Investigan a siete universidades por corrupción

Colprensa | LA PATRIA | BOGOTÁ

La historia parece repetirse. En las últimas semanas las movilizaciones de estudiantes de universidades públicas y privadas han ido creciendo en intensidad. Lo que comenzó como una manifestación por los presuntos actos de corrupción presentados en la Universidad Distrital de Bogotá, terminó extendiéndose primero a varios centros de educación superior de la capital y luego a los de varias ciudades del país.

Pero si bien la protesta ha servido para llamar la atención sobre la falta de recursos que afecta a la educación superior y los actos de corrupción que se registran en algunos de estos centros educativos, al final, los actos de violencia y el vandalismo han terminado opacando, como también ocurrió el año pasado, unas reclamaciones válidas.

La ministra de Educación, María Victoria Angulo, asegura, pese a las críticas de los estudiantes, que el Gobierno ha venido cumpliendo con los acuerdos a los que llegó a finales de 2018 y sostiene que sigue comprometido con hacerlos realidad.

En entrevista con Colprensa, reveló que siete universidades están investigadas para impedir que se registren actos de corrupción como los denunciados en la Distrital.

Hace casi un año, se pactaron acuerdos con la comunidad estudiantil sobre financiación educativa. ¿Se le ha cumplido a los estudiantes?

El Ministerio de Educación tiene un balance favorable en el cumplimiento de todos los acuerdos suscritos. Desde el 14 de diciembre pasado, cuando se creó la "Mesa de Diálogo para la construcción de Acuerdos para la Educación Superior Pública", se han tenido 6 sesiones y 56 jornadas adicionales con la participación de las entidades del Gobierno Nacional, la Defensoría, la Procuraduría, la Federación de Departamentos, rectores de las instituciones públicas y las plataformas estudiantiles y profesorales. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 incluyó los compromisos y los recursos acordados y frente a los que ya se inició el giro y ejecución en 2019.

¿Qué investigación ha emprendido el Ministerio de Educación para dar solución al desfalco de 10.000 millones de pesos de la Universidad Distrital, uno de los detonantes de las recientes protestas?

El Ministerio de Educación tiene asiento en el Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y junto con la presidencia, ejercida por el Gobierno Distrital de Bogotá, ha acompañado desde 2016 las denuncias realizadas en ese órgano colegiado frente a la situación del Instituto de extensión de esta institución. A raíz de las quejas presentadas a este Ministerio, se están adelantando las actuaciones previas a la visita institucional de Inspección y Vigilancia, según lo establecido en el numeral 2 del artículo 9 de la Ley 1740 de 2014.

¿Frente a qué otras universidades hay investigaciones por problemas de corrupción similares a los de la Universidad Distrital?

La autonomía universitaria es un precepto constitucional que reconoce a las universidades el derecho a darse sus estatutos, designar su personal docente y administrativo, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y su función institucional. Este precepto les permite a las universidades la libertad de autogobernarse y autogestionarse conforme a sus normas.

El Ministerio de Educación, en ejercicio de la suprema inspección y vigilancia ha promovido investigaciones administrativas contra la Universidad Metropolitana de Barranquilla, la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, la Universidad Autónoma del Caribe, la Universidad del Atlántico, la Corporación Escuela de Artes y Letras y la Universidad INCCA de Colombia.

¿Cómo garantizar el derecho a la protesta sin deslegitimarlo ni criminalizarlo?

Desde el Gobierno Nacional respetamos el derecho legítimo a la protesta, al disenso y a las manifestaciones pacíficas. Debe primar el diálogo y el debate, sin embargo, rechazamos con contundencia los hechos violentos, cuyo fin es el de generar zozobra y destrucción, poniendo en riesgo la integridad de las personas, generan caos, deslegitiman el sentido de la protesta social y no resuelven los desacuerdos. Es este sentido, el país debe rechazar los actos de violencia que dejaron pérdidas materiales y afectaciones importantes a la sede Icetex el pasado viernes 27 de septiembre.

Frase

“El Gobierno Nacional respeta el derecho legítimo a la protesta y a las manifestaciones pacíficas y rechaza rotundamente los hechos violentos que ponen en riesgo la integridad de las personas”.