Identifican millonario desfalco a la Nación en El Dorado

El Consejo de Estado evidenció un millonario desfalco para la Nación ocasionado por la arrendación de manera irregular por parte del concesionario Opain, del terminal de carga internacional del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Al resolver una acción popular, la Sección Tercera encontró irregular el hecho que Opain celebrara un contrato con Otca.S.A.S como arrendataria de la terminal de carga internacional a cambio de 9.500 millones de pesos anuales y que esta, a su vez, “subarrendara por un valor superior, con cláusulas de confidencialidad que impiden a los órganos de control el acceso a este último contrato”.

La Sala, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, indicó que con “las actuaciones llevadas a cabo por Opain S.A. y Otca S.A.S. en el marco del esquema contractual y financiero adoptado para la explotación comercial del terminal de carga internacional concesionado por la Aeronáutica Civil y la actitud pasiva asumida por esta última entidad, se están vulnerando gravemente los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público”.

Esto, al punto que la explotación de los bienes que integran el terminal internacional de carga se adelanta al margen de los fines estatales y con destinación y provecho indebido de los bienes públicos.

La Sala asegura que es irregular considerar que los ingresos provenientes del cobro a los usuarios por la utilización o servicios prestados con los bienes públicos concesionados, se consideren recursos privados, por el hecho de que el concesionario haya acudido a la subcontratación de la actividad.

“Ello es así, porque no resulta posible que, siendo públicos los bienes y estatal el título que los entregó en administración, los recursos provenientes de su uso y goce se muten a privados, por el solo hecho de la intermediación de un particular, por cuenta del concesionario”, señaló la Sala.

Así, para el Consejo de Estado, “resulta repudiable que, siendo claro que esos ingresos provienen de la ejecución de las actividades propias del objeto de la concesión con único destino el fideicomiso, ingresen al patrimonio de un tercero, rompiendo el principio de unidad de imputación propio de los recursos públicos destinados y provenientes del mismo objeto, lo que dio lugar a constituir el fideicomiso al que se hace mención”.

En ese sentido, el Consejo de Estado envió copia de la decisión a la Fiscalía General de la Nación para que determine si hay lugar a abrir una investigación por estos hechos y creó un comité para que vigile que las citadas empresas se abstengan de seguir haciendo prácticas como estas.

Igualmente, se deberá determinar cuánto fue el dinero dejado de recibir por el Estado y las empresas involucradas deberán remitir la información sobre los subcontratos, entre otros.