“Creo que podría hacerle mucho bien a la sociedad en la medida en que el Estado suministre la dosis que el permita a la persona mantenerse más o menos saludable, de acuerdo con su adicción”. Con estas palabras, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, se mostró de acuerdo con la propuesta del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de crear centros de consumo de estupefacientes controlado, para tratar a los adictos y reducir la criminalidad.
“Como magistrado y como académico creo que es una buena protesta. A mí me parece que la persona que es adicta a los estupefacientes debe ser tratado como un enfermo y no como un delincuente”, dijo Bustos quien funge como presidente de la Sala Penal, pero dijo que esa opinión la hace a título personal.
Agregó que la propuesta no es nueva ya que se aplica en algunos países europeos para reducir altos índices de la criminalidad que se genera precisamente a partir de las conductas delictivas contra el patrimonio económico que realiza el adicto para proveerse del fármaco.
MEDIDA DE PETRO ES ILEGAL: PROCURADOR
Por su parte, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, insistió este miércoles en que la propuesta de Petro es ilegal, contraria a la dignidad humana y en contravía del interés general.
Ordóñez señaló que Petro no está haciendo una política pública preventiva que beneficie al adicto, al enfermo, sino una política criminal y en carta dirigida al mandatario local, señaló que lo que se necesitan son medidas ajustadas al ordenamiento jurídico.
“Resulta completamente contrario al contenido de la norma constitucional considerar que en algunas zonas de la ciudad de Bogotá, o del país, cualquiera que estas sean, se permita el consumo de estupefacientes y, mucho menos, que estos se distribuyan por parte de la Administración, como parte de lo que sería una política criminal encaminada a disminuir cierto tipo de delitos”, asegura la Carta.
De acuerdo con Ordóñez, la propuesta desconoce estudios médicos realizados a nivel mundial que indicarían que no necesariamente habría reducción de violencia y criminalidad.
“Su propuesta parece sugerir la creación de guetos en los que los adictos puedan consumir drogas, y por tanto tener comportamientos violentos, sin ninguna preocupación por el daño que puedan causarse a sí mismos ó a los demás”, se lee en el documento.
En su fuerte pronunciamiento, Ordóñez señaló además que la propuesta implicaría instrumentalizar al adicto y agregó que no es beneficioso para salud pública suministrar drogas incautadas y que eso sería, incluso, ilegal.
“(…) Esto de ninguna manera significa que las autoridades públicas puedan producir, portar, traficar o distribuir este tipo de sustancias aún cuando estas fueran incautadas a los criminales. Por el contrario, esto último constituiría una violación directa del ordenamiento jurídico y una promoción indirecta del delito”, señala la Carta.
Luego de aseverar que la propuesta cuando ha sido implementada en países como Suiza, fue revocada para controlar un aumento de la criminalidad, Ordóñez le solicitó a Petro que adopte medidas para controlar el consumo en zonas críticas identificas en Bogotá “que desde hace décadas permanecen bajo el control de las mafias del microtráfico”.
El uso de este sitio web implica la aceptación de los Términos y Condiciones y Políticas de privacidad de LA PATRIA S.A.
Todos los Derechos Reservados D.R.A. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización escrita de su titular. Reproduction in whole or in part, or translation without written permission is prohibited. All rights reserved 2015