Fuerza pública y Convivir delinquieron unidos

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

El Consejo de Estado determinó que la Fuerza Pública, las Convivir y grupos paramilitares se aliaron y cometieron juntos actos de mal llamada limpieza social en Antioquia en la época de los años noventa.

Así lo determinó al condenar a la Nación por la responsabilidad de la Policía y del Ejército Nacional en la masacre de seis aserradores que cometieron integrantes de Convivir, con ayuda de un grupo paramilitar, en una finca de la Horradura, zona rural del municipio antioqueño de El Retiro, el 14 de agosto de 1997.

Al estudiar una demanda, la Sección Tercera acreditó: "La aquiescencia por parte de la Fuerza Pública con las operaciones adelantadas por estas agrupaciones, que en aras del exterminio de la insurgencia, perpetraba masacres, desapariciones forzadas y toda clase de violaciones a los derechos humanos frente a la mirada impávida de los agentes llamados a proteger la vida en integridad personal de los habitantes del territorio, con quienes además mantenían una constante y fluida comunicación que facilitaba la identificación de las posteriores víctimas"

La Sala calificó de “inaceptable” que los integrantes de la Fuerza Pública auspicien y fomenten la conformación y consolidación de grupos delincuenciales bajo un aparente propósito de lucha contra fuerzas insurgentes, “cuando lo que realmente pretenden es la aniquilación de sectores de la población por razones ideológicas, sexuales o económicas”.

La Corporación señaló que los uniformados que participaron en estos actos incumplieron varias de sus obligaciones como no advertir a sus superiores comportamientos irregulares y violar la reserva profesional de información exclusiva de las autoridades.

Además, señaló que no fue una práctica aislada ni una actuación de solo unos integrantes de la Policía que se salieron de sus funciones y que la comisión de la masacre fue posible porque las autoridades y las agrupaciones ilegales tenían un flujo constante de información.

El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una millonaria indemnización en favor de los familiares de las víctimas y compulsó copias a la Fiscalía y a la Procuraduría para que determine si hay lugar a adelantar una nueva investigación y hallar a los responsables directos de esta masacre.