Noticias de Manizales y Caldas,
Abril 18 2024
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EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ
El informe presentado ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la visita que hizo en junio pasado al país, para revisar denuncias de violencia policial y civil durante las protestas sociales que comenzaron el pasado 28 de abril, cayó como un baldado de agua fría para el Gobierno de Iván Duque con repercusiones internacionales que ayer mismo se sintieron desde EE.UU.
La CIDH constató que la respuesta del Estado colombiano a las manifestaciones "se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y que en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal".
La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, resumió en una rueda de prensa los hallazgos: uso desproporcionado de la fuerza, violencia basada en género, con base en la discriminación étnico-racial, contra periodistas, contra misiones médicas; irregularidad en los traslados por protección, denuncias de desaparición y uso de la asistencia militar de manera inadecuada.
El documento contiene 40 recomendaciones al Estado colombiano, recoge múltiples hechos de violencia especialmente contra el derecho a la vida y la integridad personal, y en él advierte sobre la disparidad en las cifras de víctimas mortales, que según dijo Urrejola, la sociedad civil eleva a 84 personas.
Preocupación
La CIDH manifestó su preocupación por el alto número de denuncias de desaparición durante las manifestaciones en las que fueron detenidas cerca de 7.000 personas a través de la figura del traslado por protección.
En ese sentido, el informe recopila graves testimonios por "tratos crueles, inhumanos y degradantes que podrían configurar tortura" y que habrían ocurrido durante esas detenciones.
La CIDH también recibió información de la Defensoría del Pueblo según la cual hubo 112 hechos de violencia basada en género y orientación sexual por parte de la fuerza pública, así como ataques sexuales contra mujeres, entre las que aparecen una policía y una periodista.
"Para la CIDH, la violencia de género perpetrada por agentes del Estado es un mecanismo de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI", agregó Urrejola.
La Comisión destacó las denuncias de violencia contra periodistas y medios de comunicación y de limitaciones a su labor informativa, así como agresiones a misiones médicas que pusieron en riesgo al personal de salud y manifestantes heridos.
Por esas violaciones, recomendó al Estado colombiano separar a la Policía y a su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) del Ministerio de Defensa para "garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos", evitando así cualquier perspectiva militar.
Condena al vandalismo
La CIDH constató que parte de la convulsión en Colombia obedece a un "clima de polarización" presente en diferentes sectores sociales y en el que se manifiestan discursos estigmatizantes, condiciones "especialmente preocupantes cuando provienen de autoridades públicas".
La comisión condenó además la infiltración de grupos vandálicos que ocasionaron cuantiosas pérdidas económicas; ataques e incendios a instalaciones del Estado; los bloqueos viales que causaron desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en 26 de los 32 departamentos del país, y la muerte de dos bebés ocurridas por la falta de atención médica.
En ese sentido, hizo un llamado al Estado "para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los delitos cometidos en las protestas", e instó al Gobierno a promover y reforzar un proceso nacional de diálogo en el que todos los sectores sean escuchados.
El Gobierno responde
El presidente Iván Duque respondió que nadie puede recomendar a un país ser tolerante con la criminalidad y anunció que la Policía seguirá siendo parte del Ministerio de Defensa porque así es como mantiene una coordinación con todas las fuerzas y puede cumplir labores humanitarias y de protección.
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Gobierno coincide con algunas de las observaciones de la CIDH, pero se aparta de otras como la instalación de un mecanismo especial de seguimiento a los derechos humanos en el país, porque el Estado "cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos".
Presión desde EE.UU.
Un grupo de senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos expresaron ayer en una carta su preocupación por los casos de brutalidad policial en las protestas en Colombia y pidieron al presidente estadounidense, Joe Biden, que reclame al Gobierno de Iván Duque el respeto al estado de derecho.
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