Gobierno insiste en que protege a excombatientes

Colprensa|LA PATRIA|Bogotá

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, negó que exista un silencio cómplice del Gobierno frente a los asesinatos de miembros de las FARC.

“Categorizarlo de cómplice es, en mi opinión, una afirmación, seguramente, ignorante. Me imagino que no ha tenido el tiempo de poder leer todo lo que estamos haciendo, la revolución que tienen las medidas y el altísimo compromiso que tiene el Estado”, dijo Archila.

Según el Consejero, él, como vocero del Gobierno en temas de reincorporación, no ha guardado silencio en ninguno de los eventos relacionados con homicidios de los excombatientes de las FARC.

Archila advirtió que pese a que no puede pensar que la afirmación de Lozada fue política, sí es delicada, teniendo en cuenta su posición de senador y líder de la antigua guerrilla de las FARC.

El funcionario, ratificó su rechazo al asesinato del excombatiente de las FARC Dimar Torres. “Absoluto rechazo del Gobierno respecto de ese y cualquier otro atentado en contra de los excombatientes, provenga de quién provenga, pero si se trata de la Fuerza Pública, con mayor razón”, dijo.

El juez 17 de garantías ordenó ayer que se imponga medida de aseguramiento en contra del coronel Jorge Pérez Amézquita y los soldados profesionales Cristian David Casilimas, William Andrés Alarcón y Alexánder Buriticá Duarte, por supuestamente haber estado involucrados en el asesinato de este excombatiente.

Archila señaló que el Gobierno seguirá reuniéndose periódicamente con la mesa de Articulación Institucional para la Seguridad de los Excombatientes, con el fin de que se avance en medidas de protección. Agregó que se buscará capacitar esta población en autoprotección, a través de cursos en los territorios, con el fin de que se puedan alertar de posibles atentados contra sus vidas.

Tras conocerse del asesinato del miembro de las FARC, Jhon Fredy Vargas Rojas, asociado a cooperativa Cooagropaz en Pitalito (Huila), el senador Antonio Lozada, aseguró que debido al “silencio cómplice del Gobierno”, era urgente solicitar medidas cautelares ante Corte Interamericana Derechos Humanos (CIDH).