Gobierno facultará a gobernadores y alcaldes para tomar medidas acerca del paro del jueves

Colprensa | LA PATRIA

Durante una declaración conjunta que dieron los ministros de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, junto con el fiscal interino Fabio Espitia, se hizo referencia a la jornada de paro nacional convocada por distintos sectores para este jueves 21 de noviembre.

Gutiérrez anticipó que el presidente Iván Duque expedirá en las próximas horas un decreto con el que facultará a alcaldes y gobernadores para que emitan medidas extraordinarias de cara a garantizar el orden público y la seguridad en las ciudades que serán epicentro de las marchas.

“Serán medidas en la limitación en el porte de armas, con definición de movilización y movilidad en sus territorios, uso y consumo de bebidas alcohólicas y la posibilidad de un toque de queda cuando las circunstancias lo ameriten”, detalló la jefa de la cartera política.

El fiscal (e) Espitia, a su turno, dijo que desde el ente acusador dispuso un grupo de fiscales para atender las situaciones “irregulares” que se presenten durante el desarrollo de la jornada.

“En cada seccional han sido destacados 49 fiscales especializados y 58 de las URI que adelantaron los actos urgentes y judicializaciones requeridas ante posibles conductas delictivas”, expuso el jefe del búnker, al tiempo que añadió que trabajarán de la mano con la Policía.

Recordó que actuarán como lo hicieron con el caso del joven que lanzó una granada contra un parqueadero en el sector de El Lago, en el norte de Bogotá el pasado 31 de octubre, y como sucedió con las personas que atacaron con bombas incendiarias la casa del comandante de Policía en Pereira.

Por parte del sector Defensa se conoció en las últimas horas la instrucción interna que establece el acuartelamiento en primer grado para las tropas de las diferentes fuerzas y de la Policía.

Finalmente, Trujillo dijo que hay coordinación del Estado para “garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, es un derecho que el Gobierno respeta”.