Fuero militar dividió a la Corte Constitucional

Colprensa| LA PATRIA

Hace mucho tiempo que una decisión de la Corte Constitucional no causaba tanto revuelo en las altas esferas del Gobierno Nacional, el seno legislativo, la opinión pública y dentro de la misma Corte.

Y es que la caída de la Reforma al Fuero Penal Militar, conocida el pasado miércoles, dejó entrever marcadas divisiones al interior de ese alto tribunal, que con una estrecha votación de 5 a 4 declaró inexequible la Reforma.

Luego de la avalancha de críticas y lamentos por la determinación, la mayor pugna se generó, tan solo un día después, tras conocerse el salvamento de voto del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, quien aseguró que la Corte Constitucional se “inventó un vicio” para no discutir de fondo la iniciativa.

Para Pretelt, dicha actuación se habría dado “para evitar debatir el fondo de una figura tan importante para las Fuerzas Militares como es el Fuero Penal Militar” y consideró que eso “constituye una falta de compromiso con esta institución esencial para el Estado, cuyos miembros sacrifican diariamente su integridad, su seguridad y su vida para garantizar la protección de todos los colombianos”.

Reacciones

Más se demoraron las declaraciones de Pretelt en conocerse que en hacerse sentir la reacción del presidente (e) de la Corte, el magistrado Luis Ernesto Vargas, quien aseguró: “Yo creo que eso no es cierto, yo no creo que una Corte vaya a inventarse un vicio”.

“Esa fue una deliberación que se dio por más de 11 horas en dos sesiones”, señaló Vargas Silva, claramente molesto por lo que se coló en los medios de comunicación. “Fueron dos jornadas completas donde se dieron deliberaciones muy amplias”, añadió restándole credibilidad a lo propuesto por Pretelt en el auto.

Pero la molestia fue más allá. En criterio de Vargas Silva, “si se presenta un vicio que el ponente consideró insubsanable, y ese vicio convenció a una mayoría en la Corte, no creo que se trate aquí de invenciones”.

Tras defender las discusiones en sala plena, Vargas rechazó que el salvamento de voto del magistrado Pretelt se hubiera conocido antes que la sentencia, pues este debería haber salido a la luz pública de manera paralela, no en vano señaló que los autos son parte del fallo final, y agregó que solo así se puede tener una impresión completa y no sesgada del documento.

“Yo no entiendo cómo se produce un salvamento para la opinión pública y los medios de comunicación. Eso no había pasado nunca en los 21 años de existencia de la Corte Constitucional”, añadió el presidente (e).

“Las sentencias cuando se quieren cuestionar, primero hay que conocerlas”, dijo Vargas, al rechazar el que sin conocer el documento definitivo se adopten posiciones o se generen debates, “no existen argumentos suficientes para controvertir la decisión de la Corporación”, puntualizó.

“Una vez publicado el fallo sí se pueden hacer las censuras correspondientes. Uno no puede hacer la censura sobre algo que no se ha emitido”, enfatizó. Además, añadió que en los debates al interior de un organismo colegiado “siempre hay roces internos, es lo elemental”.

“Quien es juez y quien respeta la institucionalidad no tiene por qué publicar sus discrepancias”, expresó Vargas, para quien es cierto que “hay personas que no tienen el mismo respeto por la institucionalidad y por la Corte a la que pertenecen”.

“Quisiera que los roces fueran a través de argumentos y no de agresiones”, dijo Vargas, sin confirmar versiones que señalan que el calor al interior de la Sala Plena llegó a enfrentar directamente a Pretelt con la magistrada María Victoria Calle, con claras descalificaciones por su origen político.

Precisamente el voto de Calle fue uno de los cinco que hundió la iniciativa y que además se reservó la aclaración de su voto, tal como lo manifestó el presidente de la Corte, magistrado Jorge Iván Palacio.

Votos

Además del magistrado Jorge Ignacio Pretelt, salvaron el voto los magistrados Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas Ríos. Se espera conocer los motivos que tuvieron los dignatarios judiciales para hacerlo, lo que agudizaría la polémica.