto tribunal pidió investigación en su contra.
Los tropiezos que ha tenido el avance del proceso fueron reseñados en el segundo punto del comunicado de Cepeda. “los magistrados han realizado su trabajo en tiempos razonables. La dilación ha corrido a cargo de la defensa de los congresistas Uribe y Prada, de los cambios en la estructura de la Corte acontecidos a raíz de la entrada en vigor del sistema de doble instancia, y al hecho de que una vez se conformó la nueva sala de instrucción penal, la magistrada Cristina Lombana designada para el caso debió ser reemplazada por estar impedida para adelantar el proceso”.
El aparente soborno al que refiere el expediente en contra del jefe del Centro Democrático radica en la presunta manipulación que pudo haber ejercido para que Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de la hacienda Guacharacas y quien habló de los aparentes nexos de los Uribe Vélez con grupos paramilitares, se retractara de sus declaraciones.
Mientras los abogados de Uribe Vélez dicen que Monsalve le tendió una trampa al expresidente, los defensores de Cepeda insisten en que Jaime Granados y Jaime Lombana omiten decir que fueron ellos los que, por diversas vías, buscaron al testigo para hacerle ofertas que perseguían su retractación.
Lo cierto es que si se esperaba un pronto fallo en toda esta serie novela judicial, el mismo no será tan rápido. Ya que tras la indagatoria – que será hasta el 8 de octubre – el magistrado Reyes tendrá nuevos elementos para avanzar en el proceso, a la par que avanza con la obtención de nuevas pruebas y testimonios.
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