Implementar acuerdos requeriría tres cambios a la Constitución

Alejandra Bonilla Mora

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

En este mes se conmemorarán los 25 años de la Constitución de 1991 y podría darse la esperada firma del acuerdo para la terminación del conflicto con la guerrilla de las Farc, tras 52 años de confrontación.

Una vez se concrete la firma, no sólo empezará el proceso de concentración de los guerrilleros para el tránsito a la vida civil y la dejación de armas, sino también el proceso de implementación de los acuerdos alcanzados en La Habana (Cuba).

Se trata de los acuerdos sobre el desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al asunto de las drogas ilícitas, las víctimas y la implementación, verificación y refrendación, que es lo último por definirse, junto con salvedades en cada punto que no han sido aclaradas.

Cada acuerdo implica, y de hecho sugiere, cómo podría hacerse su implementación. De acuerdo con la lectura técnica que realizó la Misión de Observación Electoral (MOE), para ello se necesitarían tres reformas a la Constitución (una en temas agrarios, una política y otra al aparato de justicia), 27 reformas legales (entre leyes ordinarias y estatutarias), 31 decretos, más resoluciones y acuerdos municipales.

Desarrollo rural

Por poner un ejemplo, en el primer acuerdo de Desarrollo Rural, se tocan temas cruciales como el acceso integral a la tierra, con la creación de un Fondo de Tierras, la creación de zonas de reservas campesinas y la formalización de la pequeña propiedad rural. Todo esto necesitará expedición de leyes en el Congreso y una modificación a la Constitución, antes de poner en marcha una jurisdicción agraria.

Hasta el momento no hay un paquete legislativo consolidado, puesto que la premisa del proceso de negociación señala que “nada está acordado, hasta que todo esté acordado”. Así, el gabinete ministerial ya está trabajando en lo que a cada materia corresponde, en el primer tema, especialmente a los ministerios de Agricultura, del Interior, de Justicia y de Defensa.

Participación política

El asesor jurídico del Ministerio del Interior Gustavo García, reveló que ya se están trabajando en mesas con delegados de los partidos políticos para tres reformas que se derivarían del segundo acuerdo de participación política: la reforma electoral, el estatuto de oposición y la reforma a los partidos políticos.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, explicó que el desarrollo legislativo de los acuerdos se hará en un procedimiento especial, debido a una reforma a la Constitución que logró aprobarse para que el procedimiento en el Congreso pueda ser expedito y sólo sobre iniciativas legales del Ejecutivo. El plazo para hacer ese trámite es de seis meses, con posibilidad de extenderse a un año.

En su criterio eso implica un compromiso de los congresistas, que el próximo año estarán en etapa pre-electoral para los comicios al Congreso y a la Presidencia de la República y que en esta legislatura se caracterizaron por su ausentismo.

Reforma electoral

Sería la segunda en la Constitución. Incluiría la reforma al Consejo Nacional Electoral y la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en la Cámara de Representantes, que están señaladas en los acuerdos de La Habana. Las personas que accedan a estas curules serían de las zonas más afectadas por el conflicto y tendrían sus propias reglas de funcionamiento y de financiación.

Sobre este punto hay varias propuestas como la del magistrado del CNE Armando Novoa, quien señala que deberían darse 13 curules con enfoque regional; o la de la Fundación Paz y Reconciliación, que pide que las Farc tengan nueve cupos directos en el Senado y 17 circunscripciones especiales de paz adicionales en la Cámara.

Otro punto clave, el del estatuto de la oposición, no requiere reforma constitucional, sino legal, aunque, para Barrios, es clave para lo que viene: dar garantías que permitan realizar actuaciones más efectivas en el Congreso.

La reforma política implicaría reformas a la Constitución en tres aspectos: que la conservación de la personería jurídica de las agrupaciones políticas no esté ligada a la superación del umbral; la creación de nuevas reglas de juego para el reconocimiento de agrupaciones políticas pequeñas y un fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas con financiación y estímulo de sus programas.

Justicia

El acuerdo sobre drogas ilícitas, según el estudio de la MOE, no requeriría ninguna reforma constitucional, pues solo se requieren leyes estatutarias y ordinarias para: crear un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos; dar trato diferencial a los agricultores que renuncien a los cultivos ilegales, renunciando a la acción penal, y construir una estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico.

Para el fortalecimiento de los mecanismos para la judicialización de redes criminales asociadas con el narcotráfico bastaría una resolución.

La creación de planes de desarrollo con enfoque territorial y de medidas materiales y simbólicas para atender el daño causado y de reparación de las víctimas en el exterior, entre otros elementos que están en el punto quinto de los acuerdos con las Farc, necesitarían decretos y resoluciones para hacerse realidad.

Lo cierto es que por ahora el panorama del acuerdo de paz implica tres o cuatro reformas constitucionales. Cabe recordar que en apenas 25 años de vigencia, la Constitución Política de Colombia, promulgada el domingo 4 de julio de 1991, ha sufrido ya 41 modificaciones, sin contar aquellos actos legislativos que por distintas razones, luego fueron declarados inexequibles.

Así las cosas, los esfuerzos del pasado para silenciar los fusiles construyeron una nueva Carta Política y los actuales implicarán introducir cambios en esta, como proceso de construcción de un nuevo pacto de paz.

Jurisdicción especial

Se necesitaría otra reforma a la Constitución para crear un órgano transitorio de la Jurisdicción Especial para la Paz. En este se deberá definir asuntos que aún no están claros, como el desarrollo de las funciones de los integrantes de todas las salas que tiene esta justicia especial: el Tribunal para la Paz (y si habrá o no personal extranjero en este), la sala de reconocimiento de verdad y la sala de amnistía e indulto. Además se necesitará una ley para estas amnistías e indulto y para fijar los reglamentos de cada sala.

Participación de los desmovilizados

Otros dos asuntos que se han pactado en La Habana que podrían necesitar reforma constitucional tienen que ver con la posibilidad de que las personas que se han desmovilizado (incluiría a exparamilitares) puedan ejercer funciones públicas.

No se trata de la posibilidad de participar en política, porque esto ya se estableció, una vez se cumplan los requisitos y el proceso de sometimiento a la justicia especial. Se trata de que los desmovilizados puedan ser designados a altos cargos nacionales, regionales o locales.

Esto podría incluir un elemento que está en el punto del fin del conflicto que es la integración de desmovilizados en los cuerpos que brindarán seguridad personal a los comandantes de la guerrilla, es decir, que personas excombatientes puedan seguir portando armas para desarrollar esas funciones o para integrar cuerpos de seguridad ya existentes.

“Es un reto gigantesco, porque en condiciones normales, como las de este semestre, cuando estamos en mitad de la nada en materia electoral, uno de los principales problemas fue el ausentismo y la imposibilidad de hacer reformas porque no llegaban”, Alejandra Barrios, directora de la MOE.