Gobierno avala polémico decreto de la Línea negra

COLPRENS | LA PATRIA | BOGOTÁ

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó ayer el decreto de la Línea negra, con el cual se redefinen los espacios sagrados de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui y Wiwa y Kankuamos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en medio de una controversia que se generó con los gremios del país.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que este decreto se expediría en respuesta a un mandato de la Corte Constitucional que pide la redefinición de espacios sagrados, en donde se prevé la obligación para los propietarios de estos terrenos de conservarlos y protegerlos, en garantía del principio ecológico de la propiedad privada que está consagrado en la Constitución Política.

“Es un decreto que busca proteger los sitios sagrados de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y que además protegerá las fuentes hídricas que les sirven a los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena. Pero también estos sitios sagrados van a ser muy importantes para el turismo en esta región del país”, indicó Rivera.

Sin embargo, desde sectores económicos se rechazó este decreto debido a que podría afectar la propiedad privada y generaría consultas previas para el desarrollo de proyectos en el área delimitada.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) indicó que con ese decreto se impacta la naturaleza del territorio generando una incertidumbre jurídica para los proyectos de construcción que se desarrollen en la zona.

“Somos absolutamente conscientes y compartimos la idea de que la Sierra y sus sitios aledaños toca protegerlos y no es que estemos en contra de eso. La línea negra está definida desde 1995 con aproximadamente 54 puntos o sitios sagrados y en lo que hace el decreto es aumentarlos a 348 puntos y además no solo contempla estos puntos sino unos polígonos lo que deja entrever que se está delimitando un territorio”, indicó Sandra Forero, presidenta de Camacol.

Esta delimitación del territorio, según Camacol, “afecta y cambia la naturaleza a este territorio y para cualquier actividad que se vaya a dar al interior del mismo, se requieren no solo consultas previas sino que va haber un impacto especifico sobre la propiedad”.

Ante esta postura, Rivera indicó que el decreto no afecta la propiedad privada ni genera consulta previa sobre el desarrollo de proyectos de infraestructura como se especula. Además, indicó que como garantía de seguridad jurídica, se crea una instancia de seguimiento y protección a la Línea negra, conformada por gobernadores (Cesar, Guajira y Magdalena), Corporaciones Autónomas Regionales, Gobierno Nacional y comunidades indígenas, en donde estará como garante el Ministerio Público.

“De ninguna manera este decreto genera consulta previa para los desarrollos de infraestructura que se vayan a adelantar en los departamentos del Cesar, La Guajira y el Magdalena. Tampoco tiene afectación sobre la propiedad privada. Es fundamentalmente, una ubicación de sitios sagrados, la garantía de que los miembros de la Sierra Nevada de Santa Marta puedan acceder a esos sitios a desarrollar las actividades propias que ellos realizan conforme a su cultura”, explicó Rivera.

Sin embargo, ante este tipo de pronunciamientos el presidente saliente, Juan Manuel Santos, indicó que detrás de esto hay unos intereses particulares que no se deben anteponer ante a la protección ambiental y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El primer mandatario también aclaró que se han difundido todo tipo de rumores sobre las implicaciones de este decreto y aseguró que "no es una imposición de culto o religión, como han venido diciendo, no vulnera ni desconoce, de ninguna forma, la propiedad privada, tampoco vulnera los derechos adquiridos de terceros y de comunidades étnicas, que pueden estar en conflicto una con otra. Todo lo contrario, lo que hace es garantizar su protección y busca armonizar todo con los derechos de las comunidades indígenas”.

De acuerdo con la representante de los constructores, las preocupaciones no solo han sido las de Camacol, sino de 30 gremios y de los gobernadores de la región porque se le cambia la naturaleza a este territorio.

“En nuestro caso, para construir vivienda formal o un hotel, un centro comercial o cualquier edificación lo que tenemos que sacar es una licencia sobre las normas que existen actualmente y al cambiarse la naturaleza del territorio esta normatividad se ve alterada, mínimo, con la exigencia de hacer consultas previas las cuales no están completamente reguladas en el país”, manifestó Forero.

Otro punto que reclama Camacol es que la cartografía sobre los puntos que contempla el proyecto no ha sido publicada y por lo tanto no se sabe exactamente que territorio quedará entre el polígono, además indicó que este proyecto se lleva trabajando cuatro años con las comunidades indígenas de la zona sin la participación de los representantes del sector de la construcción.

Antes de salir de la Casa de Nariño Santos les cumplió a las pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero dejó armada una polémica en la región sobre los alcances que tiene el decreto que redefine los espacios sagrados de estas comunidades y el impacto que puede generar en el desarrollo de proyectos en la zona.

El territorio de la LN fue reconocido desde 1973 y actualizado en 1995 para cumplir con el deber de protección de los territorios indígenas que asumió el Estado con el Convenio 169 de la OIT.