Frontera cautiva entre Colombia y Ecuador

Liga contra el silencio|LA PATRIA

Bogotá - Quito

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra fueron asesinados con disparos en la nuca, a quemarropa, bajo una noche oscura y lluviosa en medio de la selva colombiana. Ortega, reportero; Rivas, fotógrafo; y Segarra, conductor, trabajadores del diario El Comercio de Ecuador, habían sido secuestrados el 26 de marzo del 2018 por el Frente Oliver Sinisterra, una narcodisidencia de las Farc, liderada por el excombatiente Walther Patricio Arizala Vernaza, identificado así en Ecuador, y conocido en Colombia como Luis Alfredo Pai Jiménez. En ambos países tiene el mismo alias: Guacho.

Durante seis meses, un consorcio binacional de periodistas investigó los motivos del secuestro y las circunstancias en que Ortega, Rivas y Segarra fueron ejecutados. La investigación, titulada Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas ejecutados, revela detalles que los gobiernos de Ecuador y Colombia sabían y decidieron no divulgar.

Ortega, Rivas y Segarra realizaban un viaje de reportería en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, donde a inicios del 2018 el Frente Oliver Sinisterra había volado un cuartel de Policía con una bomba, un ataque que el país nunca había padecido. Días más tarde, un explosivo fue activado al paso de una patrulla militar en el pueblo fronterizo de Mataje y cuatro soldados ecuatorianos murieron.

El 25 de marzo, los periodistas de El Comercio llegaron a la ciudad fronteriza de San Lorenzo y se alojaron en un hotel, de donde salieron a las 07:10 del día siguiente. Alrededor de las 09:00 pasaron por el control militar de ingreso a Mataje, zona de frontera. Ahí, dicen las autoridades ecuatorianas, fueron registrados y advertidos del peligro. Llegaron, estacionaron en el sector de Nuevo Mataje y salieron a caminar. La gente del pueblo cuenta que alguien se les acercó, que conversaron y luego siguieron a esta persona. “Ellos le van siguiendo a ese señor”, dijo una fuente bajo pedido de anonimato, “se embarcan en una canoa y los pasan al otro lado. Pero ellos fueron sin presión, y cuando llegan allá y los meten más adentro (les dicen): ‘ahora sí, están detenidos’”.

A las 17:00 del 26 de marzo, el mayor de la Policía de Ecuador Alejandro Zaldumbide, jefe de Gestión Logística del Distrito de Vigilancia San Lorenzo, recibió un mensaje de texto de una persona que se identificó como Guacho. El remitente le escribió “tengo tres personas retenidas, ecuatorianos, dos periodistas de Quito y el chofer” y le exigió una respuesta en 10 minutos, de lo contrario: “desaparecerán esos señores”.

Durante el breve chat, Zaldumbide -que llevaba cerca de dos meses comunicándose con los disidentes- saludó al secuestrador con cortesía y familiaridad: “Saludos, Guacho. Buena tarde. ¿Te puedo llamar?”. A lo que este respondió: “Usted sabe, no recibo llamadas” y le lanzó que si no tenía una respuesta “día a día van a tener bajas, como militares y civiles. Ustedes provocaron”. Luego se despidió, con un displicente: “Chaoooo pues”, y le envió por lo menos tres fotografías de los secuestrados. Javier, Paúl y Efraín aparecen con la misma ropa que vestían al salir del hotel.

Esa noche, las familias de los periodistas fueron contactados, pero solo el otro día se informó oficialmente del secuestro en Ecuador, en una rueda de prensa donde no se mencionaron los nombres de los plagiados. Así empezó el secretismo oficial que se mantiene hasta hoy.

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Seis meses después del secuestro y asesinato de Javier, Paúl y Efraín, los Gobiernos de Ecuador y Colombia no han dado respuestas claras sobre los hechos. Al principio, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró que el plagio había ocurrido en Ecuador, y que alias Guacho era ecuatoriano. Después se retractó. Por su parte, el Gobierno de Ecuador no ha divulgado hasta ahora que el 28 de marzo, cuando circuló el rumor de que los periodistas serían liberados, se preparó un operativo de rescate. Este es quizá el hallazgo más relevante de Frontera cautiva.

Esa noche, 48 horas después del secuestro, el diario El Tiempo de Bogotá reportó la supuesta liberación como un hecho. El medio atribuía su información a fuentes militares de “altísima” credibilidad y verificó los datos en terreno; Yadira Aguagallo, pareja del fotógrafo Paúl Rivas, le contó a esta alianza periodística que conoció que la información vino del entonces ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas.

En Ecuador, ese día, un fiscal (cuyo nombre se protege por seguridad) esperó a los secuestrados en la Base Naval de San Lorenzo para acompañarlos en helicóptero hasta el aeropuerto de Esmeraldas, donde tomarían un avión a Quito. En una entrevista que el exministro del Interior, César Navas, dio -ya fuera del cargo- confirmó que se había preparado un avión para trasladarlos. Supuestamente, se le avisó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y la Secretaría de Comunicación organizaba una rueda de prensa para anunciar el desenlace. Pasaron casi cinco horas, pero los periodistas nunca llegaron.

Hay también un mensaje de texto que habría sido intercambiado por miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En este, al que tuvo acceso este equipo periodístico, se dice que los “tres periodistas retenidos por irregulares (...) estarían siendo liberados a 1K de Mataje y llevados a RTNIM y de ahí Y Mataje - San Lorenzo para disposición final. (...) Mantén linea tengo mi gente adentro. QAP 7/3”.

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Esta investigación revela que el Gobierno de Ecuador y la banda de Guacho mantenían comunicación constante. Aunque este equipo periodístico tuvo acceso a parte de los mensajes intercambiados, el Gobierno de ese país se ha negado a entregar información completa sobre las conversaciones.

Sin embargo, se sabe que la agrupación exigía, desde enero del 2018, la liberación de tres de sus miembros detenidos en Ecuador, y la cancelación de un acuerdo contra el narcotráfico suscrito entre ese país y Colombia. Además, en reiteradas ocasiones, el grupo de Guacho emitió amenazas directas contra civiles, información que no se compartió con militares ni con el Ministerio de Interior, ni con los periodistas enviados a la región.

Durante la larga negociación establecida entre el Gobierno ecuatoriano y los secuestradores, hubo mensajes cruzados y múltiples amenazas vía WhatsApp. Las autoridades de Ecuador recibieron imágenes de los periodistas cautivos, encadenados, y por lo menos un video sigue sin hacerse público.

El 7 de abril, Guacho envió su último mensaje: “Para cuándo me libera a mis muchachos, o mato a los periodistas, y dígale a ese ministro del Interior que le tengo en la mira y mis ataques y bombas van a continuar. Hoy las 3 les mando el video de uno de ellos muerto”. Seis días después, el 13 de abril, el presidente de Ecuador confirmó el asesinato.

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Al día de hoy, los pueblos fronterizos entre Ecuador y Colombia continúan desvalidos, sitiados por el miedo y bajo una férrea ley de silencio.

El 1 de agosto de 2018, en uno de los tres viajes realizados por el consorcio de periodistas, Mataje parecía un pueblo fantasma: nadie pasaba por allí. Aunque el calor asfixiaba, las puertas y las ventanas de las casas permanecían cerradas. Los periodistas recorrieron el lugar con el resguardo de una caravana militar y 20 soldados.

Desde hace décadas, los alrededores del río del mismo nombre han sido zona de enfrentamientos. A ambos lados de la frontera operan dos disidencias de las Farc: el Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, así como el Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y bandas delincuenciales como Gaula NP y Las Lágrimas. Todos cruzan entre ambos países con libertad, se disputan las más de 19.000 hectáreas de coca cultivadas en el área, las rutas al mar para sacar toneladas de cocaína al mes y los contactos con los carteles mexicanos.

Como en San Lorenzo, del lado colombiano, en Tumaco (Nariño), el miedo es un estado cotidiano. La mayoría de consultados por el consorcio de periodistas no permitió graciones, ni siquiera en audio, por temor a represalias.

Las poblaciones a ambos lados de la frontera se usan en la cadena del narcotráfico. En Mataje Nuevo (Ecuador), guardan el armamento y el dinero en caletas. Las cocinas para el procesamiento de la hoja de coca se ubican en Campanita, a ocho kilómetros de Mataje, río arriba. También hay sicarios que circulan por poblaciones más urbanas como San Lorenzo. Un funcionario judicial, que habló bajo la condición de anonimato, agregó que esta parte de la frontera sirve para abastecer de combustibles y precursores para la fabricación de la cocaína que se exporta desde el lado colombiano. Tumaco es el municipio con los mayores sembradíos de hoja de coca para uso ilícito del mundo.

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El Estado ecuatoriano dice que siempre prefirió una salida negociada, y descartó las operaciones militares para rescatar a Javier, Paúl y Efraín, pero los resultados fallaron. En un momento, los tres periodistas fueron conducidos a la vereda Los Cocos, muy cerca del río Mira, fronterizo. Según un testigo de la Fiscalía colombiana, en ese momento Efraín Segarra, el mayor de los tres, entendió que su suerte estaba echada, y preguntó si los iban a matar. Alias Perú, un gatillero, le habría contestado:

—Sí, porque el Gobierno ecuatoriano no cumplió con el acuerdo.

Pasaron más de dos meses para que equipos forenses y policías rescataran los cuerpos, el 21 de junio. Javier, Paúl y Efraín ya no tenían las cadenas que los apresaron durante su cautiverio. Diecisiete tiros las volvieron innecesarias.

El 15 de septiembre, Iván Duque, recién posesionado presidente de Colombia, aseguró que Guacho estaba herido y que había escapado a una operación militar. Dos días después, el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, el general Alberto Mejía, dijo no poder “ni confirmar ni negar” la noticia. Yadira Aguagallo, la compañera de Paúl Rivas, mencionó en una entrevista que para las familias es imperativo capturar a Guacho vivo y poder dar un “paso adelante contra la impunidad”. Es decir, conocer la verdad que tres familias y dos países aún esperan.

*LA PATRIA forma parte de la Liga contra el silencio.