EFE | LA PATRIA | ITAGÜÍ

El Gobierno nacional y cabecillas de grupos armados ilegales que operan en Medellín y en el Valle de Aburrá instalaron ayer en la cárcel La Paz de Itagüí una mesa de diálogo, bajo la política de la paz total, con el propósito de desmovilizar a 12.000 personas y acabar con la guerra en las comunas.

En una zona del centro carcelario adecuada para el acto, el coordinador de Justicia de Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Daniel Millares, se encargó de iniciar este “proceso de paz urbana” con la lectura de una declaración conjunta suscrita entre los representantes del Gobierno y las estructuras armadas organizadas.

A su vez, el alto comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, precisó que esta nueva fase instala un “espacio dialógico sociojurídico” que busca “avanzar” hacia una paz integral en una región golpeada por el conflicto urbano.

“Hoy estamos en un momento significativo para los millones de habitantes de Medellín y del Valle de Aburrá”, declaró Rueda, y agregó que las bandas criminales “son conscientes y saben el reto conjunto que sus delegados-voceros y nosotros tenemos para poder construir esa paz integral que sueñan los barrios, las comunas”.

Indicó que, después de un ciclo de acercamiento de 9 meses, están frente a un reto “muy grande”.
Rueda, además, reveló que el equipo negociador del Gobierno está siendo coordinado por el abogado Jorge Iván Mejía, el exsecretario de Gobierno de Medellín, quien estará acompañado por la senadora Isabel Zuleta, la excomisionada de la verdad Lucía González y la lideresa María Isela Quintero.